Ues: el plan de los rectores para enfrentar el “fantasma” de la morosidad estudiantil

En la Universidad Católica dan por hecho que la deuda estudiantil crecerá. El rector Ignacio Sánchez dice que “la pandemia traerá consigo un aumento importante en la morosidad de los alumnos. Sin embargo, el impacto real aún no lo conocemos debido a que por el momento sólo tenemos la información de morosidad del mes de marzo”.

Según esa información, la morosidad de la universidad aumentó un 22% el mes pasado respecto del mismo período de años anteriores. Además, el 6% de los alumnos solicitó postergar el pago de las primeras cuotas del año, debido al impacto del coronavirus.

La UC tiene 27 mil alumnos de pregrado y en 2018 tuvo ingresos por $ 340 mil millones, entre aporte fiscal y donaciones. “Es muy probable que estos porcentajes aumenten en los próximos meses para nuestra universidad”, dice el rector.

Desde que comenzó la crisis, la institución ha ofrecido algunas ayudas a estudiantes, como la postergación del vencimiento de las cuotas de arancel y, quienes lo necesiten, pueden solicitar un apoyo para cubrir el monto del arancel en marzo y abril, accediendo a renegociación o suspensión de cobros. Además, si bien no ha incurrido en gastos de mantención de salas, sí ha debido comprar 4 mil licencias para realizar clases online, y desembolsar recursos para capacitar a docentes y entregar becas de internet. En esta institución, el 55% de los costos son de las remuneraciones.

Con más de 39 mil estudiantes, la Universidad de Chile es uno de los planteles más grandes del país, y sus alumnos también se han visto impactados por la crisis sanitaria. El rector Ennio Vivaldi explica que “implementamos la opción de postergar el inicio del pago de aranceles hasta junio para aquellos estudiantes sin gratuidad o sin Beca Bicentenario. Gracias a esa medida, hasta el momento no existe aumento alguno de la morosidad”.

Asegura que “igualmente, sabemos que hay muchas familias de nuestra comunidad que han visto o verán afectada su situación económica como consecuencia de esta pandemia. Por eso, hemos solicitado al Ministerio de Educación abrir un nuevo periodo de inscripción en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (Fuas). La idea es permitir que los jóvenes puedan postular nuevamente a beneficios para los que tal vez no clasificaban antes de la epidemia, cuando aún no había crisis económica y sus familias tenían empleos.

“Esto es fundamental para que nadie se quede sin estudiar por el Covid-19 y se asegure la continuidad de su carrera”, agrega Vivaldi.

En 2018, según datos del Mineduc, la U. de Chile tuvo ingresos por $ 485 mil millones, de los cuales el 30% corresponden a recursos de aranceles o beneficios estudiantiles.

Vivaldi es presidente del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), organismo que entregó propuestas a las autoridades para ayudar a los estudiantes, como la flexibilización de las exigencias para el endeudamiento de largo plazo de los planteles, la flexibilización del uso de recursos asociados a proyectos regionales y de fortalecimiento, y la revisión del reglamento de uso de excedentes del Fondo Solidario.

“La situación por la que atraviesa el país ha exigido, y sin duda exigirá, de la universidad y de parte de todos sus miembros, especiales esfuerzos”, sostienen la Universidad Diego Portales, en una declaración pública que da cuenta del programa especial de beneficios socioeconómicos que se impulsó en el plantel.

Este recinto, que cuenta con una matrícula de 18.900 estudiantes, dispuso medidas extraordinarias para paliar la crisis actual. Entre estas, flexibilidad y becas para el pago de los aranceles de los próximos tres meses, convenios que ya suscribieron 424 estudiantes, mientras otros 83 se encuentran a la espera de que se revise su postulación en la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Para estos efectos, se tuvo en consideración la situación socioeconómica de los postulantes a través de documentación de respaldo. “La universidad confía que estos programas puedan contribuir a que la UDP mantenga, en la máxima medida posible, su quehacer con la participación activa de todos”, informó la casa de estudios, que en 2018, según el Servicio de Información de la Educación Superior (Sies), tuvo ingresos por $ 70.300 millones, de los cuales el 89% provino del ítem de los aranceles y de sus beneficios estudiantiles”.

La flexibilidad de los pagos, detalla la UDP, se suma a la adquisición y distribución de más de 1.000 conexiones a internet y casi 600 computadores, programa que ya concluyó su primera fase.

Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, expresa que en ese plantel se apuntará a las situaciones específicas. “Una parte importante de los alumnos recibe financiamiento del Estado, ya sea con gratuidad o con créditos y becas; eso configura cerca del 81% de la malla de nuestros estudiantes. En el resto, se comunicó que aquellos que sufran un cambio de su situación económica deben contactarnos para ver qué hacer en ese caso y generar respuestas especificas a las necesidades”.

El rector destaca que “no estamos hablando de medidas generales, sino de atender las necesidades particulares de los estudiantes ante sus problemas socioeconómicos. Además, estamos entregando 3 mil becas de conectividad y ahora pondremos a disposición más computadores”.

Esta universidad tiene un universo estudiantil conformado por 27.600 alumnos.

Un poco más al sur, Aliro Bórquez, rector de la Universidad Católica de Temuco, señala que “nosotros le informamos a los estudiantes que podían postergar sus cuotas, la de marzo para fines de abril, y la de abril para fines de mayo. No hemos recibido arancel de marzo porque se postergó”.

Añade que “nuestra idea es que en todo lo que tenga que ver con pago o copago de los estudiante se den la facilidades, incluso para los alumnos que tienen morosidad pendiente del año pasado, a fin de que ellos puedan pagarla parceladamente, sin multas ni intereses”.

La U. Católica de Temuco tiene un plantel compuesto por 11.700 alumnos, según el Sies.

En la Universidad del Desarrollo (UDD), su rector, Federico Valdés, informó que esta semana “se asignaron $ 1.525 millones en becas para alumnos que están con complicaciones económicas” a causa del coronavirus. Esto permitirá entregar 1.733 becas, para beneficiar al 12% de los estudiantes. Valdés cuenta que, para entregar estos recursos, rebajaron el presupuesto universitario todo lo que pudieron y que el monto irá en beneficio que los alumnos cuyas familias vieron afectadas sus fuentes de ingreso. Este dinero es adicional a los $ 12 mil millones que anualmente disponen para las becas internas por mérito académico.

“Hay familias enfrentando problemas económicos muy severos y que tendrán dificultad para pagar normalmente. Por esa razón, abrimos una serie de procesos orientados a quienes tenían un problema, de modo de avanzar en soluciones importantes”, explica Valdés.

Según información oficial del Mineduc, este plantel tiene 17 mil alumnos y en 2018 registró $97 mil millones de ingresos, 89% de ellos vía aranceles.

En la Universidad Andrés Bello (Unab), en tanto, el vicerrector de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles, Alejandro Zambrano, sostiene que esta casa de estudios “ha determinado que no se considerarán los intereses moratorios ni los gastos de cobranza, y se ha dado flexibilidad en la repactación de cuotas”. La Unab tiene 48 mil estudiantes en sus campus y en 2018 alcanzó los $198 mil millones de ingresos según el Mineduc (Sies). De ese monto, el 95% fue generado con aranceles. Zambrano agrega que “asimismo, se incrementaron los recursos para el fondo de becas, con el fin de entregar ayudas adicionales a los estudiantes que han sido más afectados por la crisis sanitaria”.

El rector de la Unab, Julio Castro, explica que con estas medidas buscan “dar respuestas tanto académicas como económicas a nuestros estudiantes y sus familias ante el difícil e incierto escenario que enfrentamos como país”.

“También se implementó un Plan de Apoyo en el Acceso a Internet, a través del cual hemos entregado 2.500 dispositivos de Banda Ancha Móvil y chips con plan de datos a aquellos estudiantes de nuestras tres sedes en Santiago, Viña del Mar y Concepción”, agrega Castro.

Para Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), el tema financiero, respecto de los aranceles, tiene tintes especiales: “Nuestra situación en términos arancelarios depende significativamente de los aportes estatales, ya que más del 50% de los alumnos de la universidad reciben gratuidad. Y el otro 25% recibe CAE y copagos”, dice.

Este plantel tiene 8 mil alumnos y en 2018, según el Servicio de Información de la Educación Superior (Sies), tuvo ingresos por $29 mil millones, de los que el 79% provino de beneficios o aranceles.

Silva agrega que “el porcentaje de alumnos que paga mes a mes un arancel es menor, y a aquellos que lo hacen se les ha ofrecido una mesa, donde presenten su caso y se pueda retrasar el pago, sin intereses, bajo un modelo que está funcionando bastante bien”.

El académico precisa que “también estamos dando conectividad a los alumnos, tablet para los que no tengan equipos digitales y beneficios alimenticios, así que por ahora no hemos tenido problemas, lo que no significa que en el futuro no los haya. Pero morosos no tenemos, porque como se acuerda un nuevo pago, eso no es morosidad, sino una postergación”.