Cade vez más complejo se vuelve el conflicto que mantiene Clínica Las Condes (CLC) con un grupo de médicos que alega el no pago de sus honorarios. El pasado 6 de enero, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) ingresó a sus dependencias ubicadas en Estoril 150 por orden del 4° Juzgado de Garantía de Santiago e incautó una serie de documentación contable de la compañía controlada por controlada por la empresaria Cecilia Karlezi y presidida por su pareja Alejandro Gil.

La diligencia resultó ser la más bullada del caso, pero días antes el mismo tribunal, a cargo de la magistrada Carolina Araya había lanzado la primera arremetida que involucra el engranaje financiero de la empresa. El 30 de diciembre de 2022, la misma jueza dictó una orden de alzar el secreto bancario de CLC sobre 27 cuentas que la empresa mantiene en Banco de Chile, Santander, BCI, Itaú, Bice, Scotiabank y Security.

Se trata de un nuevo frente para CLC, empresa que desde la llegada de Gil a la presidencia del directorio se ha visto envuelta en una serie de polémicas, como la aplicación de una tercera dosis sin autorización del Ministerio de Salud en plena pandemia y una millonaria demanda en contra del Estado de Chile por las atenciones médicas a pacientes Covid. Además, bajo su administración CLC se querelló en contra de sus ex gerentes generales: Jaime Hagel y Fredy Jacial, y ambas acciones fueron desestimadas en tribunales.

La resolución de la jueza, viene a acoger la petición planteada por el abogado Patricio Fernández, quien representa a tres médicos (Joaquín Lara, Javier Del Río y Alexander Tomic), los cuales acusan a CLC de cometer el presunto delito de apropiación indebida en el pago de sus honorarios. El mismo documento, al que tuvo acceso Pulso, consignó que la medida afecta a las cuentas bancarias de Clínica Las Condes S.A, filiales y correlacionadas, como: Nueva SSI S.A; Sociedad de Prestaciones Médicas Las Condes; Inmobiliaria Clínica Las Condes S.A y Servicios de Salud Integrados S.A.

Bajo ese contexto el 4 de enero, la fiscal Karin Naranjo despachó un requerimiento de información a Banco Itaú, Banco de Chile, BCI, Scotiabank, Santander, Security y Bice para que detallen los movimientos bancarios de las cuentas de Clínica Las Condes.

En paralelo, el 28 de diciembre la fiscal Naranjo ofició a la Comisión para el Mercado Financiero para que le remita las FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) de las sociedades mencionadas.

Todo comenzó cuando, según han detallado las tres querellas interpuestas por los tres médicos en representación de sus sociedades, CLC cambió de grupo controlador, asumiendo Cecilia Karlezi el manejo de la clínica y designando a Alejandro Gil en la presidencia.

“Esta nueva administración hizo que todos los médicos estuviéramos obligados a firmar un nuevo contrato para seguir en la Clínica. Se llamaba Contrato Marco, por el cual se aumentaba el valor que se nos cobraba por ocupar las consultas y nos obligaba a un número mínimo de bloques de consulta a la semana. Como contrapartida se le entregaba un mandato a la Clínica para que gestionara el cobro de los honorarios médicos con los pacientes, Isapres y Fonasa”, declaró el 22 de agosto, el médico cirujano Javier Del Río. El facultativo sostuvo también que hasta marzo de 2019 trabajaba en Clínica Alemana, siendo invitado por Clínica Las Condes a formar parte de un sistema nuevo que se llamaría el Centro de Cadera

“Como en general los doctores trabajamos a honorarios, y un cambio de Clínica representa una pérdida de los pacientes que tenía en la otra clínica, para concretar el cambio la Clínica Las Condes me ofreció un piso de honorarios garantizado de 12 millones mensuales el primer año y de 8 millones mensuales los 2 siguientes”, añadió.

“Con la nueva administración surgieron problemas de malos tratos y despidos, en que si se reclamaba por cualquier cosa la persona era despedida. Esto respecto de todo el personal de la clínica. Desde comienzos del 2021, comenzamos a tener problemas con el pago de las cirugías, tanto a médicos como el resto de los trabajadores a honorarios de la clínica. En un comienzo nos dijeron que esto pasaba porque estaban cambiando el sistema de facturación a los pacientes. Pero esta situación se prolongó en el tiempo. Si bien hemos recibidos pagos estos son parciales y de forma ocasional. En mi caso en particular la Clínica no me ha entregado aproximadamente $110.000.000 de la recaudación por mis honorarios”, añadió´.

A cargo de la defensa de Clínica Las Condes se encuentra el abogado Marcelo Sanfeliú, quien hace unos días presentó un escrito en el que cuestionó la orden de alzamiento del secreto bancario. A su parecer la normativa habla de “operaciones específicas, y que se relacionen directamente con las investigaciones”, lo cual discrepa de la petición planteada por la fiscal Naranjo.

En el mismo documento, CLC sostuvo que el doctor Joaquín Lara interpuso la querella como reacción a una demanda arbitral que presentó CLC contra del facultativo y su sociedad médica (Sociedad Médica L.A. SpA) a raíz de un presunto pago en exceso de honorarios, por una suma cercana a los $450 millones.

Asimismo, CLC acusó a la fiscal Naranjo de “una multiplicidad de inexactitudes, imprecisiones y faltas graves al principio de objetividad” al solicitar la medidas intrusivas dictadas y que fueran acogidas por el tribunal, como el allanamiento.

“La aseveración de la fiscal Naranjo, en orden a que la administración de Clínica Las Condes tuvo la oportunidad de aclarar los hechos realizando la oportuna entrega de antecedentes y autorizaciones voluntarias, es por decirlo menos, inexacta, puesto que esa oportunidad en ningún caso transcurrió, como lo quiere hacer ver buscando crear en el tribunal la impresión de que existiría un incumplimiento por parte de CLC, que mal podría existir”, acotó su presentación.