Este viernes al mediodía, el Tribunal Constitucional vería la admisibilidad de un requerimiento interpuesto por un grupo de diputados del Partido Socialista que buscaba declarar inconstitucional el proyecto de ley promulgado por el gobierno que incrementa las penas para las personas que sean sancionadas por delitos contra la salud pública.

La acción judicial fue liderada por el parlamentario Marcos Ilabaca, y entre otras observaciones, planteaba que la nueva normativa sería una “ley penal en blanco”, o sea, que impondría una pena para ciertos actos, pero no consignaría con claridad las conductas que serían consideradas como ilícito.

Finalmente, de forma unánime, los diez integrantes del pleno del TC declararon inadmisible la arremetida legal por haberse deducido “fuera de la oportunidad legal”, es decir, después que la iniciativa de ley fuera promulgada por el Ejecutivo.

De acuerdo a lo señalado por la Ley Orgániza Constitucional del Tribunal Constitucional, “para los efectos de la oportunidad en que debe formularse el requerimiento, la promulgación se entenderá efectuada por el Presidente de la República cuando ingrese a la oficina de partes de la Contraloría General de la República el respectivo decreto promulgatorio. En ningún caso se podrán admitir a tramitación requerimientos formulados con posterioridad a ese instante”.

El requerimiento de los diputados opositores fue presentado ayer jueves ante el tribunal, no obstante, el gobierno había enviado el oficio promulgatorio a Contraloría en la tarde del miércoles.

El impulsor de la acción, el diputado Marcos Ilabaca (PS), se refirió a la determinación del tribunal.

Al respecto afirmó que “el gobierno debe estar contento y feliz porque ganó por secretaría”.

“Si el tribunal hubiese ido al fondo de la materia, pierde en el Tribunal Constitucional”, sentenció el parlamentario.

Finalmente señaló que “el gobierno deberá hacerse responsable a los riesgos que va a imponer a la población por imputaciones sin fundamento. Estaremos atentos a ver cómo opera esta ley, a ver cuántos condenados de nuestros compatriotas que han salido por necesidad a las calles van a ser sancionados en definitiva”.

Consultada por la decisión del TC, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, agradeció la amplía mayoría con la que fue aprobada esta ley en el Congreso y sostuvo que como gobierno lamentan “que hayan personas que no entiendan lo que hay detrás de esta ley y hayan tratado de frenarla”.

“El TC ha dicho algo que es una verdad: una vez promulgada una ley ya no hay requerimiento posible”, dijo y agregó que “esta ley fue promulgada efectivamente el mismo día miércoles, así que solo nos quedamos con los parlamentarios, con los diputados y senadores que entendieron la importancia de esta ley y la aprobaron al resto lamentamos que no hayan entendido”.