Vocera de la Suprema ante disputa informática de notarios: “Es fundamental modificar” las normas que regulan el sistema notarial

El primer episodio ocurrió el 23 de junio. Ese día el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la primera escritura pública digital que fue sometida a un proceso judicial. El documento estaba relacionado con una adjudicación de remate de una propiedad y que contaba con firma electrónica avanzada.

La escritura había sido emanada de la Décima Notaría de Santiago, dirigida por la abogada Valeria Ronchera. La notaria es una reconocida impulsora de la modernización y digitalización del sector. De hecho, en los últimos años sus esfuerzos se han orientado a transformar su notaría en una oficina virtual donde se puedan realizar operaciones notariales 100% digitales.

El segundo evento ocurrió a inicios de agosto. Nuevamente los ministros del tribunal de alzada de Santiago se pronunciaron por un tema similar, pero esta vez ordenaron a los notarios no utilizar sistemas computacionales para realizar trámites: “Se abstengan de utilizar cualquier sistema computacional implementado para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza, debiendo atenerse únicamente a las normas que el efecto establece el Código Orgánico de Tribunales”. El hecho fue calificado por algunos notarios como un “apagón digital”.

Pero la disputa no solo quedó ahí. Entre medio la notaria Ronchera, en un informe que ingresó en agosto a la Corte de Santiago, acusó a un notario de Santiago de realizar un “atentado” en su contra con la intención de vulnerar el “sistema de autentificación de identidad”. En su informe explicó que “para tal efecto, y cédula de identidad en mano, imprimió en colores una máscara de su rostro a tamaño real, se la puso sobre la cara y, a través de tal estratagema, realizó múltiples intentos de validar su identidad en TOC S.A., hasta lograr que la plataforma informática de dicho prestador acreditado reconociera su máscara como el rostro de una persona viva”.

La denuncia de Ronchera apuntaba al notario Francisco Leiva. Sin embargo, el abogado se defendió asegurando, en una carta que envió a sus clientes, que nunca quiso sabotear nada, sino que solo quiso probar el sistema de biometría facial. Eso lo hizo con sus datos personales, sin ocultarse y que luego de ver que el sistema tenía falencias, se lo comunicó personalmente a Ronchera vía WhatsApp.

En medio de toda esta disputa, de fondo están todos los esfuerzos realizados por el gobierno para modernizar el sistema notarial. Más aún en un contexto de pandemia, en donde se busca facilitar que los trámites se puedan realizar de forma remota. De hecho hoy la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, al ser consultada por este tema, reforzó la necesidad de cambiar el sistema que regula las notarías y los archivos judiciales.

“Los notarios y los conservadores se rigen por un reglamento, por una normativa legal que no ha sido modificada. Entonces, efectivamente en la Corte Suprema hay un comité de modernización, también está la comisión de la Ley de Tramitación Electrónica integrada por ministros de la Corte Suprema, que están interesados en ir modernizando todo el sistema notarial, inclusive el de los conservadores”, aseguró la ministra. Chevesich luego agregó que “pero también tenemos un marco legal que nos impide salir de él, tenemos que respetar la ley y por lo tanto lo fundamental es modificarla y como ha dicho el ministro de Justicia, hay muchos proyectos de ley que están en el Congreso y, por lo tanto, es en esa sede en donde se debe avanzar para modernizar el sistema notarial en general”.

El Ministerio de Justicia impulsa un proyecto que modifica y moderniza el sistema de notarios, el cual ya aprobó su primer trámite constitucional y se encuentra en la comisión de Constitución del Senado desde enero. Más allá de la disputa de la notaria Ronchera, en la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros aseguran que no es correcto interpretar que su arremetida en contra del sistema impulsado por Ronchera implique que están en contra de modernizar el sistema.

“Los notarios y conservadores hemos desarrollado un sinnúmero de aplicaciones informáticas y tecnológicas para el mejor desempeño de nuestra función y la de servicios que requieren de nuestros certificados y documentos”, asegura el presidente del gremio, Mauricio Astudillo.

El abogado Juan Carlos Manríquez, quien asesora a la Asociación de Notarios, indica que “enfáticamente debo decir que se ha generado una confrontación artificial entre modernidad y un conservadurismo, que solo busca proteger los supuestos privilegios de los notarios y conservadores en un sistema monopólico de altas rentas que no prestaría beneficio a la población”.

El abogado asegura que el gremio siempre ha estado a favor de crear nuevas plazas notariales donde se justifiquen, de generar una carrera funcionarial por mérito y de digitalizar el sistema, pero sin “transar en seguridad de los documentos, certeza, seguridad jurídica y más aún sin un costo para el Estado”.

“La asociación también tiene que decir de manera muy enfática que es muy extraño que se diga que los notarios y conservador conforman un mercado monopólico, cuando hay más de 300 funcionarios públicos en todo Chile preocupados de los más altos estándares de fe pública”, agrega Manríquez. A su juicio, la reforma que impulsa el gobierno puede “provocar que solo cuatro o tres empresas terminen monopolizando de verdad la gestión de la fe pública, a través de plataformas eléctronicos”. Además, añade el abogado, “hay que dejar muy en claro que los dos proyectos en tramitación son extremadamente caros y deficientes y además con series falencias técnicas como los expertos lo han dejado ver en el Congreso”.