Construcción plantea apurar 37 grandes proyectos por más de US$ 4 mil millones

Lograr un "shock" de inversiones apenas instalados en La Moneda, tras cuatro años consecutivos de contracción de este indicador, es uno de los principales objetivos a conseguir para la Administración de Sebastián Piñera, quien estrenará su segundo periodo presidencial en poco más de un mes.

Con esta meta, autoimpuesta por el Presidente electo y también por el gabinete económico, las futuras autoridades comenzaron a trabajar tempranamente con uno de los principales gremios ligado a la inversión, la Cámara Chilena de la Construcción (CCh.C).

Así, tras entregar en enero más de 2.600 proyectos identificados para impulsar en el corto plazo, el presidente del gremio constructor, Sergio Torretti, se reunió la semana pasada con el futuro ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, para plantear el detalle de las iniciativas a destrabar, trabajo que continuará los primeros días de marzo cuando el dirigente se reúna con el ministro designado de Obras Públicas, Juan A. Fontaine.

Según Torretti, "cuando Sebastián Piñera era candidato nos pidió esta información, y elaboramos esta cartera muy específica de proyectos; dónde estaban y en manos de quién. Él quería conocer los distintos problemas o trabas, y también las obras que estaban listas para poder partir o licitarse". Remarcó que "me parece que se van a abocar a destrabar los proyectos, y ayudar a generar un shock de inversión en infraestructura".

En el detalle, la CChC priorizó dos proyectos de infraestructura por región, uno con identificación presupuestaria para ejecutarse en 2018, y otro que cuenta con la recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social, pero sin solicitud de ejecución, además de las cinco concesiones más relevantes que esperan se destraben en el más breve plazo posible. Entre estas últimas, la Cámara destacó especialmente la construcción del tramo El Salto-Príncipe de Gales de Américo Vespucio Oriente I a cargo de las empresas Sacyr y OHL, proyecto que considera una inversión por US$ 1.005 millones, pero que no ha comenzado obras pese a haber ingresado al sistema de evaluación ambiental en 2015.

Asimismo, esperan que se "destrabe" el Terminal Cerros de Valparaíso, de OHL, concesión que implica inversiones por US$ 500 millones, pero que no ha logrado aprobar su calificación ambiental desde que ingresó al sistema en 2014. En una situación similar se encuentra el proyecto Puente Industrial (US$ 203 millones), el Embalse Punilla (US$ 433 millones), y el Hospital Salvador (US$ 309 millones).

En total, la CChC entregó 30 grandes concesiones a empujar estos años, con un monto de inversión acumulado de más de US$ 6.800 millones. "Si se quiere dar un impulso a las inversiones, es fundamental creer en las concesiones. Empujar esa otra vía de inversión en infraestructura que requiere el país", recalcó Torretti al respecto, agregando que "el Fisco con suerte, tiene el 30% de los recursos en varios años para abordar este déficit. Por eso, cuando el gobierno vaya viendo las prioridades, hay que sacarse las caretas ideológicas y saber poder entregarlo a concesiones para poder avanzar más rápidamente".

Por su parte, Carlos Piaggio, Gerente de Infraestructura de la CChC, apuntó a problemas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, afirmando que "hay problemas territoriales, o con la tramitología, que pueden incluso terminar "matando" los proyectos. Debe haber un Estado más presente en los procesos, tiene que existir un liderazgo y coordinación. El Estado tiene que ser un socio del privado". Con esto, sostuvo que "hay que revisar si el sistema funciona adecuadamente, debiera demorar seis meses aprobar un proceso de calificación ambiental, pero en muchos casos exceden los años".

En tanto, los 16 principales proyectos por región (considera uno interregional), con solicitud de ejecución para 2018, sumaron más de $ 224.846 millones (en torno a US$ 370 millones), principalmente ligado a la construcción, reposición y mejoramiento de vialidad. A su vez, la cartera de 16 proyectos prioritarios sin solicitud de ejecución para 2018, por lo que no tienen un presupuesto asignado, sumó más de $ 896.059 millones ( US$ 1.493 millones).

En este caso, Piaggio explicó que "son las iniciativas que no caben en el Presupuesto 2018, pero que podrían ejecutarse si se busca un financiamiento alternativo, recursos adicionales, o se genera una concesión". Planteó que "hay que ser creativos para poder generar un shock en la inversión. Por ejemplo, usando la Ley de Financiamiento Urbano Compartido. Hacienda, el MOP, y el Presidente electo podrían impulsar esto".