Subtel reingresa reglamento de ley “Chao cables” y empresas presentan cuestionamientos por generar “situaciones complejas”

Cinco años han pasado desde la promulgación de la Ley 21.172 que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar los cables aéreos en desuso. Conocida también como la ley “Chao cables”, la normativa regula el uso de cableado y establece la desinstalación de líneas aéreas y subterráneas, incluido los ductos y cajas de control, entre otros elementos.

Pero pese a ya encontrarse en vigencia, la ley aun no ha logrado ser implementada debido a la falta de reglamentación por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Tal situación cobró mayor relevancia a inicios de agosto cuando los vientos de más de 120 kilómetros por hora en la zona centro-sur provocaron que más de un millón de personas quedaran sin suministro eléctrico debido a la caída de postes de luz, explosión de generadores y cortes de cables, entre otras causas. La emergencia llegó a extenderse por más de 17 días.

Coincidencia o no, a solo cinco días de la emergencia, el 7 de agosto, la Subtel ingresó nuevamente el reglamento para la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República (CGR), donde se establece un Plan de Gestión y Mantención de Líneas Aéreas y Subterráneas de Telecomunicaciones, luego de haber retirado la reglamentación el pasado 3 de mayo para efectos de revisión.

El documento de 18 páginas establece ciertas condiciones y exigencias respecto de la instalación e identificación de las líneas aéreas y subterráneas. Por ejemplo, se define que en el caso de tendido aéreo, los postes, el cableado y los demás elementos deberán estar debidamente identificados y el operador deberá velar por la seguridad de las personas y los bienes, cautelar la instalación de los postes y sus elementos, procurar la instalación de crucetas y otros elementos para que el poste no ponga en riesgo la integridad de las personas.

Aunque desde su reingreso el reglamento ha despertado cierta inquietud dentro de las empresas de telecomunicaciones. Una de ellas es la Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G. (Chile Telcos), que a través de un oficio ingresado el pasado 22 de agosto a Contraloría presentó una serie de consideraciones frente al decreto, argumentando que este contiene elementos que deben ser analizados en profundidad antes de su toma de razón puesto que “se generan situaciones complejas, no amparadas en las normas habilitantes, y que generarían efectos prácticos nocivos pata el despliegue de la red y consiguiente acceso a las telecomunicaciones”, según se lee en la presentación.

Entre los reproches las empresas sostienen que la ley “Chao cables” no establece como obligación el retiro de elementos de red no identificados, sino solo de los elementos de red que “hayan dejado de ser utilizado para los fines del o de los servicios autorizados”. Asimismo, señalaron que “la falta de identificación no es condición que impida que los elementos de red no puedan ser utilizados para los fines del o de los servicios autorizados”.

Desde Chile Telcos sostuvieron que frente a un proceso de solicitud de identificación de elementos de red que efectivamente se encuentre en uso “podría suceder que el operador titular por cuestiones administrativas o de simple comunicación, no pueda identificar a tiempo dicho elemento. El efecto de aquel transcurso de lapso de tiempo, conforme el reglamento, transforma a un cable en uso en un cable en desuso, lo que a su turno habilita a su retiro, generando una grave afectación para los clientes cuyos servicios son prestados por medio del referido elemento de red”.

En cuanto a la mantención, ordenación y retiro de líneas aéreas y subterráneas, el reglamento establece que son los operadores quienes deben hacerse cargo de la mantención de los elementos de telecomunicaciones, aunque en el caso de falta de identificación de los elementos sometidos a las obligaciones previstas, la municipalidad comunicará a los operadores esta situación. Si en el plazo de 30 días ningún operador se presenta, “el municipio podrá proceder al retiro del o los elementos no identificados”, sostiene el documento.

El subsecretario de Subtel, Claudio Araya, expuso el tema en la comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Congreso la mañana de este miércoles, donde reconoció que la tramitación del reglamento no ha sido fácil. Uno de los puntos problemáticos han sido, específicamente, las atribuciones con las que cuentan los municipios en esta materia.

“La ley ‘Chao cables’ tiene un problema en la forma que quedó finalmente y es que le transfiere responsabilidades a los municipios sin dotar a los municipios de recursos para asumir esas responsabilidades. Probablemente si voy a la Municipalidad de Santiago o a la de Providencia voy a encontrar un encargado de redes, pero en la Municipalidad de Coihueco no, y el problema es el mismo. El tema es que como no están instaladas las competencias, los municipios nos reclaman”, aseveró.

Otras de las complicaciones ha sido el ida y vuelta con Contraloría, debido a que la Subtel habría agregado en ocasiones puntos que no han sido fijados por ley, específicamente en las facultades de los municipios en la materia. “Ha sido un tironeo (con Contraloría) tratando de ir en el límite de lo que la ley permite, alivianando la carga técnica sobre los municipios. La única forma de lograrlo ha sido que la Subtel adquiera un rol que no es el que está contenido en la ley exactamente. Pero hemos ido avanzando en ese camino, estamos de acuerdo con la Contraloría en prácticamente todos los puntos que han sido observados en su minuto”, sostuvo el subsecretario.

No así con las empresas, dice: “No estamos necesariamente de acuerdo con la industria porque este es una ley que es gravosa para ellos, los obliga a gastar plata en algo que no les va a reportar ingresos. Sin embargo, entienden que este no es el minuto para alegar tanto”.