Violencia intrafamiliar y faltas a las leyes de drogas y armas: Interior reformula el reglamento STOP e incluye nuevos delitos

Una serie de modificaciones introdujo el gobierno al reglamento del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) de Carabineros. Y es que, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la autoridad busca que la plataforma integre más delitos de los que hasta ahora estaban considerados en la plataforma que recopila las cifras de casos policiales. Entre los que se sumarán próximamente se encuentran el de violencia intrafamiliar, faltas a la ley de drogas o del tráfico y tenencia de armas.

El STOP de Carabineros, entre otras cosas, permite generar un diagnóstico y análisis de la situación delictual de zonas determinadas a partir del registro de casos policiales de la institución uniformada en esa zona. Al ser un sistema táctico, permite a las instituciones mejorar la coordinación en materia de seguridad y, por lo mismo, disminuir los índices delictuales en los espacios públicos.

Si bien la plataforma tecnológica está radicada en Carabineros, el STOP también corresponde a una instancia integrada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público y las municipalidades. Todos estos actores, según establece la normativa, deberán reunirse todos los meses con el fin de revisar y analizar las características delictuales de las comunas, con el fin de generar políticas públicas y medidas de prevención de los delitos en las zonas con mayor índice delictual.

Para lograr todo lo anterior, según establece el reglamento actualizado del gobierno, y al cual tuvo acceso La Tercera, la plataforma almacenará y presentará las estadísticas de los delitos a nivel nacional, regional, provincial y comunal obtenidas de los casos policiales de Carabineros. En ese sentido, fue la misma ministra del Interior, Carolina Tohá, quien anunció durante la cuenta pública de la cartera que se integrarían nuevos delitos al sistema, entre los que se contemplaban los relacionados a la violencia de género.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, sostiene que este sistema desde su creación “ha sido una importante herramienta para la prevención de delitos, administrada por Carabineros. Como subsecretaría, con el reglamento, incorporamos algunas mejoras, como finalmente terminar con la categoría de delitos de mayor connotación social, dado que bajo ella se hacían convivir hurtos, como por ejemplo el robo del espejo de un auto, con crímenes de altísima gravedad, como el homicidio, sin distinguir. Esta desproporción a favor de delitos simples y contra las cosas, por mucho tiempo ha influido no sólo en el análisis, sino además en la priorización de estrategias en desmedro de los delitos contra la integridad de las personas. Pero, además, dejaba fuera un delito de tanta relevancia como la violencia intrafamiliar”.

La Contraloría tomó razón el 25 de mayo del nuevo reglamento, el cual tendrá un plazo de seis meses para aplicarse. La plataforma de Carabineros está operativa desde el 2018, pero este será uno de los mayores cambios que se le realizarán al integrar estos nuevos delitos.

Actualmente, el STOP considera 16 delitos, entre los que se encuentran los homicidios, violaciones, robos con violencia, robos con intimidación y por sorpresa. Además de los robos de vehículos, en lugar habitado, hurtos, entre otros.

En los próximos meses, el sistema llegará a un total de 21 delitos, al comenzar a considerar los hechos como los homicidios y femicidios, violencia intrafamiliar, amenazas con armas, y delitos contenidos en la ley de drogas, así como también los de la ley de control de armas. Además de eso, se contemplarán los desórdenes públicos, las amenazas y riñas, la receptación, consumo de alcohol y drogas en la vía pública y finalmente las incivilidades, es decir, aquellos hechos que “afectan la calidad de vida de las personas e inciden en su percepción del entorno y en su comportamiento en aquel”, sostiene el decreto.

Pero no es el único cambio respecto de la normativa que actualmente regula el sistema. Y es que desde ahora el STOP también contemplará información de las víctimas para poder caracterizarlas. Por lo mismo, se deberá agregar el sexo y grupo etario de las personas que sufrieron el delito, así como también una serie de factores que podrían entregar mayores antecedentes, como, por ejemplo, si la persona pertenece a algún pueblo indígena o si se encuentra en una situación de discapacidad.

Vergara explica que se tomó la decisión de que el STOP sea “el inicio de una nueva categorización delictual en base al daño y la gravedad, la que contará con 21 tipologías y, además, permitirá incorporar delitos, infracciones o incivilidades que consideren relevantes los participantes del sistema para el análisis delictual. Además, el sistema pondrá un foco en delitos y fenómenos vinculados a crimen organizado y narcotráfico. Con esto buscamos hacer más eficiente la labor de distintas instituciones del Estado dedicadas a la seguridad, y de una vez por todas terminar con una categorización que se aleja de la realidad”.

La información contenida en el sistema táctico se utilizará -como ocurre hasta ahora- en reuniones de quienes integran el consejo del STOP de manera comunal, los que deberán realizar un “diagnóstico e identificación de la realidad social y delictual del territorio, a nivel de prefectura y comisarías, en base al catálogo de delitos, infracciones e incivilidades”, sostiene el documento visado por Contraloría.

Los consejos de este análisis estarán integrados por un general de zona o prefecto de Carabineros, además de todos los comisarios de la policía uniformada de la zona que corresponda. Junto con eso, también estará compuesto por un representante del Ministerio Público, un coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito o del Ministerio del Interior, y del alcalde o un funcionario municipal designado para este proceso. Los participantes, además, podrían proponer la integración de nuevos ilícitos.

Finalmente, el reglamento también establece que los datos deben cargarse semanalmente al sistema por un funcionario designado, estableciéndose responsabilidades y sanciones en caso de cometer alguna falta, así como también la periodicidad con la cual la persona responsable deberá capacitarse.