Tras informe final de transferencias a Democracia Viva: Montes asegura que todas las medidas solicitadas por Contraloría “ya están en marcha”
![CARLOS MONTES, MINISTRO DE VIVIENDA](https://www.latercera.com/resizer/v2/6OLNLTTDRZAHDFPB64ZJLK2GNA.jpg?quality=80&smart=true&auth=4798e723c163e5f4aaf2da76a40a816f563f91c615d8f1643a537ecc9c45d0e3&width=690&height=502)
En el texto de 91 páginas, el organismo contralor advierte una serie de irregularidades, entre las cuales destaca la contratación de 12 personas en la Seremi de Vivienda, pero que también prestaban servicios en organismos privados sin fines de lucro, y la falta de control a nivel central por parte del Minvu.
La Contraloría General de la República dio a conocer este jueves el informe final de auditoría que se le realizó a la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en relación a las transferencias -por un total de $ 426 millones- a la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD).
En el texto de 91 páginas, el organismo, además de advertir irregularidades de la oficina regional de Antofagasta -que realizó los convenios con la entidad privada-, también pone en alerta a las autoridades sobre el rol del Ministerio de Vivienda, pues además se hacen una serie de observaciones del poco control a nivel central.
En el informe, por lo demás, donde se revisaron todos los convenios entre los años 2020 y 2023, se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda Carlos Contreras (exRD) y se dio a conocer que dividió montos de convenios para evitar el control legal del ente fiscalizador. Además, en el informe se revela que, al menos, 12 personas tenían contrato en la repartición pública y también en fundaciones. Una situación de las mismas características se detectó en el Serviu de la misma región.
Otra de las “debilidades” detectadas fue el proceso de control de las rendiciones de cuentas, pues el registro de estas planillas “no mantienen mecanismos de control que permitan resguardar la integridad y confiabilidad de sus registros”.
En el informe se da un plazo de 30 días a la Seremi y al Serviu, como también al Ministerio de Vivienda, para subsanar las observaciones.
Una vez conocido el informe de Contraloría, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a través de un comunicado de prensa, aseguró las medidas solicitadas por el organismo están en línea con lo que su cartera ha venido trabajando y que forman parte de la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia, que se presentó el pasado 2 de agosto.
“En el Minvu hemos desarrollado un trabajo serio para que cualquier tipo de irregularidad sea perseguida y castigada. Junto con ello, hemos trabajado para evitar que este tipo de situaciones se repitan, por eso presentamos las 19 medidas en la agenda de Modernización, probidad y transparencia del MINVU”, dijo.
“Todas las medidas a las que apunta la Contraloría ya están en marcha de manera proactiva, de hecho, hemos estado trabajando en el rediseño completo del Programa de Asentamientos, estamos implementando un Sistema de Integridad, Transparencia y Seguridad de la Información del MINVU y fortaleciendo a nuestra institución”, aseguró el ministro Montes.
El secretario de Estado agregó que “el ministerio está llevando adelante todos los cambios y ajustes necesarios que permitan impedir que los recursos destinados a las chilenas y chilenos más necesitados se transformen en el botín de inescrupulosos”.
Montes recalcó que tanto los antecedentes, como los resultados de las investigaciones que él instruyó al interior del Minvu, han sido entregados al Ministerio Público, así como también al Consejo de Defensa del Estado.
“Quiero ser enfático, acá ya se recuperó buena parte del dinero que se le entregó a la fundación (Democracia Viva), son más de 290 millones de pesos los que están retenidos en la justicia y haremos todo lo que la institucionalidad disponga para recuperar el resto”, cerró.
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