Tercer intento: Corte Suprema elige a Erika Maira para completar quina de candidatos a fiscal nacional

El pleno de la Corte Suprema sesionó a partir de las 8.30 horas de este martes en audiencia para completar la quina de postulantes al cargo de fiscal nacional del Ministerio Público.

En la votación fue elegida la abogada Erika Maira que se suma al abogado Ángel Valencia y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, que fueron seleccionados el 7 de noviembre en el primer proceso, junto a la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, y el fiscal nacional suplente y jefe regional del Ministerio Público en Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, sumados a la lista el pasado 6 de diciembre.

El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, detalló el resultado de la votación de hoy, en la que Maira sumó 10 votos, Eugenio Campos obtuvo seis respaldos y Nelly Salvo dos.

“En consecuencia, integra la quina doña Erika Alejandra Maira Bravo, completando los cinco nombres. Esta información será remitida al señor Presidente de la República en conformidad a la ley”, dijo el secretario de la Corte Suprema.

De los 17 postulantes que se presentaron al concurso para suplir la vacancia que dejó Jorge Abbott el 30 de septiembre, tres decidieron retirarse del proceso.

Por otro lado, el Presidente Gabriel Boric ya propuso dos nombres al Senado, José Morales y Marta Herrera, siendo ambos rechazados por la Cámara Alta.

Pese a la solicitud que hizo Boric al presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, de llamar a un nuevo concurso, el pleno optó por completar la quina con los postulantes que seguían en carrera.

Una vez que La Moneda reciba el oficio correspondiente por parte de la Suprema, el Ejecutivo tiene cinco días para enviar un nuevo nombre al Senado. La Cámara Alta, a su vez, cuenta también con cinco días para pronunciarse sobre la propuesta, que requiere de un quorum de 2/3 de los senadores en ejercicio para ser ratificada.

Maira es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene 45 años y se desempeña como gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Fue fiscal adjunta de la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Metropolitana Sur por casi una década, entre el 16 de marzo de 2009 y el 31 de agosto de 2018. Igualmente, fue asistente de fiscal desde febrero de 2006 a marzo de 2009, en la Fiscalía Especializada de Delitos Violentos y Económicos de la misma repartición.

En materia de crimen organizado, conforma la Mesa de la Macrozona Norte contra dicha problemática; coordina la Mesa Interna de Trata de Personas de la Fiscalía Nacional y dirige la subcomisión de Seguridad de Fiscales frente al crimen organizado en la Comisión Nacional de Seguridad del Ministerio Público.

En cuanto a violencia rural, participó en la Mesa de la Macrozona Sur donde se analizó dicha situación y en la Mesa sobre gestión de Medidas de Protección de Carabineros de Chile de la Macrozona Sur. Fue directora de la Asociación Nacional de Fiscales en dos períodos.

En octubre de 2019 fue sancionada por haber infringido la obligación de “obedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico”. Esto, según constan en datos del proceso disciplinario a los que accedió La Tercera PM, porque cuando fue nombrada en su actual cargo y dejó su puesto en la Fiscalía Metropolitana Sur -cuando llevaba principalmente investigaciones por violencia intrafamiliar-, no hizo entrega del informe que debía entregar respecto del estado de las causas que llevaba ni tampoco del material recopilado, pese a que en reiteradas ocasiones se le solicitó. Además, no se encontraron las carpetas de cinco de las causas.

En sus descargos, aseguró que sí tuvo toda la atención de enviar el informe solicitado, pero dado que no tenía equipo que le colaborara y como tenía alrededor de 850 causas a su cargo, no le habría sido posible.

“Tenía la firme intención de cumplir la instrucción al fiscal regional y realicé todos los esfuerzos para así hacerlo, al mismo tiempo que seguí generando instrucciones de tramitación en las carpetas para facilitar la continuidad de su tramitación. Frente a la gran carga de trabajo que el desarrollo del informe me representaba, no fui capaz de terminarlo y por estar incompleto no entregué lo que llevaba, pero intenté comunicarme con el Fiscal Palma, quien asumió mi cartera para darle esa información y así de alguna manera cumplir con lo solicitado pero no fue posible reunirnos”, sostuvo en ese momento, agregando que luego dejó de tener acceso a los documentos.

Asimismo, alegó que testigos aseguraron en medio del proceso que nunca se había podido completar estos informes para entregarlos a quienes asumen los cargos y que, por lo mismo, no se habían cursado sumarios de este tipo.

Sin embargo, la sanción en su contra fue confirmada: Amonestación Privada. Se hizo hincapié, en ese sentido, que “el retardo en la reasignación de carpetas investigativas, pudiere significar que medidas cautelares decretadas en favor de la víctima quedarán sin efecto; no disponer de evaluaciones de riesgo de la víctima o subgrupo familiar, para que se adoptaran medidas de protección en su favor; que los plazos de presentación de acusación fiscal vencieran sin que se ejerciera la acción penal pública”, entre otros aspectos.

En septiembre de 2018 estuvo involucrada en una polémica tras el femicidio de una mujer que denunció ante ella en meses previos la violencia psicológica reiterada de la que era víctima por parte de su pareja. Maira desestimó que los hechos relatados por la mujer fueran constitutivos de maltrato habitual, por lo que desechó iniciar una investigación.