Aún no se promulga la futura ley de educación superior y el gobierno ya anunció cambios a la iniciativa, que está a días de salir del Tribunal Constitucional.

Según informaron desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el proyecto que acelerará el ingreso a la gratuidad de los alumnos de CFT e IP, pertenecientes al séptimo decil socioeconómico, iba a ser presentado anoche al Senado para su tramitación legislativa. Hasta el cierre de esta edición, solo faltaba el informe financiero emanado desde el Ministerio de Hacienda para su ingreso al Congreso.

La Tercera tuvo acceso al proyecto de ley "que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con el título V de la ley de educación superior".

El texto consta de cuatro artículos y una disposición transitoria. En el primero se determina que, a contar de 2019, "los estudiantes que provengan de hogares cuya condición socioeconómica pertenezca a los siete primeros deciles de menores ingresos de la población del país, podrán cursar de manera gratuita carreras (...) impartidas por Centros de Formación Técnica y/o Institutos Profesionales adscritos al Financiamiento Institucional para la Gratuidad".

Con esto, el próximo año la gratuidad crecerá solo para los IP y CFT y no para los alumnos de las universidades adscritas. Y solo podrán ser parte de este cambio en la política pública aquellas instituciones que cumplan los requisitos hasta el 30 de junio. Estos son tener nivel avanzado de acreditación y no tener fines de lucro.

De acuerdo al mensaje de la iniciativa, este avance para CFT e IP se concretará "sin necesidad de que los ingresos fiscales estructurales representen al menos un 23,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente anteriores". Esto significa que no se deberá cumplir, para el séptimo decil, el gatillo económico de avance establecido en la reforma a la educación superior.

Según indicó el Presidente Sebastián Piñera, este aumento en la cobertura tendrá un costo que bordeará los $ 20 mil millones. Según el proyecto "el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación. No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público".

Además, se indica que los aranceles regulados serán definidos por el Mineduc hasta que se establezca la resolución exenta correspondiente.

De acuerdo a la promesa de campaña, que Piñera recordó hoy durante la ceremonia de firma del proyecto, "éste es un primer paso, porque nuestro compromiso es llegar hasta el 90% de las familias más vulnerables de nuestro país, de acuerdo - naturalmente- a las condiciones fiscales y a la capacidad de recuperar nuestro crecimiento".

Mientras, el ministro de Educación, Gerardo Varela, afirmó que la cobertura para el 90% de estudiantes más vulnerables del sistema "es un cronograma establecido en la ley y se va a avanzar en la medida que el crecimiento económico lo permita. Por eso es tan importante el crecimiento económico, es el que hace posible todos estos beneficios sociales que da el gobierno, porque gracias a los impuestos que paga la gente, el Estado está en condiciones de financiar estas necesidades".

Esta medida fue criticado por la oposición: "La párabola de los dos hermanos que la derecha repitió hasta cansarse en educación superior se aplica ahora también: ¿por qué el que ingresa a IP podrá estudiar gratis y el que ingresa a una universidad no si ambos son del séptimo decil? Defenderemos la gratuidad para ambos", planteó el senador del PPD Jaime Quintana.