Sanciones penales y técnicas especiales de investigación: ¿En qué consiste la nueva Ley Antiterrorista?
Según indicó el gobierno, la nueva normativa permite a la legislación ser más “eficaz y democrática”, estableciendo -entre otras cosas- sanciones penales a todos aquellos que formen parte de una asociación terrorista, independiente de si ésta comete o no los delitos que organiza.
Luego de recibir un apoyo transversal en el Congreso y no sufrir objeciones del Tribunal Constitucional (TC) -que visó completamente el texto despachado por el Parlamento- este martes el Presidente Gabriel Boric promulgará la nueva Ley Antiterrorista.
La normativa actualiza la anterior legislación, prometiendo ser más “eficaz y democrática”, según indica el gobierno en su página web.
El proyecto fue despachado a Ley a inicios de diciembre pasado, sin embargo, faltaba una última etapa de control preventivo, la que estaba en manos del TC, desde donde no se hizo objeciones sobre el uso de dispositivos IMSI catcher, que permiten rastrear celulares.
De esa forma, la norma quedó redactada en términos amplios, y una vez que el Presidente publique la nueva ley, estas herramientas de intervención y detección pueden servir para delitos terroristas y también para casos de drogas, de control de armas y de crimen organizado.
¿En qué consiste la nueva Ley?
Los ajustes a la normativa incluyen cinco puntos principales. El primero de ellos tiene relación con la modernización de la persecución penal.
- Modernización de la persecución penal
Según indica el gobierno en su sitio web, la nueva normativa establece sanciones penales para todos aquellos que formen parte de una asociación terrorista, independiente de si esta comete los delitos que organiza.
Para ello, se establecen penas que van desde 5 años y 1 día hasta 15 años. La pena se gradúa según el nivel de involucramiento en la agrupación y a esta suman las penas del resto de los delitos cometidos.
En detalle, los jefes, líderes, fundadores y financistas de la agrupación arriesgan presidio mayor en grado medio, lo que equivale a 10 años y 1 día a 15 años de reclusión.
En tanto, los encargados de reclutar o entregar entrenamiento militar o de combate, pueden cumplir presidio mayor en sus grados mínimos a medio, lo que se traduce en 5 años y 1 día a 15 años de cárcel. Mientras que quienes integran las agrupaciones arriesgan presidio mayor en su grado mínimo, vale decir, 5 años y 1 día a 10 años de reclusión.
- Precisión en definición del delito terrorista
La nueva Ley establece definiciones “más claras y objetivas” de los delitos terroristas, además contempla dos delitos individuales cuya gravedad hace presumir una conducta terrorista y por ello no se exige un ánimo o aptitud adicional. Estos delitos son: colocación o envío de artefactos explosivos o incendiarios capaces de afectar a una cantidad elevada de personas y cometer atentados contra determinadas autoridades del Estado, con resultado de muerte o lesiones graves gravísimas.
Además, la normativa contempla los delitos de favorecimiento de la asociación, que permiten sancionar a quienes cometen delitos “comunes”, vale decir, extorsión, tráfico de drogas o armas. Estos, con la intención de favorecer el funcionamiento de las asociaciones terroristas.
- Técnicas especiales de investigación
La normativa permite la aplicación de técnicas de investigación especiales, las que contemplan la “interceptación de comunicaciones; registro de equipos informáticos; captación subrepticia de imágenes o sonidos; agentes encubiertos, reveladores e informantes; entregas vigiladas”, según detalla el gobierno. Además, la Ley contempla una técnica especial adicional conocida como IMSI Catcher.
También se establecen medidas de protección a jueces, fiscales y testigos. Así como reglas de cooperación eficaz que facilitarán el trabajo de investigación del Ministerio Público.
- Facultades del Ministerio de Seguridad Pública
La nueva Ley Antiterrorista establece facultades al nuevo Ministerio de Seguridad de Seguridad Pública, tales como querellarse por estos delitos. Además, obliga a proponer al Presidente de la República una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas, que deberá incluir una propuesta de reparación a víctimas.
- Cambio de competencia del tribunal
Sumado a lo anterior, los parlamentarios aprobaron una indicación que permite facultar al fiscal de la causa, en casos de alarma pública o de alta complejidad para solicitar a la Corte Suprema el traslado de la causa a un tribunal de Santiago.
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