Traslado de jueces por retiro del 10% divide a la Corte de Santiago

El 13 de noviembre, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió a favor de los magistrados de los tribunales de familia y autorizó la destinación de 20 jueces penales de la capital por un período de 45 días. El objetivo de esta medida es apoyar a los juzgados de familia en medio de la eventual avalancha de solicitudes de retención del 10% de la AFP de los padres deudores de pensiones, en el caso de que se apruebe en el Congreso el segundo retiro de estos fondos.

De acuerdo a cifras del Poder Judicial, para el primer retiro, entre el 25 de julio y el 31 de agosto, ingresaron 516.777 escritos para pedir la retención de estos dineros, lo que equivale a 1.828% más que un año normal, en el mismo periodo de tiempo. Y se decretaron un total de 326 mil medidas cautelares, con un universo de 236.800 posibles morosos.

Así, hoy la judicatura se está preparando para este eventual escenario. Sin embargo, no fue fácil ponerse de acuerdo. De hecho, la decisión se tomó con varios magistrados en contra de la medida adoptada.

“Se previene que las ministras (Jessica) González Troncoso, (Marisol) Rojas Moya y (María Rosa) Kittsteiner estuvieron por impetrar la destinación de tres magistrados para cada juzgado de familia y estudiar la factibilidad de recabar la destinación de jueces de cobranza laboral y previsional o la comisión de servicios de secretarios de los juzgados de letras en lo civil”, dice la resolución.

Además, hubo seis ministros que estuvieron en desacuerdo con el traslado de los 20 jueces: “Acordado con el voto en contra de la ministra señora (María Soledad) Melo, del ministro señor (Alejandro) Rivera y de las ministras señoras (Martiza) Villadangos, (Jenny) Book, (Gloria) Solís y (Verónica) Sabaj, quienes estuvieron por no designar jueces destinados a los cuatro Juzgados de Familia de Santiago”.

Entre las razones para rechazar el traslado, dijeron que ya se determinó que la Dirección de Desarrollo Institucional no contenía datos fiables, por lo que no sería certeza de lo que se concluye por ese organismo, en el sentido de que “puede prescindirse sin inconveniente alguno del 40%” de los magistrados en juicios orales en Santiago.

En esa línea, indicaron que “cada jurisdicción, indistintamente de la materia, exhibe hoy atrasos en su agenda de trabajo -vinculadas evidentemente a la situación de pandemia- y recargas laborales asociadas a superar tal rezago”.

Además, señalaron que “llama la atención de estos disidentes que el Juzgado de Familia de Pudahuel no presente el nivel de atraso y ‘emergencia’ que declaran mantener los Juzgados de Familia de Santiago”.

Así, concluyeron que “lejos de tratarse el procedimiento vinculado al pago del 10% de los fondos de pensiones de afiliados que mantengan deudas por pensión de alimentos a un asunto numéricamente inabordable en tiempo y forma por la dotación original de los juzgados, ha existido por parte de algunos de estos tribunales una errónea e imperfecta organización del trabajo interno, que no corresponde ser subsidiada mediante la destinación de jueces desde otras áreas que evidentemente se verán, a la larga, perjudicadas”.