Reforma a la educación superior: Los puntos que tensionan el debate en el Congreso

La reforma a la educación superior -uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Michelle Bachelet- vivirá hoy una jornada clave.

Luego de que la comisión de Educación de la Cámara rechazara en general la iniciativa, hoy la Sala deberá votar la idea de legislar del proyecto. Si el gobierno no consigue el quórum necesario, no podrá presentar otra iniciativa relativa a la materia en un año.

En este contexto, a pesar de que el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto, los diputados Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic, Gabriel Boric y Camila Vallejo ya han expresado sus reparos al texto.

Revisa a continuación los puntos que tensionan el debate:

Propuesta original

Niveles de acreditación

El proyecto original establecía una acreditación por niveles: A, B, C, los que se otorgarían dependiendo del cumplimiento de los estándares de calidad de varias dimensiones (investigación, vinculación con el medio y el aseguramiento interno de la calidad, entre otros). Además, estipulaba que la certificación tendría una vigencia de ocho años. Por otro lado, otorgaba una acreditación condicional a aquellos planteles que no lograran alcanzar los estándares del nivel C por tres años. Se buscaba que todos los planteles tuvieran acreditación y para ello se dio un plazo de 15 años.

Cambios de la indicación sustitutiva

Certificación máxima de siete años

Algunos parlamentarios de oposición cuestionaron la fórmula de acreditación que presentó el gobierno. Y en la indicación sustitutiva finalmente se modificó la manera en la que se hará la certificación. Ya no habrá niveles y en vez de un máximo de ocho años, se continuará con los siete que hay ahora. Por otro lado, se mantiene la idea de las cinco dimensiones que deberán cumplir las universidades e institutos profesionales y se da un plazo final, hasta el 2040, para alcanzar la investigación. Sin embargo, Delpiano se comprometió a bajar este periodo.

Propuesta original

Avance en deciles depende de la economía

Aumentar la cobertura de la gratuidad más allá del 60% más vulnerable de la población quedó supeditado a la recaudación del PIB tendencial. Por ello, no quedó con un cronograma establecido, sino que a merced de lo que el gobierno denominó "gatillos económicos". Además, en materia de financiamiento, se proponía la eliminación de los aportes directos a las universidades (AFD) y la creación de un aporte para la investigación y creación artística. Este último estaría destinado a todos los planteles en gratuidad.

Cambios de la indicación sustitutiva

Se establece fórmula para reducir déficit

En las indicaciones que presentó el gobierno al proyecto se mantiene la fórmula para calcular la manera en que se avanzará hasta la gratuidad universal a medida que crezca la economía del país. Un sistema que ha recibido críticas de parlamentarios como Jackson y Boric. Además, se reponen los recursos del aporte fiscal directo y se eliminó el aporte para la investigación y creación artística. Por último, cambia la forma en que se calcularán los aranceles regulados para disminuir el déficit por gratuidad. Así, los fondos dependerán de la complejidad del plantel.

Propuesta original

Red de universidades estatales

El fortalecimiento de los planteles estatales ha sido uno de los temas más solicitados por parlamentarios, rectores de instituciones estatales y estudiantes. Y en la iniciativa de julio del año pasado, la educación superior estatal tenía un título especial. Allí se indicaba que dichos planteles formarían una Red de Instituciones de Educación Superior Estatales, la que estaría coordinada por la subsecretaría. En la iniciativa, además, se creaba un fondo adicional para estos planteles, el cual sería fijado anualmente en la ley de presupuestos.

Cambios de la indicación sustitutiva

Proyecto especial

Ha sido el tema más discutido y que terminó dividiendo al Consejo de Rectores (Cruch). Y para hacer la tramitación del proyecto más fácil -según el gobierno- se sacó todo el título relacionado con los planteles estatales. Sin embargo, el compromiso del Ejecutivo con parlamentarios y rectores es trabajar en una iniciativa aparte, donde se legisle sobre estas instituciones. Con todo, el Ministerio de Educación ya estaría trabajando en esta ley, la que debería entrar por la Comisión de Educación del Senado a comienzos del próximo mes.

Propuesta original

Apropiación indebida

El proyecto presentado en julio del año pasado establecía sanciones para quienes incumplieran las normas que impiden el lucro en la educación superior. Así, la iniciativa señalaba que quienes destinaran fondos para fines distintos a los señalados en los estatutos del plantel deberían pagar una multa equivalente al 50% de lo desviado. En caso de no devolver estos fondos, se configuraría el delito de apropiación indebida, el que puede conllevar penas de hasta cinco años de cárcel. La crítica en este caso es que el lucro no constituía por sí mismo un delito.

Cambios de la indicación sustitutiva

Sin cárcel efectiva

La indicación sustitutiva modificó el marco regulatorio para el lucro en la educación superior y estableció que, en caso de que no se destinen los recursos a los fines de los estatutos, se sancionará con presidio menor en su grado medio, lo que no implica cárcel efectiva. Además, se establece que quien incumpla la normativa debe pagar una multa equivalente al doble del interés que le hubiese significado el desvío de fondos. Los parlamentarios no quedaron conformes, pero señalaron que presentarán indicación para exigir cárcel efectiva.