TC falla a favor del CDE en disputa por disolución de la Caja de Ahorro de Empleados Públicos

El Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo favorable al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la disputa por el cierre de la personalidad jurídica de la Caja de Ahorro de Empleados Públicos. Esta última institución había acudido al juzgado e invocó un requerimiento de inaplicabilidad por institucionalidad, lo cual finalmente fue rechazado el pasado miércoles.

El fallo del TC representa un revés para la caja, ya que fue condenada en costas y acogió los argumentos del organismo encargado de velar por los intereses del Estado, en el sentido de que las objeciones que se encontraban en el requerimiento parecen "un reproche abstracto de la preceptiva contenida en los artículos 557 y 559 del Código Civil, tendiente a sustraer de la competencia del Ministerio de Justicia la facultad de requerir al Consejo de Defensa del Estado para que demande la cancelación de la personalidad jurídica y, de este, la atribución de accionar en ese sentido".

La resolución, además, añadió que "antes que a cuestionar el procedimiento sumario donde se ha ejercido dicha acción, particularmente advirtiendo que esos mismos preceptos legales, al contrario, contienen garantías en favor de la requirente, siendo la principal de ellas que un Tribunal deberá examinar la procedencia, certeza y proporcionalidad de la acción intentada por el Fisco".

En la audiencia de alegatos ante el TC, el consejero Rodrigo Quintana aseguró que lo que se buscaba con el recurso era "que se declaren inaplicables las normas del Código Civil que permiten solicitar ante un tribunal ordinario la disolución de un organismo como consecuencia de graves infracciones e incumplimientos de sus estatutos".

El origen del caso data de 2010, cuando se conocieron las elevadas remuneraciones que recibían los empleados de la Caja de Ahorro de Empleados Públicos y el CDE decidió presentar una demanda judicial de disolución.

El caso incluso llegó a la Corte Suprema. Según Quintana, en este proceso se estableció que se desvirtuaron los principios que crearon la caja –orientados a dotar de ahorros previsionales a los funcionarios civiles del Estado– "y se la transformó en una entidad que otorga créditos y obtiene intereses que lucran o que benefician a sus sociedades relacionadas, pero que no se traducen en un mejoramiento de los ahorros de sus imponentes".

Quintana añadió que esto se pudo ver reflejado en "una desnaturalización que tiene su manifestación extrema en el entonces director Sergio Gordon Cañas, quien percibía una remuneración mensual de $ 60 millones y, tras ser desvinculado en 2015, recibió una indemnización por años de servicio de $ 2.500 millones, siendo incluso recontratado y permaneciendo en servicio hasta mediados de 2018".