Chile se estanca en transparencia presupuestaria

Un estancamiento en la información pública presupuestaria en Chile fue lo que reveló la última la Open Budget Survey 2017, conducida por la International Budget Partnership y aplicada en Chile por investigadores de la Fundación Ciudadano Inteligente.

Esto ya que el sondeo arrojó que el país en los últimos siete años, bajó del primer al tercer lugar en América Latina, pasando de 72 puntos en 2010 (de 100 puntos), a los 57 conseguidos en 2017, siendo superado por Brasil (77) y Perú (73). De esta forma, el documento cataloga como "entrega de información limitada" por parte de las autoridades en este sentido.

Dentro las mayores falencias que muestra el indicador de transparencia, destaca la formulación del Documento Preliminar, una minuta abreviada de la elaboración del erario, que obtuvo cero puntos, principalmente dado que en Chile este informe es confidencial y sólo se conoce cuando ingresa al Congreso.

Los otros ítems con más bajos puntaje fueron: Presupuesto Ciudadano, que explica de manera sencilla lo estipulado en el presupuesto aprobado; y el Informe de Auditora de fin de año, que examina solidez e integridad de las cuentas del Gobierno, ambas con apenas 33 puntos.

Al respecto, Colombina Schaeffer, subdirectora de Ciudadano Inteligente, indica que si bien hay mucho por hacer en materia de transparencia, por sí sola no es suficiente.

"Si en Chile se quisiera recuperar la confianza, las personas deberían tener un espacio donde puedan sentir que influyen en el futuro del país", comentó.

Además indicó que para mejorar los resultados "sería importante que en el Congreso existiera un ente técnico externo que evalúe las propuestas presupuestarias que manda el ejecutivo" y así analizar qué tan útiles pueden ser algunos gastos.

El informe además detalló que la Participación Pública en Chile alcanza 11 puntos, quedando por debajo del promedio global (12) y de Brasil (35), Perú (22), Colombia (15), Argentina (13) y Bolivia (13) en Latinoamérica.

Este bajo resultado se debe a que la institución superior de auditoría proporciona una participación limitada (56), mientras que el poder legislativo facilita poca participación (8) y el Ejecutivo, nula (0).