60% de los argentinos cree que Boudou será absuelto en caso de corrupción

Guardar silencio, hablar a través de sus abogados y apelar ante la Cámara Federal son los lineamientos de la estrategia que habría definido, según el diario porteño La Nación, el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, para enfrentar el procesamiento al que fue sometido el viernes por el juez Ariel Lijo, quien en un fallo de 333 páginas lo acusa -junto a otras cinco personas- de cohecho pasivo en la causa por la compra de la imprenta Ciccone, ocurrida en 2010.

Cerca del 60% de los argentinos estima que Boudou es culpable de los delitos por los que fue procesado, según una encuesta dada a conocer ayer por el diario Perfil. Sin embargo, el 59,9% de los consultados estima que el vicepresidente será absuelto, mientras que un 66,3% estima que si es condenado, eso servirá para investigar nuevos hechos de corrupción.

El cruce de llamadas telefónicas entre Boudou, su novia, su secretario, su socio, su supuesto testaferro y el empresario Nicolás Ciccone, sumado a otros testimonios y documentos, son las principales pruebas que utilizó el juez Lijo para procesar al vicepresidente, indicó La Nación.

El sondeo de Perfil es una muestra del difícil escenario político que deberá enfrentar la administración de Cristina Fernández en lo que resta de su mandato, que termina en diciembre de 2015.

Según informaron miembros del círculo íntimo del vicepresidente a Perfil, éste no tiene considerado renunciar ni tampoco pedir licencia, ya que asume que esto último sería enviar una señal de debilidad, que lo dejaría en una posición aún más compleja. Las mismas fuentes indicaron que la estrategia adoptada por el gobierno es llevar el caso a la corte, de manera que la situación de Boudou se resuelva hacia el final del mandato de Fernández y así no impacte a los candidatos oficialistas en las elecciones presidenciales de octubre de 2015.

El segundo hombre del gobierno argentino y la Casa Rosada fueron sorprendidos por la resolución judicial, ya que si bien existía certeza de que Boudou sería procesado, no esperaban que la determinación se diera a conocer en esa fecha, sino que después de la feria judicial que comienza el 18 de julio, apuntó La Nación. Este desconcierto explicaría también el hermetismo que ha mantenido la presidenta frente al caso. La mandataria viajó el viernes a su residencia de El Calafate, sin sospechar la tormenta política que se instalaría horas después en el seno del oficialismo. Fernández retomaría hoy sus funciones.

Boudou le ha manifestado a su entorno estar confiado en que la mandataria finalmente lo respaldará en el cargo para evitar una grieta institucional, aun cuando deba pagar un alto costo político.

Ese alto costo al que se refiere el círculo del vicepresidente también es compartido por otros miembros del gobierno. Fuentes de la Casa Rosada expresaron a La Nación que el problema afectará a todos los candidatos del Partido Justicialista el próximo año. Por lo pronto, la apuesta del gobierno es obtener un fallo no tan desfavorable en la Cámara Federal, aunque no se descarta que Boudou y sus defensores recusen al juez Lijo invocando una presunta falta de imparcialidad, por los eventuales vínculos con el abogado de la familia Ciccone.

Aprovechando el impacto que ha provocado el procesamiento de Boudou, la oposición se rearticuló y lanzó una fuerte ofensiva para exigir la renuncia del funcionario de gobierno, a la vez que impulsará un juicio político en su contra.

Citado por el diario Clarín, el diputado peronista disidente y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, señaló que "en este caso, el juicio político es la herramienta que tiene el Parlamento, y lo que hay que hacer es coordinar con las fuerzas de la oposición".

Por su parte, la diputada opositora Margarita Stolbizer afirmó que "es un papelón" que Boudou esté representando a Argentina en el exterior, y señaló que Fernández debería hacerlo volver al país y exigirle la renuncia. El vicepresidente viaja hoy a Panamá para asistir al cambio de mando en ese país.