TC tiene suspendida la tramitación de 15 causas por derechos humanos

En noviembre de 2015 ingresó al Tribunal Constitucional (TC) el primer requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que involucraba a procesados por causas de derechos humanos. Esta petición no se acogió a trámite, mismo destino que tuvieron otras ocho causas que se presentaron hasta mayo de 2016.

Sin embargo, en julio de ese año el criterio del tribunal cambió y no solo acogió a trámite y declaró admisible el recurso presentado por la defensa del exbrigadier del Ejército Alfonso Videla Valdebenito, condenado en primera y segunda instancia por el homicidio calificado de Miguel Estoy Mery (ocurrido el 23 de octubre de 1973), sino que, además, mantuvo suspendida la causa por un año y 308 días, hasta que finalmente sentenció contra la solicitud el 23 de mayo pasado.

El fallo fue dividido. Cinco ministros estuvieron por acoger el requerimiento, los otros cinco por rechazarlo, opción que se impuso al no existir el quórum necesario.

El caso abrió la puerta para que otros 20 procesados replicaran la solicitud al TC.

Hasta el 8 de junio, 15 de estas causas se encuentran suspendidas en los tribunales penales.

Una de ellas corresponde al exagente de la Dina René Riveros Valderrama, ingeniero eléctrico militar, procesado y acusado por el ministro Mario Carroza como autor de cinco homicidios calificados ocurridos en Chile en 1977, en el marco de la llamada Operación Cóndor.

Ingresó el recurso al TC en diciembre de 2017, fue declarada admisible, pero sin vista ni sentencia de fondo, generando una demora de 227 días en la sentencia dictada por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago.

Fuentes del TC señalan que "la causa será vista pronto y traerá sorpresas".

El 11 de abril de 2017, Carroza condenó a 10 años y un día de cárcel, como autor de homicidio calificado, a Orlando Carter Cuadra, yerno del fallecido general (R) Manuel Contreras, por el crimen contra los dirigentes del MIR Bautista van Schowen y Patricio Munita Castillo, ocurridos un mes después del 11 de septiembre.

Pero la sentencia sigue sin ser ejecutada, porque Carter recurrió al TC, el que admitió su recurso y suspendió la causa hace 238 días. La defensa del yerno de Contreras argumentó en su escrito que "el sentenciador (Carroza) estableció la participación punible mediante una confesión prestada en total ignorancia e indefensión".

Otro caso, ingresado en julio del año pasado al TC, es el del exgeneral de Carabineros Patricio Jeldres Rodríguez, sentenciado a cinco años y un día de cárcel por el secuestro y desaparición del chillanejo y militante del MIR Luis Ibarra Durán.

En su escrito, al igual que el presentado por la defensa de Carter, hace presente a los ministros del Tribunal Constitucional sobre la desigualdad que, a juicio de estos, generó el procesamiento bajo el antiguo modelo de investigación penal, en el que "el juez que instruye la causa cumple una multiplicidad de roles, lo cual limita el derecho de mi representado a la tutela judicial efectiva".

Su sentencia tampoco se ha ejecutoriado. La causa lleva 337 días suspendida, hasta el 8 de junio de 2018.

El caso ha desatado diversas opiniones en el mundo jurídico. Para el abogado Francisco Ugas, exjurista del Programa de Derechos Humanos que ahora pertenece al Ministerio de Justicia, el Estado de Chile tiene compromisos internacionales que le obligan a investigar los crímenes de lesa humanidad y reparar a sus víctimas, "por lo tanto, el TC no puede ser un espacio dentro del cual los agentes (de la Dina) promuevan estos recursos que son meramente dilatorios", señaló.

Opinión opuesta tiene el abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien indicó que cualquier persona puede presentar un requerimiento al TC".

En su mayoría, los requerimientos ingresados por los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad piden la inaplicabilidad de artículos del antiguo Código de Procedimiento Penal.

Según los recursos, existe falta de objetividad del anterior sistema de justicia, donde el juez era investigador y sentenciador, por lo que a través del Tribunal Constitucional buscan ser juzgados mediante el nuevo sistema penal, en que existe un fiscal investigador, una defensa y un juez por separado, que sentencia en cada caso.

Pero es la demora en el TC lo que preocupa a los juristas. En el informe de DD.HH. 2017 de la U. Diego Portales se advierte que la demora de casi 12 meses en uno de los primeros casos permitió la fuga de tres agentes condenados, "lo que de tornarse habitual", amenaza con "incentivar la fuga de agentes".