Víctor Orellana: “En cualquier criterio de justicia progresiva, los que tienen más aportan más y los que tienen menos, aportan menos”

“Tenemos fe de que vamos a llegar a los consensos necesarios para que este proyecto sea ley”.

Víctor Orellana (FA), subsecretario de Educación Superior, no duda un segundo de que la propuesta presentada esta semana por el gobierno que supera el CAE y cambia el sistema de financiamiento del sector es una buena iniciativa. Piensa, de hecho, que el FES recoge lo que conversaron con parte importante de los actores, aun reconociendo puntos que pueden seguir discutiéndose.

¿Cómo ha visto el recibimiento de la propuesta?

La recepción global de la sociedad ha sido positiva. Esperábamos, por supuesto, recibir observaciones de distintos actores y en general están dentro de lo que habíamos conversado con estas actorías.

¿Por qué si Piñera y Bachelet no prosperaron ahora sí?

Hoy hay dos elementos claves en la situación política. Primero, un consenso más extendido de la necesidad de terminar el CAE. Cuando el expresidente Piñera presentó su iniciativa hubo defensa al CAE de su sector. Y segundo, a partir del informe financiero se despeja la responsabilidad fiscal. Están las condiciones.

Dicho informe ha recibido críticas, que se basan en supuestos.

Tal como han señalado los ministros Marcel y Cataldo, las estimaciones indican que el proyecto significará en régimen un ahorro respecto del CAE.

¿El consenso que menciona es también oficialista?

Es un proyecto largamente trabajado en el gobierno y es una respuesta de política pública que representa también un consenso político plural e intergeneracional. Damos una respuesta unitaria.

¿Qué principios de educación que históricamente ha defendido el Frente Amplio ve contenidos?

La larga defensa por el derecho a la educación, que no empieza ni termina en el FA.

¿Pero en el armado de este proyecto hubo renuncia o hubo que aplacar ciertos principios?

Siempre en la política hay que avanzar escuchando. Lo fundamental es el paso adelante en el derecho a la educación, en la superación de una época en que se pensó que con el lucro íbamos a resolver los problemas educativos. Es un paso adelante.

¿Y está satisfecho con la propuesta si la compara con la idea inicial -mucho mayor- de condonación?

Es una propuesta contundente, razonable, pero vamos a estar contentos cuando sea ley.

¿Fue la condonación el principal nudo dentro del Ejecutivo?

La dificultad estaba en resolver el pasado al mismo tiempo que generas un esquema futuro. El principal nudo fue articular un plan de reorganización de deuda que fuera coherente con aquello que queremos hacer a futuro, que es modernizar la educación superior.

Pero en esa ecuación también había que incluir principios sobre la condonación como tal.

Las mayores dificultades han sido cómo crear respuesta a política pública, más que enfrentar bandos que política o ideológicamente tienen distintas lecturas. No ha sido nuestro problema. Es simbólico que el día de la presentación estuvieran los ministros de Educación de Bachelet y Lagos junto con quienes tuvimos diferencias.

Con concesiones...

Con miradas de país.

Una de las críticas al nuevo sistema es que es injusto que alguien tenga que pagar más de lo que realmente costó formarlo.

Lo que me parece injusto es la situación actual, donde a razón de intereses y créditos las personas cargan con una mochila de deuda bastante superior al costo de sus estudios. Este proyecto avanza en la dirección contraria: acerca la retribución al costo real de las personas. Estamos avanzando, pero si hay un caso en que una persona por sus altas remuneraciones retribuye más, nos parece que eso es consistente con una sociedad de valores progresivos en el sentido de justicia.

¿Esa idea tendrá que defenderse con más fuerza?

Tú das un ejemplo de altos ingresos. ¿Y qué pasa si son bajos? Lo que estamos presentando es un proyecto que se adapta a las trayectorias de vida, que avanza en mayor criterio de justicia.

Pero alguien podría cuestionar que por qué el que gana más tiene que ayudar al que gana menos.

En cualquier criterio de justicia progresiva, los que tienen más aportan más y los que tienen menos, aportan menos. Para debatir estos principios en el Parlamento estamos disponibles a escuchar argumentos. El nuestro es fuerte, pero tenemos disposición.

¿Y están disponibles para ampliar el decil de copago, que por ahora solo es el mayor?

Mientras las personas estudien, con excepciones como establecimos al décimo decil, nos gustaría que puedan concentrarse en las tareas académicas y no signifique un esfuerzo económico. El bolsillo de la clase media no es la fuente de recursos que le va a permitir al sistema dar el salto en desarrollo. Dicho eso, estamos disponibles a escuchar argumentos. Hay que escuchar a las instituciones, pero también a las familias. Se tiene que dar a un debate que permita un consenso en intereses sociales y proyectar el futuro.

La realidad que plantean las universidades por los aranceles regulados, ¿es tan catastrófica?

Si uno examina el informe de la Superintendencia, el riesgo financiero del sistema ha disminuido en el último tiempo, en buena parte por los aportes de la gratuidad.

Su sector ha defendido la gratuidad. ¿No es contradictorio que el FES aplace su universalidad?

No, porque el FES permite una estructura de financiamiento coherente y complementaria a la gratuidad. No significa que no sigamos avanzando en gratuidad universal, sino que acoplamos el ritmo a la necesidad de resolver el problema del CAE.

Pareciera que lo que antes fue una defensa de principios hoy, en el gobierno, es un ahorro.

Avanzar en gratuidad es también que una familia que se endeuda con un banco con este sistema no tenga que pagar. Es un paso en el acceso gratuito a la educación superior. Como país no vamos a resolver los problemas en 5 minutos; el Metro le cambió la cara a Santiago y nos hemos demorado décadas en tener una red así. Es lo mismo con el derecho a la educación. No podemos resolver inmediatamente todos los temas, pero hay que dar señales de avance.

Se ha dicho que este proyecto es similar al de Piñera I y que esto se pudo haber resuelto antes...

Estando en disposición de tomar elementos de todos los proyectos -Piñera y Bachelet- nuestra política es distinta. Es una política de reorganización y condonación, de un nuevo sistema. Son elementos nuevos que antes, si bien se habían hecho propuestas de superación del CAE, no estaban.