A 24 horas del plazo, solo un 4,8% de autoridades ya informó su patrimonio

Este viernes a las 23.59 horas vence el plazo para que todas las autoridades y funcionarios públicos obligados por la nueva ley de Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses entreguen sus declaraciones de Intereses y Patrimonio.

Según ha explicado la propia Contraloría en las capacitaciones que ha realizado a distintas reparticiones públicas, en el debut de este proceso, se espera que más de 60 mil funcionarios y autoridades deban cumplir con la nueva normativa.

Y hasta este jueves , según el portal infoprobidad.cl -donde se registra el total de las declaraciones- solo 2.895 funcionarios ya tienen a disposición pública sus declaraciones de patrimonio.

Esto da una cifra aproximada de sólo un 4, 8% de las personas que ya cumplieron con su deber de actualizar los montos que involucran su patrimonio, y la Contraloría con el paso de dejarlos a disposición de la ciudadanía.

Según el formulario al que cada autoridad o funcionario público accede a través de una clave única, las autoridades deberán ingresar la cantidad de propiedades que tengan, vehículos y derechos en sociedades tanto por porcentajes de estas como por acciones.

A su vez, también deben declarar si es que poseen derechos de aguas, fondos mutuos, depósitos a plazo y hasta las deudas en concepto de pasivos.

El declarante además deberá registrar a su núcleo familiar y el patrimonio que posea su cónyuge, especificando si el vínculo es con o sin separación de bienes.

Según el registro público disponible en la web, 14 ministros registraron sus declaraciones. Y 6 de ellos lo hicieron por haber cesado sus funciones.

Según se ha dicho, uno de los énfasis de la ley es fiscalizar con qué patrimonio abandona un funcionario la actividad pública.

Esto, para evitar el uso del poder del Estado para un eventual enriquecimiento personal.

Por otro lado, para evitar conflictos de interés, las autoridades que tengan participación en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado, deberán enajenar o renunciar a su participación.

Asimismo, las autoridades que tengan acciones y valores que superen las 25 mil UF (más de $661 millones) deberán optar por venderlas, al menos, a partir de esa cifra, o constituir un fideicomiso ciego.

La Contraloría, hoy a cargo de Jorge Bermúdez, es la entidad que deberá fiscalizar que los datos ingresados por cada declarante correspondan a la realidad.

De hecho, Bermúdez dio una fuerte señal a los declarantes la semana pasada, tras denunciar ante el Ministerio Público la existencia de presuntos delitos de negociación incompatible en cinco casos detectados en distintas reparticiones públicas.

"Es una facultad que estamos recién estrenando. Y es una facultad que se ejerce de manera permanente, por lo tanto de aquí en adelante, siempre, esas declaraciones van a estar bajo la lupa de la Contraloría", dijo el lunes el jefe del órgano contralor.

¿Quiénes están obligados?

Quienes conocen el avance del proceso de declaraciones explican que no será sino hasta la próxima semana que se haga público el mayor cúmulo de declaraciones.

Esto porque los plazos de las autoridades vence esta noche, pero existe un tramo de algunos días para que estos sean publicados.

En mayo de 2016 se creó la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio. Su objetivo es levantar y procesar la información de los declarantes.

Estos, según la ley, deben realizar un borrador de la declaración y serán los jefes de servicios de sus reparticiones quienes enviarán on line los formularios con la información verificada.

A partir de allí la Contraloría recepcionará cada declaración y enviará un comprobante al determinado jefe de servicio. Desde ese momento, el organismo contralor comienza su fiscalización.

El proceso no está exento de errores. De hecho, algunos declarantes revisados por La Tercera -donde se tomó a los alcaldes que dejaron el servicio público y se ordenó a los 10 con mayor patrimonio declarado hasta el momento- sindican como avalúo fiscal cifras como "$3.6" o simplemente "$0". Según explican, esos montos son considerados errores que deberán ser corregidos.

Entre la revisión  también se sistematizó las declaraciones de otros alcaldes de comunas emblemáticas que ya subieron a la web sus patrimonios.

La lista de declarantes es amplia: Presidente de la República, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, jefes de servicios, embajadores y cónsules. También consejeros de Consejo de Defensa del Estado y del Banco Central, el Consejo Directivo de Servicio Electoral, Consejo para la Transparencia, Consejo de Alta Dirección Pública, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consejo Nacional de Televisión.

Del mundo municipal: alcaldes, concejales. También consejeros regionales y oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas y equivalentes en Carabineros y PDI. Asimismo defensores locales, directores de empresas del Estado y Sociedades en las que el Estado participa, directores y altos directivos de corporaciones, fundaciones y asociaciones municipales y de aquellas que se relacionen con la dirección administrativa de la presidencia.