El discurso íntegro de la última cuenta pública del segundo período de Bachelet

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Revisa acá el contenido completo del mensaje presidencial que la mandataria entregó esta mañana en dos horas y 12 minutos ante el Congreso Pleno.




Queridos compatriotas,

Vengo a dar cuenta ante mis conciudadanos de la marcha de nuestro país. Un país que se transforma, que progresa y que, justamente porque quiere seguir progresando, se ha puesto metas cada vez más amplias.

Un país que se ha atrevido a iniciar cambios de fondo para dar oportunidades justas y equitativas a todos y apostar así por un verdadero desarrollo.

Estoy aquí con la convicción y el orgullo de quien ha recibido la misión de liderar transformaciones que no podían esperar más.

Con ese mismo orgullo, hoy le hablo a un Chile distinto y mejor al que pude ver hace tres o cuatro años, cuando recorrí el país como candidata o cuando mi gobierno comenzaba.

Entonces encontré un Chile que luchaba por ser moderno, orgulloso de sus logros, dispuesto a preservarlos, pero con madurez suficiente como para enfrentar sus desafíos y dar un paso mayor en su trayectoria.

Un Chile con la frente en alto, pero también con tensiones e impaciencia. Un Chile de contrastes injustos, donde prácticas indeseables se volvían habituales; donde las debilidades en la economía y la política se convertían en un freno para el progreso y donde las buenas rachas no estaban siendo aprovechadas para el desarrollo.

Sobre todo, un Chile que no había hecho suficiente por acabar con las grandes desigualdades que arrastraba, abusos que se mantenían y que frustran los esfuerzos que hacen las personas y sus familias por surgir.

Un Chile con un malestar profundo por tantas barreras invisibles que impedían el progreso de sus ciudadanos y que les ponían techos arbitrarios a su bienestar.

Un Chile con una certeza: en una sociedad que mantiene las inequidades y los privilegios, el trabajo duro y el sacrificio de las familias no rinde, y la dignidad no se reconoce.

Que si impera la pura lógica de mercado, temas vitales como la educación, la salud o la vivienda pasan a ser bienes de consumo, que crean divisiones entre quienes pueden y quienes no pueden pagarlos.

Que si la economía descansa en las bonanzas pasajeras o en la visión cortoplacista, no hay crecimiento sostenido ni se favorece el emprendimiento.

Que si la democracia no representa bien el poder de los ciudadanos o se tolera la corrupción, crece la desconfianza y el sentido de comunidad se debilita.

Así de claro. Según los datos generales parecía que todo estaba bien, pero los chilenos y chilenas sabían que la situación no daba para más.

Ningún país en el mundo había alcanzado tal nivel de desarrollo manteniendo niveles tan altos de desigualdad. Y eso no era sostenible.

Era necesario hacer cambios de fondo, con participación de todos y mirada de largo plazo.

Era hora de ir de las palabras a la acción, aun sabiendo que cuatro años de Gobierno no bastan para revertir males históricos. Sabiendo que podíamos instalar nuevas bases para el desarrollo. Bases más equitativas, sostenibles, estratégicas, solidarias y humanas.

Esa es la tarea a la que me he entregado como Gobernante y por la cual estoy llamada a rendir hoy cuentas ante este Congreso Pleno, ante mis compatriotas y ante la Historia.

Y lo digo con humildad, pero con firmeza: hemos tenido el coraje de mirar nuestros problemas de frente. Hemos puesto en el centro del debate temas que hasta ahora no habíamos debatido. Temas como una nueva constitución, la reforma tributaria, el fin del binominal, la corrupción, la gratuidad, la despenalización de la interrupción del embarazo, la unión civil.

Nos hemos atrevido a poner en marcha las transformaciones que comprometimos. No ha sido fácil, no ha sido perfecto. Hemos experimentado las dificultades propias de un cambio de gran magnitud. Hemos visto lo que ocurre cuando se descorre el tupido velo de las malas prácticas y lo hemos enfrentado.

Hemos cambiado realidades concretas y estamos construyendo un Chile mejor para todos y todas. De eso quiero hablarles hoy: de cómo hemos hecho, juntos, aquello que muchos creían imposible hacer.

Sé que falta mucho. Sé que consolidar y avanzar en las transformaciones requerirá un buen tiempo más allá de mi gobierno. Sé que son cambios que habrá que continuar y profundizar, y que los chilenos y chilenas deberán decidirlos.

Pero el horizonte hacia el que nos movemos está claro:

El horizonte es un Chile donde cada uno valga lo mismo que cualquier otro en esta nación.

Un país de libertades, donde cada uno pueda elegir la vida que desea, y expresar sin trabas lo que piensa.

Donde todas las familias tengan la certeza de que sus hijos podrán acceder a una educación de calidad desde que entren a la sala cuna hasta que terminen sus estudios superiores.

Donde, frente a cualquier problema de salud, las personas tengan la seguridad de que serán atendidas bien, a tiempo y con la mejor infraestructura y tecnología.

Donde podamos vivir sin temer ni desconfiar del vecino, del extraño o del que viene a buscar una oportunidad a nuestras tierras.

Donde nos cuidemos unos a otros.

Donde nuestra economía tenga muchos motores potentes de crecimiento, con áreas estratégicas consensuadas entre las empresas, el Estado y la sociedad civil.

Donde nuestro medio ambiente esté protegido. Donde los barrios y las ciudades estén al servicio de la vida en común, y sean bellos, seguros, acogedores y sustentables.

Un país con derechos efectivos, instituciones que los respetan y defienden, con una política transparente y permeable a las necesidades de la ciudadanía.

Ese es el horizonte que nos mueve. Y aunque parece lejano, hemos vencido grandes obstáculos y estamos caminando hacia él, como les mostraré.

Hemos hecho muchas cosas en este tiempo y haremos otras en los meses que quedan. Muchas más de las que puedo describirles en esta cuenta pública. Y quiero destacar hoy aquellas iniciativas y medidas con las que estamos sentando las bases indispensables para el Chile que queremos.

En primer lugar, quiero compartirles los avances en educación, porque es nuestra prioridad y la de Chile, porque es el espacio donde las personas forman sus capacidades para surgir y convivir con otros.

En segundo lugar, les mostraré lo que hemos hecho para tener una economía más moderna, más productiva y más justa.

En tercer lugar, mencionaré los aumentos y mejorías que hemos logrado en la protección de las personas y sus familias.

En cuarto lugar, describiré las iniciativas que nos han permitido mejorar nuestra vida en común en los barrios, en el medioambiente, la cultura y el transporte.

Finalmente, en quinto lugar, me referiré a los fuertes avances que estamos haciendo en la organización de la vida política del país.

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Compatriotas,

Ha sido la propia ciudadanía la que ha puesto la educación en el centro de las prioridades de nuestro desarrollo. Y tiene razón, porque allí se encuentra el verdadero motor de toda sociedad, allí desplegamos nuestras potencialidades como personas, nos formamos como ciudadanos, y forjamos herramientas para el bienestar de todos.

Los cambios profundos en educación se hacen cada cuarenta o cincuenta años.

Hace casi un siglo, el país dio un salto adelante al hacer obligatoria la educación primaria. Y no fue sino hasta la década de los sesenta que se garantizó el acceso efectivo a la educación escolar de todos los niños chilenos.

Precisamente defendiendo la ley de instrucción Primaria Obligatoria, un joven Pedro Aguirre Cerda decía que la educación "multiplica el producto de la actividad humana y proporciona mejor empleo a la riqueza productiva." Y agregaba que "las manos se hacen sabias cuando son dirigidas por una cabeza que piensa."

Si entonces el gran desafío fue asegurar que ningún niño o niña quedara sin ir a la escuela, ahora la exigencia es elevar la equidad y la calidad de la educación en todos sus niveles.

Hemos puesto en marcha una reforma estructural: impactando desde la sala cuna hasta la educación superior, cambiando el foco desde la discriminación al derecho, desde el lucro de unos pocos a la calidad de muchos; fortaleciendo el rol de los profesores y su satisfacción profesional, construyendo establecimientos de alto estándar allí donde no los había.

Transformando, en definitiva, una educación que funcionaba como bien de consumo, en una educación entendida como derecho social y palanca fundamental del desarrollo.

¿Qué hemos hecho, en concreto?

Hemos creado más jardines y salas cuna porque quienes pueden asistir a la educación inicial tienen mejores expectativas de desempeño escolar que quienes no pueden. Si entre 2010 y 2014 se aumentó en cerca de 24 mil los cupos para niños y niñas de 0 a 4 años, nosotros quisimos ir mucho más lejos: hemos aumentado en 50 mil cupos y llegaremos a cerca de 70 mil el 2018.

Por eso, también, hemos creado la institucionalidad y la normativa que aseguren que jardines y salas cunas tengan la calidad necesaria y sean estrictamente fiscalizados.

Y como el pilar de la educación son los profesores, hemos dignificado sus condiciones laborales, aumentado su tiempo para preparar clases y evaluar. Y desde julio de este año, aumentaremos las remuneraciones de los docentes del sector municipal en más de un 30% como promedio. Así, si un profesor con jornada completa de 37 horas en el inicio de su carrera ganaba en promedio 580 mil pesos, con la Carrera docente ganará 827 mil pesos.

Estamos creando una carrera docente de alto nivel, que atraiga a los mejores jóvenes a esta vocación, fortaleciendo las pedagogías y fomentando el perfeccionamiento de profesores de enseñanza pública y particular subvencionada. Solo el 2018 el Centro de Desarrollo Docente del MINEDUC realizará 71 postítulos para 2.100 docentes de enseñanza básica y media técnico-profesional.

Porque sabemos que la enseñanza en cada sala va a mejorar significativamente si contamos con profesores mejor formados, mejor pagados y con más tiempo para preparar sus clases.

Los y las asistentes de la educación, con sus labores de apoyo, también juegan un rol clave en la calidad de la educación. Hicimos el compromiso de avanzar en mejorar su carrera, y estamos preparando, en diálogo con los involucrados, un Proyecto de Estatuto de los Asistentes de la Educación que esperamos concluir para enviar a este Congreso.

Además, hemos consagrado el principio de inclusión en los establecimientos que reciben recursos públicos y estamos terminando con la selección arbitraria de los alumnos: a partir de este año, las familias empezarán a elegir un colegio, no a la inversa.

Estamos eliminando el copago en los establecimientos que reciben recursos públicos. Gracias a esto, sin cambiarse de establecimiento, más de 290 mil escolares que pagaban por su colegio, hoy estudian gratis. Al fin del Gobierno, serán cerca de 420 mil.

Quiero aclarar que hemos terminado el financiamiento compartido sin disminuir los recursos para los establecimientos. Al contrario: aumentamos en un 20% la subvención preferencial, creamos la subvención para la clase media y el aporte por gratuidad.

Y hemos concentrado recursos, especialmente, en la revalorización de la educación pública, con un extenso plan de infraestructura que hasta ahora ha beneficiado a 2 mil 86 establecimientos públicos del país. Estamos hablando de un cambio que ha llegado a más de 570 mil estudiantes.

Hemos entregado instrumentos esenciales a los alumnos. Hablo de millones de textos escolares cada año. Hablo de más de 295 mil niños y niñas que han recibido su computador en los últimos tres años. Hablo de casos como el de Francisco, un niño de Puerto Varas que recibió su computador azul, tal como él lo eligió y que se comprometió a mejorar sus notas.

No es un regalo o un premio para algunos. Es un derecho. Esa es la lógica que queremos: que todos tengan derecho a las mismas herramientas para una educación de calidad.

¡Porque así, con todos y todas, sin que nadie quede atrás, debe avanzar la educación!

Estamos trabajando, paralelamente, para modificar un sistema de administración municipal de la educación pública que tiene serios problemas. No queremos que el futuro de un niño esté determinado por la capacidad económica o de gestión de su municipio. Y pido a este Congreso su apoyo para hacer realidad este propósito de equidad básica.

Y repusimos la educación cívica en todos los colegios. Porque la vida escolar es la puerta de entrada a la vida en común, a la participación informada, a la pertenencia y la solidaridad.

En materia de enseñanza superior, hemos trabajado intensamente para garantizar el derecho a estudiar, más allá de las condiciones económicas de cada estudiante, o del territorio en el que viva. Y hemos enfrentado el déficit de oferta de educación superior en las regiones, tanto universitaria como técnica.

Los 15 centros de formación técnica estatales, vinculados con universidades públicas, ya tienen sus decretos de creación y están comenzando a implementarse.

Este 2017 partirán los primeros 5 CFT en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Maule, la Araucanía y Los Lagos, con rectores o rectoras nombrados por la alta dirección pública, de manera que los primeros alumnos empiecen a estudiar en marzo del 2018.

Entre 2018 y 2019 será el turno de los CFT de Antofagasta, Región Metropolitana, Valparaíso, Los Ríos y Magallanes, y entre 2020 y 2021 Biobío, Arica y Parinacota, Atacama, O'Higgins y Aysén.

Esta es una apuesta histórica por la educación técnica, de una magnitud que el Estado no había asumido nunca antes en Chile. Justamente por eso, y porque confiamos en el poder transformador que implicará para las regiones, era un desafío impostergable.

Paralelamente, este año, cientos de jóvenes de las regiones de O'Higgins y Aysén iniciaron su año académico en las nuevas universidades estatales: ni ellos se van ni su región los pierde. Y por cierto, más de la mitad estudia con gratuidad.

Porque, a quienes dudaban de la verdad y el alcance de la gratuidad, quiero decirles que es una realidad que avanza a paso firme.

No estamos hablando solamente de becas. Estamos hablando de que hoy, en la educación superior, todos los estudiantes que pertenecen al 50% de las familias más vulnerables, pueden estudiar sin endeudarse en 32 universidades y, partir de este año, también en 6 Institutos Profesionales y 6 Centros de Formación Técnica lo largo de todo Chile. Para ellos y ellas, un nuevo futuro se ha abierto.

No es una ficción ni de un puñado de personas. Son, en total, más de 257 mil jóvenes con nombre y apellido, con historias de esfuerzo y esperanza, para quienes estudiar implica hoy el desafío de aprender, no el de hipotecar su mañana. Estoy hablando de personas, de familias, que hoy ven a sus hijos hacerse grandes sin angustia ni deudas.

Todos conocemos estas historias. Hace sólo cuatro años, cuando partimos la campaña, miles de familias con hijos jóvenes tenían que elegir a cuál de ellos podían costear su educación superior.

Hoy tenemos casos como el de la señora Eugenia en La Serena, que tiene a sus 4 hijos estudiando en la educación superior con gratuidad.

¡Esta es la nueva realidad de Chile, que debemos ampliar y consolidar!

Por eso, hoy quiero anunciarles que el año 2018 la gratuidad en educación superior, universitaria, técnica y profesional, se extenderá al 60% de los estudiantes más vulnerables. ¡Porque nuestros jóvenes no pueden esperar!

Pero nuestro anhelo sigue siendo avanzar hacia la gratuidad universal. Porque la gratuidad para todos es la expresión más clara de una educación entendida como derecho social y no como bien de consumo. Porque en ella se materializa la verdadera libertad de elegir.

Por eso, en los próximos meses esperamos aprobar el nuevo sistema de educación superior que se tramita ante este Congreso, consagrando por ley la gratuidad.

¡Además, mañana enviaré a este Congreso un proyecto de ley específico que fortalecerá las universidades estatales, dotándolas de un nuevo marco regulatorio!

Como gobierno nos comprometimos a terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE). En los próximos meses enviaremos un proyecto de ley al Congreso que establecerá un sistema de financiamiento estudiantil que complemente nuestros esfuerzos en gratuidad. La iniciativa considera la creación de una entidad pública, y la promoción de estándares de calidad en todas las instituciones que accedan al beneficio.

Pido a este Congreso su apoyo en la pronta tramitación de estas leyes.

Queridos compatriotas, no nos engañemos: quien quiera echar pie atrás en una política seria, inclusiva y responsable –como es la gratuidad en la educación superior– le estará dando la espalda a Chile y a las familias chilenas.

Defender esta conquista es una tarea de todos.

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Pero no sólo estamos transformando nuestra educación.

También estamos enfrentando otro retraso: el fortalecimiento y modernización de nuestra economía. Hace años vemos signos de agotamiento en un modelo de crecimiento limitado: no basta con exportar unas pocas materias primas, confiando en que los precios internacionales nos favorezcan. La mayor demostración ha sido la pérdida de vigor de nuestro crecimiento desde fines del 2012, la menor dinámica exportadora desde hace 10 años y una productividad estancada desde hace aún más tiempo.

Necesitamos transitar hacia una economía renovada, con capacidades para innovar, más productiva, con más fuentes de riqueza, que respeta la dignidad de las comunidades, los derechos de los trabajadores y de las personas que pagan por un bien y un servicio.

De ello depende nuestro bienestar, la posibilidad de hacer realidad nuestros sueños. Sin fortaleza económica, los anhelos de un mejor país serán una quimera.

Lo novedoso no es el diagnóstico: es que estamos pasando del dicho al hecho. Hemos sentado bases reales para un crecimiento más elevado y sustentable, que es lo que queremos para que haya más prosperidad, empleo y políticas sociales más amplias.

En muchos sectores nuestra acción está marcando una diferencia, desde la producción de alimentos saludables y la generación energética, a la exportación de servicios.

Permítanme darles un ejemplo que hace pocos años habría parecido ciencia ficción: en el norte de Chile se están generando iniciativas que permitirán un nuevo polo de desarrollo en torno a la industria solar y la explotación de litio con la incorporación decidida de mayor valor agregado, nuevas capacidades tecnológicas, cobre limpio y la exportación de servicios avanzados en minería.

Si seguimos en esta senda, desde el desierto chileno podrán salir diversos componentes tecnológicos para la movilidad y la comunicación en lugar de concentrados de cobre.

Podemos hacerlo, tenemos todo el potencial. Tenemos la radiación solar más alta del planeta y una de las reservas de litio más abundantes del mundo.

Pero estos recursos naturales no son suficientes por sí solos. Tenemos que extraerles todo su valor, con inteligencia e innovación, con políticas públicas que coordinen la acción del sector público, el privado y las comunidades, con estándares medioambientales exigentes.

Es lo que estamos haciendo con numerosos programas de diálogo e investigación público-privada, con el aumento de los recursos destinados a innovación en 45% respecto del 2013 y poniendo a disposición de nuevos proyectos un monto significativo de terrenos fiscales.

Por ejemplo, hemos desarrollado programas de industrias inteligentes Solar y Litio que permitirán incrementar el valor de nuestros recursos. Y hemos desplegado una nueva Política para el Litio y Gobernanza de los Salares, que refuerza el rol del Estado como dueño de estos recursos.

Hoy tenemos un acuerdo con uno de los mayores actores mundiales que implica nuevos ingresos para el Estado, y un excelente acuerdo con las comunidades. En esta misma línea, Codelco prepara la primera explotación pública en asociación con el sector privado en los salares Maricunga y Pedernales.

Pero no sólo en materia del Litio hemos tenido una política activa. En el caso del Cobre, luego que Codelco no fuera capitalizada durante el ciclo de precios altos, estamos realizando la mayor capitalización de su historia, por hasta 4 mil millones de dólares, de los cuales hasta ahora van 1.300 millones de dólares.

Eso permitirá a la empresa desarrollar sus proyectos estructurales, y mantener la competitividad de nuestra mayor empresa.  Codelco y sus trabajadores han respondido a esta confianza del país y han reducido significativamente sus costos y aumentado su productividad.

Y hay nuevos desafíos de la minería que también debemos abordar con una mirada estratégica como país, como la producción limpia de los metales. Por eso, he encargado a Codelco, InvestChile, Corfo, y Enami que inicien un estudio conjunto para establecer una nueva fundición en la región de Atacama que esté a la vanguardia en tecnología limpia y permita recuperar más minerales.

Y así como estamos creando nuevas bases para el desarrollo de la energía solar, del litio o del cobre, estamos creándolas para el conjunto de la economía.

En primer lugar, hemos logrado una veloz transformación energética. Cuando llegamos al Gobierno, la energía era un freno para nuestro desarrollo. Por su alto precio, por su alta contaminación y por la inestabilidad del sistema de transmisión.

Hoy, con buenas políticas públicas, con visión de futuro, con diálogo y con las empresas y la sociedad civil, la energía es, al contrario, un potente motor de inversión y de competitividad.

Las metas que propusimos para transformar nuestra realidad energética están prácticamente todas cumplidas. Lo que parecía imposible lo hemos logrado.

Hablemos de los costos: si en marzo de 2014, el costo marginal promedio era de 129 dólares por MWh, al finalizar el año 2016 cayó a 60,6 dólares por MWh, una disminución del 59%. Al perfeccionar el sistema de licitaciones de suministro no sólo frenamos las alzas, sino que reduciremos las cuentas en 20% para familias y PYMES de aquí a tres años.

Hablemos también de las inversiones. Ha quedado claro que más y mejor regulación no son un freno: entre 2014 y el año pasado, se ha acumulado 16 mil millones de dólares de inversión materializada, mientras en el período anterior fueron solo 9 mil.

Pero lo que ha cambiado el rostro del sector y de nuestra economía es el salto inédito que hemos dado en energías renovables y limpias. En diciembre 2013, las energías renovables no convencionales representaban apenas un 6,3% del total. En marzo de 2017, llegamos a 16,7%, lo que significa que durante este Gobierno la participación de tecnologías limpias y renovable ha aumentado casi tres veces.

Pero sin un sistema de transmisión eficiente, que permita inyectar energía solar y eólica del norte y llevarla a todo Chile, no es posible imaginar un sistema eléctrico robusto.

Gracias a la interconexión entre el Sistema Interconectado Central y del Norte Grande, Chile por primera vez tendrá una línea de trasmisión continua desde Arica a Chiloé. Este proyecto lleva un 90% de avance y la semana pasada se puso la última torre.

También es fundamental el proyecto Cardones-Polpaico, para la distribución de la energía eléctrica, y haremos todo lo posible para terminarlo durante mi Gobierno.

Estamos dejando en pie una industria energética dinámica, que nos sitúa como un ejemplo mundial y líder regional, pero que además se ha convertido en un pilar de nuestro compromiso ambiental y de la renovación de nuestra economía.

Estas son bases para que la diversificación, la innovación y los aumentos de productividad sean sello de nuestra nueva economía, y no solo el acto audaz de algún emprendedor.

Así, mediante una labor conjunta con el sector privado, estamos impulsando los Programas Estratégicos de Especialización Inteligente, para definir acciones en sectores económicos con ventajas comparativas y oportunidades de mercado. No sólo en Industria Solar o Minería, también en Economía Creativa, Alimentos Saludables, Manufactura Avanzada, Tecnología y servicios en Salud, Pesca y Acuicultura, Construcción o Turismo sustentable.

Gracias al Fondo de Inversión Estratégica, hay más de 840 iniciativas para ejecutar, por 104 mil millones de pesos en recursos estatales y 504 mil millones en recursos privados.

Tomemos el caso de la agricultura. Allí el programa estratégico en Alimentos Saludables contempla iniciativas como el desarrollo de aditivos naturales. Ello, porque en el mundo son cada día más los clientes que exigen alimentos saludables.

Es precisamente allí donde nuestros productos agroalimentarios ganan en valor al tener endulzantes, colorantes o antioxidantes elaborados a partir de algas, canela, polen o cereales, que pueden incluirse en la composición de productos más competitivos en los nuevos mercados.

De hecho, Chile ha obtenido la equivalencia en productos orgánicos de la Unión Europea. Así, en las mesas europeas hoy están nuestros arándanos, aceites de oliva o rosa mosqueta.

Pero para que podamos hablar verdaderamente de mejores bases para la agricultura, también tenemos que hacernos cargo de un severo problema que complica la competitividad del agro: la disponibilidad de agua para riego.

Hemos actuado para terminar con este obstáculo. Hemos logrado cifras históricas de inversión por parte de la Comisión Nacional de Riego entre 2014 y 2017. Gracias a esto, ya hay 95 mil 550 hombres y mujeres del campo que ven con más tranquilidad su futuro.

Con el Plan de Grandes Embalses, está en construcción el embalse Valle Hermoso, se inició la ejecución del Embalse Chironta, en Arica y Parinacota y está adjudicado el de La Punilla, en Bio Bio. En el segundo semestre llamaremos a licitación los embalses de Murallas Viejas, en Coquimbo y de Catemu y Las Palmas en Valparaíso.

Esto es un avance sustancial en seguridad hídrica, puesto que habremos más que triplicado el ritmo previo de 1,5 embalses licitados por gobierno. Con el Plan de Pequeños Embalses, hemos terminado o rehabilitado 14 embalses y proyectamos que este número llegue a 27 antes de finalizar el gobierno.

Una economía renovada requiere una infraestructura adecuada, desde carreteras hasta puertos. Y aquí también hay avances destacados en asociación con el sector privado. Se está desarrollando un plan vial para distintos puntos del país; ya se han licitado importantes proyectos como el Túnel del Melón, Nuevos Aeropuertos en Santiago y Concepción.

Solo en esta última semana se han recibido 5 ofertas para el proyecto Américo Vespucio Oriente II, de parte de 5 grandes consorcios. Entre nuevas licitaciones y mejoramientos de carreteras, solo los dos primeros años de gobierno se comprometieron inversiones por 2 mil 700 millones de dólares, y esperamos que sean 5 mil 500 al terminar el gobierno.

Ampliar la diversidad y la innovación en la economía es necesario, pero no basta. Para crear bases sólidas también necesitamos un mejor Estado, activo allí donde es irremplazable.

En primer lugar, como Gobierno hemos pensado estratégicamente los desafíos de Chile, y hemos convocado a todos los actores a la construcción de una mirada común y de largo plazo, más allá de un período presidencial. Hemos visto numerosos ejemplos en este sentido, como las propuestas del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo o de la Comisión Nacional de Productividad, la Política Energía 2050, o la Agenda Digital 2020. Agradezco a todos los que han participado pensando en Chile.

En segundo lugar, hemos llevado adelante una política fiscal responsable. Estamos reduciendo nuestro déficit estructural en 0,25% del PIB por año. Nuestro marco además posibilita tasas de interés bajas pro inversión y que permiten un tipo de cambio competitivo.

No ha sido fácil avanzar en esta consolidación, ha implicado restricciones y avanzar más lento de lo que quisiéramos en algunas áreas. Teníamos que dar el ejemplo y por eso se adoptaron medidas de austeridad, como congelamiento del reajuste de sueldos a autoridades, limitación de viajes, viáticos y publicidad.

Para dar estabilidad a la inversión en políticas públicas, y en especial en educación, hicimos una reforma tributaria que recauda 3% del PIB, nacida de un acuerdo transversal, que consideró un sistema simplificado para PYMES y restringió tanto la evasión como la elusión.

Es una reforma que ha sido eficaz porque ha permitido que el país cuente con recursos para financiar responsablemente nuevos gastos permanentes. Ha sido equitativa porque los que tienen más, contribuyen más: de acuerdo al Banco Mundial el 10% más rico de Chile paga 93% de los incrementos en impuestos recaudados. Así, los mayores impuestos pagados por el 0,1% más rico de la población aportan el 73% del total recaudado.

No es el único caso de actualización de nuestras instituciones y procedimientos.

La economía es un espacio común, donde las malas prácticas de unos terminan afectándonos a todos. Chile ya no tolera el abuso o el engaño en los mercados. Para hacerle frente, presentamos y aprobamos la ley que fortalece el sistema de defensa de la Libre Competencia, en línea con las mejores prácticas de los países de la OCDE. Con ello se defiende a las personas y se fortalece la economía.

Paralelamente hemos propuesto un SERNAC fortalecido y con más atribuciones, proyecto que está en su último trámite constitucional y pido a este Congreso aprobar pronto.

De lo que se trata es que opere el mercado, pero que lo haga bien. Por eso, también hemos sometido a revisión del Congreso dos proyectos para modernizar la gestión de inversión público-privada: el Fondo de Infraestructura y la nueva Dirección General de Concesiones.

Y para construir mejores oportunidades de desarrollo debemos estar insertos en el mundo.

No es posible cerrarse a la globalización, ni se puede triunfar individualmente en un escenario global complejo y cambiante. Debemos ser competitivos, pero también trabajar para construir espacios de cooperación y alianzas internacionales que nos fortalezcan.

Chile tiene vocación de integración y privilegia los caminos del multilateralismo. He llevado esta postura a todos los foros internacionales y seguiré insistiendo en ello. Hemos trabajado en la integración global y regional, y nuestros aliados reconocen el liderazgo de Chile en este ámbito. Esto es lo que queremos proyectar a largo plazo.

Firmamos nuevos acuerdos comerciales y ratificamos 6 nuevos convenios para evitar la doble tributación, con países como Japón, Argentina y China. Modernizamos, además, la legislación aduanera para simplificar las operaciones de comercio exterior.

Para fortalecer la atracción de inversiones al país, en 2016 se lanzó la nueva Agencia para la Promoción de Inversión Extranjera, InvestChile, con lo cual pasamos de una política pasiva de recepción de inversión extranjera directa a una política activa, con estándares OCDE. Este año InvestChile abrirá oficinas en Estados Unidos, Japón y Alemania.

Desde la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico que ejercemos este año, suscribimos una hoja de ruta para avanzar en la integración financiera con el MERCOSUR. También organizamos la Cumbre de Presidentes en Puerto Varas y trabajamos en fortalecer la proyección hacia el Asia Pacífico, con una intensa agenda de cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Una buena noticia para nuestra integración regional es que hemos recibido 10 ofertas en la precalificación para la construcción del túnel de Aguas Negras, lo que nos permitirá licitar el segundo semestre de este año. Se trata de un túnel de casi 14 kilómetros, el mayor proyecto de interconexión con Argentina.

Y para sentar mejores bases institucionales a nuestra vocación de integración hemos enviado a este Congreso un proyecto de ley de modernización de la Cancillería.

Estos avances se han logrado con una política exterior basada en una línea de comportamiento consistente: creemos en las reglas y en las instituciones como camino para resolver cualquier diferencia. Nuestra apertura a la integración es inseparable de la defensa de nuestra soberanía en el marco de los acuerdos vigentes.

Junto con estas determinaciones, para consolidar nuestro desarrollo necesitamos fortalecer también la innovación, partiendo por el sector público. Creamos el Laboratorio de Gobierno, que ha generado aportes como una nueva cuenta de la luz, confiable, que cualquier persona puede entender, o soluciones en salud y energía; o el proyecto Aulab que, junto a estudiantes, ha ayudado, en una primera versión, a crear nuevas respuestas frente a desastres y, en la segunda, a generar estrategias que potencien el turismo.

Y para estimular y coordinar los esfuerzos para poner el conocimiento y la innovación al centro de nuestro desarrollo, estamos creando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya propuesta se discute en este Congreso y que esperamos esté aprobada este año.

El año pasado dimos el primer paso para incorporar a Chile a Eureka, la red de I+D e Innovación más importante del mundo. El ingreso de Chile como miembro asociado quedará formalizado en pocas semanas en Madrid. Es un reconocimiento y aliciente, y nos incorpora en las mejores redes y prácticas en materia de innovación empresarial.

Son medidas que hacen la diferencia entre limitarse a aprovechar el buen precio de las materias primas –como ocurrió con el cobre– y asumir la responsabilidad de hacer cambios impostergables. Hemos mostrado que Chile puede y que el inmovilismo no tiene futuro.

En época de vacas gordas Chile no se preparó para un crecimiento sostenido. Ahora nos estamos preparando para que no volvamos a cometer ese error.

Pero modernizar nuestras capacidades para el desarrollo económico no sólo tiene que ver con crear bases para el futuro. Es también atender las preocupaciones y urgencias del presente, porque en ellas se juega el bienestar de las personas y sus familias.

Para transitar hacia una mejor economía debemos democratizar las oportunidades para emprender. Queremos que quien tenga una buena idea pueda hacerla realidad, independiente de su origen social, o de su red de contactos.

Hemos simplificado los trámites y la postulación a apoyos. En mi Gobierno se han creado 325 mil empresas, 60 mil más que en la administración anterior. El caso emblemático es la plataforma "Escritorio Empresa", que en un solo sitio permite crear una empresa, hacer trámites, acceder a documentos, certificados y postulaciones, ahorrando tiempo y dinero.

Pero sin acceso al financiamiento es difícil que el emprendimiento despegue.

Por eso hemos hecho cambios para tener más competencia en los medios de pago a través de entidades no bancarias y que las PYMES tengan mejor acceso al factoring.

Con su capitalización, Banco Estado ha profundizado su participación de mercado. En las empresas de menor tamaño aumentó más de 30% del volumen de crédito en el Gobierno.

Y hemos consolidado un ecosistema de apoyo técnico y acompañamiento en las regiones.

Con su tienda de diseño de vestuario en Cañete, Tania Huenul pasó de vender 400 mil pesos mensuales a 6 millones. De trabajar sola pasó a dar trabajo a 4 personas. ¿Cuál fue la diferencia? Que pudo acudir al Centro de Desarrollo de Negocios de Cañete, uno de los 48 que están operando en todas las regiones, que ayudan gratuita y personalizadamente a las empresas de menor tamaño en su gestión.

De 13 mil proyectos asesorados, ya en el primer año, el 46% de los casos, casi la mitad, tiene resultados concretos: aumento de ventas, generación de empleos y acceso a financiamiento. Bueno, este año llegaremos a 51 centros.

Pero además está la red de 18 incubadoras de negocios, que el año pasado consiguieron subir en 60% las ventas con respecto al año 2013 para 500 proyectos incubados, generando más de 1.400 empleos de tiempo completo y de alta especialización.

O con el Fondo de Desarrollo de Ferias Libres, que entre 2014 y 2016 ha beneficiado a más de 23.000 puestos, con asesorías y financiamiento para infraestructura y equipamiento.

Pero en economía no basta competir, también hay que colaborar. Hemos aumentado los espacios de asociatividad con la ley y reglamento para facilitar la constitución de Cooperativas; o con el programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, que ha beneficiado a 63 barrios y más de 11 mil empresas, o los 36 centros de trabajo colaborativo o co-work, que ya atienden en Arica, Talca o Castro a 900 emprendedores al mes.

Por ejemplo, el Barrio Bernardo O´Higgins, de Chiguayante, donde los locatarios han fortalecido sus capacidades conociendo experiencias internacionales de barrios similares. Sus ventas han aumentado entre 25 y 30 por ciento en promedio.

Hemos apoyado, además, a 10 mil almaceneros, en 328 comunas, capacitados para hacer crecer su negocio con el programa "Almacenes de Chile".

Pero queremos una economía inclusiva no sólo en las ciudades. Por eso, también hemos reforzado la asociatividad económica y gremial en la agricultura familiar campesina, con más de 100 empresas asociativas que ahora cuentan con un plan estratégico definido.

Junto a los campesinos hemos trabajado para mejorar su producción y comercialización. Ya 14 mil productores acceden a canales de comercialización más estables, con más capacidad de negociación, incluyendo sellos, contratos con distribuidores, ferias y tiendas virtuales.

Esto genera mejores perspectivas para productos tan emblemáticos como el Limón de Pica, la Langosta de Juan Fernández, la Sal de Cahuil, o el Orégano de Putre.

En turismo se ha logrado una gran expansión, con promoción en el exterior, con iniciativas para potenciar nuevos destinos y programas estratégicos para aumentar el turismo de intereses especiales. Y también preparando nuestro capital humano para este desafío, con iniciativas como ChileValora, que ha contribuido con 7 mil certificaciones de competencias.

De hecho, el 2016 tuvimos cifras récord, con 5 millones 600 mil turistas extranjeros, 26% más que el año anterior y 57% más que el año 2013. ¿El resultado? Hubo un crecimiento de 8,4% entre los ocupados del sector. Las cifras para el 2017 se muestran muy alentadoras para seguir consolidando el dinamismo del turismo.

Además del turismo, tenemos grandes oportunidades de exportación de servicios. El proyecto de Datos Personales, que se discute en el Senado, permitirá que nuestra industria informática pueda desplegar todo su potencial.

En definitiva, si hemos podido mantener una economía sana es porque hay sectores que están mejorando y, más importante, hay miles de emprendedores, trabajadores y trabajadoras, que han comprobado que el Estado está presente donde se necesita.

Hay sectores que se han visto más complicados, como la pequeña minería. También hemos estado allí. Lo saben los 25 mil mineros artesanales y trabajadores del área que, en una fase de dificultad, han recibido más de 31 mil millones de pesos en apoyo, más del doble de lo entregado en el período anterior. O los trabajadores de 13 medianas empresas mineras que recibieron créditos por más de 14 mil millones de pesos para sostener su operación.

Son resultados que van en la dirección correcta, que ayudan a sobrellevar un momento económico desfavorable, pero a la vez impulsan una economía más diversa y moderna.

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Ciudadanos y ciudadanas de mi patria,

Así como estamos creando nuevas bases para nuestra economía, también tenemos que crear un nuevo piso de protecciones y seguridades para las personas. Certezas que no dependan del poder adquisitivo, que se reconozcan como un derecho para todos. Porque este es el objetivo final del verdadero desarrollo: que las personas, todas ellas, vivan mejor.

Eso significa, por ejemplo, más trabajo, más capacitación y mejor calidad del empleo de nuestros compatriotas, especialmente de quienes enfrentan más dificultades.

A pesar de la prolongada desaceleración económica que nos ha tocado enfrentar, desde marzo de 2014 se han creado más de 300 mil puestos de trabajo y la tasa de desempleo ha promediado 6,5%, significativamente por debajo del promedio histórico.

Y hemos dado prioridad a dos grupos de compatriotas: quienes tienen dificultades para ingresar al mercado laboral y quienes enfrentan una situación de cesantía.

Con los programas de capacitación habremos llegado a 350 mil personas al final de este Gobierno. De ellas, 4 mil 500 son personas con algún tipo de discapacidad.

Hemos favorecido directamente la obtención de empleo de mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad, gracias al programa de capacitación Más Capaz. Hasta ahora se han capacitado casi 125 mil personas en todo el país y llegaremos a 185 mil al fin del Gobierno. ¿Qué es lo más importante? Que al cuarto mes de egreso tenemos un treinta por ciento de personas cotizando, es decir con trabajo formal.

El 2016 los subsidios de empleo joven y de mujeres, fueron un 70% mayores a los de 2013.

Y entre 2014 y 2016 más de 83 mil mujeres jefas de hogar fueron habilitadas para acceder a trabajos de calidad a través del Programa Jefas de Hogar, aumentando en 32 comunas su cobertura territorial.

Con la aprobación de la ley de Inclusión Laboral, el 1% de los empleos en empresas con más de 100 trabajadores, estará reservado para personas con discapacidad, y las personas con discapacidad mental ya no puedan recibir salarios menores al mínimo, como ocurría antes.

Aumentamos en un 118% la inversión en políticas de género en dos años y aumentamos la diversidad en la composición de los directorios de empresas públicas: ya cumplimos el compromiso de tener el 40% de directoras en el Sistema de Empresas Públicas.

También aumentamos el apoyo a los trabajadores desempleados. Con la reforma al Seguro de Cesantía, reajustamos las tasas de reemplazo y los cambios en los topes mínimo y máximo. Así, el primer mes se recibirá un 70% del promedio de remuneraciones de los últimos 12 meses en vez de 50% y el tope máximo se fijó en 578 mil pesos, más del doble que los 234 mil anteriores.

También hemos estado presentes en momentos de dificultad con planes de mitigación, con el fondo de pesca artesanal, o apoyando el pago de créditos hipotecarios de viviendas vía subsidio en caso de cesantía, lo que favorece especialmente a los sectores medios.

Con políticas que promueven el trabajo decente, la seguridad y salud laboral, hemos avanzado para lograr un Estado que protege y da confianza a nuestros compatriotas.

Eliminamos los usos abusivos del Multi RUT, que perjudicaban a miles de compatriotas. Establecimos un trato equitativo para las trabajadoras de casa particular, que ahora cuentan con contratos para normar la jornada, los descansos y las remuneraciones, y a quienes nunca más se les podrá exigir uniforme en lugares públicos.

Alcanzamos dos objetivos que los trabajadores y trabajadoras esperaron por años. Cuando llegamos al Gobierno, el salario mínimo era de 210 mil pesos. En enero del año pasado llegó a 250 mil, y llegará a 276 mil en enero próximo. Por otro lado, logramos una reforma laboral que garantiza la huelga efectiva y el piso de negociación, entre otras cosas.

Es decir, hemos hecho la única opción válida para un país que quiere ser justo: mejores condiciones laborales para todos, más inserción laboral y más derechos.

Pronto enviaremos el proyecto de ley que fortalece y moderniza la Dirección del Trabajo.

Aprobamos la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece estándares de nivel internacional. Tal como comprometí en mi cuenta anterior, ya enviamos al congreso un proyecto de ley que crea un fondo para financiar los subsidios para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas afectados por una condición grave de salud, para que puedan acompañarlos y cuidarlos durante su tratamiento.

Y durante este mes enviaremos el proyecto de Ley SANNA, que establece el derecho de los padres a acompañar a sus hijos afectados por una condición grave de salud, con riesgo vital.

También patrocinaremos la moción que propone eliminar la antigua y odiosa diferenciación en el seguro de accidentes del trabajo, que es la distinción entre empleadores y obreros. Así 350 mil trabajadores, hoy calificados como obreros, podrán acceder al sistema que hasta ahora es preferente para empleados.

Después de una vida de esfuerzo y trabajo, las pensiones deben ser satisfactorias. Pero en Chile las pensiones son claramente insuficientes, en especial para las mujeres y los trabajadores independientes.

La sociedad ha expresado con fuerza su demanda por mejores jubilaciones. Hemos escuchado y estamos proponiendo avances concretos, responsables y basados en un acuerdo país.

Tal como en 2008 reformamos el sistema previsional con el Pilar Solidario, respondiendo a miles de compatriotas que antes no tenían ningún ingreso previsional, hoy estamos incorporando un sistema de ahorro colectivo que complemente el esfuerzo individual.

En julio enviaremos el proyecto de ley para reforzar el pilar contributivo del sistema.

Habrá una nueva cotización de 5%, con cargo al empleador, que permitirá la creación de un nuevo Sistema de Ahorro Colectivo. 3% de la nueva cotización irá a una cuenta personal del trabajador y el otro 2% irá a un Seguro de Ahorro Colectivo. Al mismo tiempo, propondremos a este congreso la creación de un organismo público, constitucionalmente autónomo y con altas exigencias, que asegure la correcta administración de estos recursos.

Una vez en funcionamiento, esta reforma permitirá un aumento inmediato de 20% en las jubilaciones de los pensionados de AFP. Y en la medida que el sistema madure, las pensiones de los actuales cotizantes aumentarán 50% en promedio.

Como un esfuerzo especial, hicimos un reajuste extraordinario de 10% en la Pensión Básica Solidaria y en el Aporte Previsional Solidario.

Además, enviaremos un proyecto de ley para que, en caso de desempleo, el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía aporte a las cotizaciones y mitigue las lagunas que, sabemos, son un problema central del sistema.

Pero si hablamos de nuevos pisos mínimos de protección y seguridad para Chile, la salud es un objetivo prioritario, y aquí también hay mucho que decir.

Hace más de diez años, el Plan Auge consagró un principio de universalidad y garantías en materia de salud pública. Logramos que las enfermedades que afectan más a los chilenos y chilenas estén cubiertas tanto en costo como en tiempos de espera.

En mi gobierno hemos ampliado este principio a una serie de enfermedades y tratamientos poco frecuentes con alto costo, gracias a la Ley que hemos llamado Ricarte Soto. Hoy, más de 4 mil 832 personas miran el futuro con tranquilidad porque no deben asumir ese gasto.

Esto, hace unos años era simplemente impensable. Y lo saben mejor que nadie Soledad y su hija que padece de tirosinemia tipo 1, cuyo tratamiento mensual cuesta entre 8 y 10 millones de pesos, algo que prácticamente ninguna familia en Chile puede costear.

Expandimos el margen de acción de la salud pública: con un programa histórico de inversión en infraestructura; más médicos y especialistas; con medicamentos para enfermedades crónicas; y nuevos programas de atención dental y promoción de vida saludable.

Hemos creado, además, un plan nacional de demencia para diagnosticar y tratar casos complejos en los hospitales de Osorno, Punta Arenas y El Salvador, y queremos seguir avanzando para que cada vez más territorios incorporen este servicio.

Y un acto de justicia para las mujeres: eliminamos la calificación del embarazo como preexistencia en las isapres.

Hemos superado en un 40% en términos reales la inversión en salud que se hizo entre 2010 y 2013. Es cierto que las dificultades técnicas y jurídicas de materializar un esfuerzo de esta envergadura han significado algunos atrasos. Puede que algunas obras partan después de lo esperado, pero esas obras se harán porque así está comprometido y sus procesos ya están iniciados.

A marzo de 2018, 21 hospitales quedarán construidos.

Ya están construidos los hospitales de Salamanca, Puerto Aysén, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Pronto estarán listos los de Penco Lirquén, Lanco, Futaleufú y Exequiel González Cortés.

Y están en plena ejecución los hospitales de Antofagasta, Calama, Ovalle, Gustavo Fricke, Chimbarongo, Florida, Pitrufquén, Carahue, Cunco, Quilacahuín y San Juan de la Costa, así como el Hospital de Cochrane.

Hablemos de un caso que ha sido especialmente difícil, el Hospital de San Antonio. Hemos tenido problemas técnicos y administrativos que han retrasado el inicio de la construcción.  Entiendo la frustración y la impaciencia de los habitantes de la comuna y sus alrededores. Pero quiero contarles que tenemos nuevas bases de licitación, ya aprobadas por contraloría, y convocaremos cuanto antes a una nueva licitación pública de la construcción.

Ya hay 21 SAR en operación y 17 con obras terminadas; 31 centros comunitarios de salud familiar en operación y 45 con obras terminadas; 22 CESFAM ya en operación y 21 con obras terminadas. Es decir que ya existen 157 centros terminados o en plenas funciones y seguiremos avanzando. Es un gran salto si se compara con el período anterior, que entregó solo 63 nuevos consultorios. Un gran salto en salud oportuna y cercana a las familias.

Entre el 2015 y el 2017 más de 1.000 nuevos médicos y odontólogos ya están apoyando la atención en la salud primaria. Un solo dato: el 2011 fueron tomadas 147 plazas de destinación para médicos generales de zona; el año pasado fueron más del triple, 562. De ellas, 356 fueron nuevas plazas.

Además, 3 mil 153 profesionales han iniciado su formación en especialidades médicas y odontológicas. El 2014 había 713 becados iniciando el ciclo de formación y destinación, el 2015 subieron a 1.113 y el 2016 a 1.103. El 2017 van en 937 y aún están pendientes los concursos de especialidad y subespecialidad que aumentarán el total este año.

¿Qué es lo importante de esto? Que nos permitirá resolver en 69% la brecha que estimamos el año 2014, y será una palanca básica para resolver las listas de espera.

Como millones de chilenas y chilenos han comprobado, creamos el Fondo de Farmacia para garantizar el acceso a los medicamentos a los enfermos crónicos. Cerca de 45 millones de recetas se han entregado a la fecha en los establecimientos de atención primaria. Más de 2 millones de personas se han visto beneficiadas directamente.

Los nuevos programas de atención de salud dental para menores de 5 años, para las mujeres y para los jóvenes de cuarto medio suman entre 2014 y 2016 más de 1.028.000 beneficiados. Y la extensión horaria para atención dental de adultos ha permitido realizar más de 1 millón 600 mil atenciones adicionales entre el 2015 y 2016.

Y en cuanto a promoción de conductas saludables, quiero destacar la Ley de etiquetado de alimentos, ampliamente valorada por la ciudadanía. Más importante aún, ya se observan cambios positivos en los hábitos de consumo de las personas y en la industria alimentaria.

Y si hablamos de promoción de la salud, hemos dado otro paso histórico: iniciamos la vacunación contra el papiloma humano en las niñas de 4° a 8° básico. Eso ha permitido que, hasta ahora, medio millón de niñas tengan más protección contra el cáncer cervicouterino, protección que hasta hace tres años sólo obtenían quienes podían pagar 80 mil pesos por cada dosis de la vacuna, y deben aplicarse dos. Hoy estamos asegurando esa protección a cada niña de Chile.

Ese es nuestro desafío y para eso estamos gobernando: para reducir y revertir las desigualdades que persisten y que están tan fuertemente enquistadas en nuestra sociedad.

De acuerdo a la CASEN 2015, entre 2013 y 2015 más de 400 mil familias salieron de la pobreza, disminuyendo de un 14,4% a 11,7%. En las zonas rurales, este descenso fue de 6 puntos porcentuales.

Y por primera vez el índice Gini, que mide las desigualdades de ingresos en el país, baja del 0.5, ubicándose en un 0,495. Esta cifra puede parecer menor, pero cada décima menos representa un esfuerzo arduo y creciente. Y muestra que caminamos en la dirección correcta en materia de equidad, aunque algunos quieran desconocerlo.

La protección social fue el eje de mi anterior gobierno, y enfocamos los esfuerzos en los más vulnerables. En este gobierno, además, estamos poniendo el énfasis en las realidades de cada territorio y en un enfoque de derechos universales.

Sabemos que la mejor asignación de beneficios sociales pasa por contar con los mejores instrumentos. En el paso de la ficha CAS a la Ficha de Protección Social hubo importantes avances, pero seguían persistiendo situaciones donde los datos no eran reales y los beneficios no estaban llegando a quienes correspondían.

Por eso creamos el Registro Social de Hogares, que reemplaza a la Ficha de Protección Social. Aquí se cruzan los datos que entregan las familias con otras fuentes, como Impuestos Internos, Seguro de Cesantía, Registro Civil o Fonasa. Además, se miden situaciones que antes no contábamos, como las dificultades en el traslado al trabajo, la condición de salud, la deserción escolar y otros elementos que permiten enfocar mejor las políticas sociales.

Así, hoy tenemos un instrumento más justo y transparente para la designación de beneficios, y llegamos con más de 51 prestaciones sociales diferentes a quienes realmente lo necesiten. Hablamos, entre otros, de subsidios de vivienda, Bono Trabajo Mujer, Pensión Básica Solidaria de Invalidez. Y, por supuesto, esto también es determinante para la asignación de la gratuidad en la educación.

Esto es parte de un empeño serio por reestablecer la fidelidad y calidad de los instrumentos que nos miden como sociedad.

Juntos, recuperamos un patrimonio estadístico que nos pertenece a todos. Recuperamos la confiabilidad y el prestigio de la encuesta CASEN, trabajando nuevamente con la CEPAL y sumando a la universidad de Oxford.

Y, por cierto, algo en lo que todos somos testigos: con miles de voluntarios y un espíritu cívico ejemplar que nos hizo bien, el Censo abarcó al 98,95% de las viviendas. Y hemos vuelto, así, a una tradición de medición de personas y hogares que nunca debimos perder.

Ese Censo nos mostrará que Chile es un país más diverso, que recibe crecientemente el influjo enriquecedor de la migración, muchos de los cuales fueron censistas voluntarios. Chile tiene que actualizar su legislación al respecto. Por eso, el segundo semestre enviaremos una ley que adapte la legislación a la nueva realidad migratoria.

Nos medimos mejor, asignamos mejor los beneficios, pero avanzamos también hacia una protección social universal, que dé seguridad y respaldo a todos nuestros compatriotas.

Esto es un sello de mi Gobierno, porque muchas veces el esfuerzo individual no basta para que las personas tengan la calidad de vida que merecen. Y como sociedad somos responsables de cuidarnos los unos a los otros y apoyarnos cuando se requiere.

Por ello ampliamos la cobertura de beneficios para los sectores medios, como el Subsidio Único Familiar, que antes sólo apoyaba a las familias del 40% más vulnerable y hoy apoya al 60%. También completamos la eliminación del 5% de la cotización de Salud para personas mayores que pertenecen al 80% más vulnerable del país.

Por ello instauramos el aporte familiar permanente, que este año benefició a 1 millón 600 mil familias, las que en conjunto recibieron más de 3 millones 200 mil aportes familiares. Así como el bono de invierno, que se pagó el mes pasado, y benefició a más de un millón 125 mil personas mayores.

Por ello seguimos fortaleciendo políticas como Chile Crece Contigo, que iniciamos en mi anterior Gobierno para acompañar a los niños y niñas desde su gestación y hasta los cuatro años. Esta política cumple 10 años y la estamos ampliando para todos los niños entre 5 y 9 años que se atienden en el sistema público de salud o asisten a un establecimiento escolar público.

En primer lugar, con el programa de apoyo al aprendizaje integral. Ya iniciamos la entrega de 56 mil rincones de juegos a los niños y niñas que asisten a prekinder, que apoya el aprendizaje integral, tal como el ajuar para recién nacidos, cuya entrega iniciamos en 2009 y que ya han recibido más de un millón de niños y niñas.

Una segunda línea de acción es el programa de apoyo a la salud mental, que busca dar tratamiento a niños y niñas que lo requieran. Se empieza a ejecutar en 23 comunas, para ir creciendo gradualmente, hasta beneficiar a 18 mil 600 niños y niñas.

Y queremos que los apoyos a los más pequeños sean derechos permanentes y garantizados. Por eso está en trámite en este congreso la Ley que crea el Sistema de Garantías de los derechos de la niñez, así como el proyecto que crea la Subsecretaria de la niñez y el defensor del niño, poniendo al día nuestra institucionalidad.

Asumimos la dolorosa realidad de los niños y niñas en los centros tanto públicos como privados que atienden a los niños al cuidado del SENAME, con un plan de respuesta inmediata para mejorar las condiciones de infraestructura y atención.

Y enviamos dos proyectos de ley que crean dos nuevos servicios, uno para la protección de los derechos de menores vulnerados y otro para proteger los derechos de menores infractores de ley.

Y si hablamos de protección a los grupos más vulnerables, también debemos hablar de personas mayores. Este año finalizaremos la construcción de 4 Centros de atención diurnos en Temuco, Talca, Chillán y Punta Arenas y un Establecimiento de Larga Estadía en la comuna de Huechuraba. Ya en 2018, contaremos con otros 4 Establecimientos de Larga Estadía en La Serena, Valparaíso, Rengo y Valdivia.

El Programa "Más Adultos Mayores Autovalentes", que fomenta el autocuidado y la estimulación a través de diversos talleres que contemplan salud, deporte, cultura, educación y otros, se ha implementado a la fecha en 165 comunas, atiende a más de 260 mil personas mayores, logrando que un 62% de ellos mantengan o mejoren su condición.

En el caso de la protección de derechos de la mujer, el nuevo Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género inició hace un año sus actividades, poniendo en el centro de su quehacer la lucha por sus derechos y la erradicación de la violencia machista.

Este es un hecho histórico que ya muestra sus efectos positivos.

De las 25 nuevas casas de Acogida para mujeres que sufren violencia, se han implementado 20, se han construido 6 nuevos Centros de la Mujer y enviamos a este Congreso el proyecto de ley que consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, contemplando situaciones hasta ahora no consideradas, como el femicidio entre convivientes civiles y parejas que no convivan, es decir, pololos.

Así vamos construyendo protección para todas las personas.

Y hay una protección que nos importa especialmente, que es la seguridad. Debemos erradicar el temor de quienes sienten en riesgo su integridad física o tienen miedo de perder a manos de la delincuencia lo que han logrado con esfuerzo. Una vida segura y en paz es también un derecho que queremos garantizar, trabajando en la raíz de los problemas.

Nos hemos tomado en serio la lucha contra el delito; hemos privilegiado los hechos por sobre las consignas. Porque este es un tema con el que no se juega, y no es ético procurar ventajas políticas con la inseguridad de las personas.

Hemos promovido la unidad y la coordinación entre policías, justicia, autoridades y vecinos.

Partimos desde el primer año con un Plan Nacional, que reúne y orienta todos los esfuerzos en prevención, desde lo local, la reinserción y el apoyo a las víctimas. Es decir, asumiendo que se trata de una tarea difícil, de largo plazo, sin atajos ni recetas milagrosas.

Formamos y sumamos más Carabineros y Policías donde se necesitan; hemos incorporado casi 5 mil nuevos Carabineros, y llegaremos a 6 mil, así como 800 nuevos Policías de Investigaciones.

Y les estamos dando más herramientas, como la instalación de la Base Unificada de Datos o tecnología para el combate al narcotráfico. Además, hoy hemos construido o repuesto 63 comisarías, retenes y tenencias y 9 cuarteles PDI, para estar más cerca de la ciudadanía.

Con la Agenda Corta Antidelincuencia facilitamos la aplicación efectiva de penas para los delitos de robo, hurto y receptación y aumentamos las penas para los reincidentes, así como para delitos cometidos contra Policías. Y con la Ley Emilia hoy las sanciones son más duras para quienes manejen en estado de ebriedad y provoquen un accidente.

Sobre todo, optamos por la focalización territorial y la participación ciudadana. El único camino es tomar decisiones adaptadas a la realidad de cada barrio y trabajar con la comunidad.

Para eso, tal como comprometí en el 21 de mayo pasado, implementamos los Planes Comunales de Seguridad Pública en las 74 comunas que concentran el 80% de los delitos de mayor connotación social. Financiamos 870 proyectos de prevención, como recuperar espacios públicos abandonados, instalar más de 6 mil luminarias, más de 7 mil cámaras de tele-protección y generar una red de alarmas comunitarias en más de 183 mil viviendas.

Con el programa Denuncia Seguro la ciudadanía tiene hoy una línea telefónica de cobertura nacional, para informar anónimamente sobre delitos. A partir de estas denuncias, el programa permitió, por ejemplo, la incautación de casi un millón de dosis de pasta base.

Desarrollamos alianzas con el sector privado para evitar robos a transportes de valores, que redujimos en un 85% respecto del 2014, o de cajeros automáticos, que logramos disminuir en más de un 48% desde el 2014.

Cumplimos el compromiso de aumentar la cobertura del Programa 24 Horas a 36 comunas y hoy es el servicio de reinserción social para menores de edad más grande y con mayor extensión en el territorio, con una inversión de más de 10 mil millones de pesos desde 2014.

Y aquí quiero detenerme un momento, porque esta política que iniciamos en mi anterior Gobierno es, también, una inversión de enorme valor social: 3.626 niños, niñas y adolescentes y sus familias han egresado del programa.

Más del 95% de estos jóvenes está viviendo en sus hogares, más del 83 por ciento está estudiando en la escuela o trabajando y más del 78 por ciento no ha tenido nuevos arrestos durante el proceso de intervención.

¡Eso es prevención, eso es reinserción! ¡Eso es lo queremos para los jóvenes que han cometido el error de cometer un delito!

Los resultados de estas medidas son positivos y muestran que es el camino correcto. Alcanzamos la tasa de homicidio más baja desde el 2006 y los delitos de mayor connotación social cayeron en 6,6% entre 2015 y 2016, la caída más fuerte de la última década.

Entiendo que, para muchos, estos datos no parecen reflejar lo que ellos ven día a día en las noticias ni están en sintonía con su permanente sensación de inseguridad. Pero son datos objetivos que muestran que estamos avanzando en la lucha contra la delincuencia, y que debemos seguir trabajando con el mismo impulso a futuro.

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Amigas y amigos,

Los derechos y las políticas de protección social y seguridad son la base de la calidad de vida y de la equidad. Y ellas se hacen palpables en el territorio concreto en que las personas desarrollan sus vidas y sus relaciones.

Vivir bien exige una buena vivienda, barrios seguros y unidos, ciudades integradas, conectividad y un medio ambiente protegido. También la democracia o una economía renovada requieren participación activa de los territorios.

Chile se ha construido así: desde su diversidad geográfica, desde su variedad de climas y de paisajes. Esta riqueza de nuestra identidad, que une desierto y bosque austral, costa y montañas, es también el desafío de hacer de cada rincón de Chile un lugar de progreso.

Hacer de Chile este país acogedor implica, como primer deber, hacer realidad el acceso a la vivienda, y ese ha sido un objetivo permanente. Por eso, hemos entregado durante estos tres años 703 mil subsidios habitacionales, a los que se agregarán 207 mil el 2017, llegando a 910 mil en este Gobierno.

Y hemos tomado en cuenta las necesidades de la clase media, que con esfuerzo complementan los subsidios con créditos hipotecarios. Hemos entregado 216.226 subsidios a los sectores medios, con un aumento del 30% en los subsidios para adquisición de estas viviendas, en relación a los entregados en el período 2010 – 2013.

También para la clase media hemos creado un seguro de desempleo que cubre la totalidad del período de la deuda, con un premio para el que paga oportunamente su crédito hipotecario, con una rebaja que puede llegar al 20 por ciento del dividendo mensual.

No queremos que nunca más un chileno o chilena de clase media pierda su casa por quedar sin trabajo. Eso es proteger.

Y hemos creado el programa de Habitabilidad Rural, entendiendo que el campo tiene necesidades específicas. Este programa permite mejoramientos importantes en estas viviendas. Los vecinos de Purranque, El Tránsito o San Félix, en la comuna de Alto del Carmen, saben de lo que hablo.

También creamos el Programa de Integración Social y Territorial, que estimula la inclusión de distintos sectores sociales. Y aprovechando que el llamado de este programa termina este mes, quiero anunciar que eliminaremos el techo de 25 mil viviendas que tenía, y lo ampliaremos a todas las viviendas que cumplan con la norma.

Aquí hay un cambio de verdad: hemos sido serios y hemos entregado subsidios asegurando que se ejecuten efectivamente en la adquisición de viviendas. Hemos adaptado los montos a las realidades del mercado y a sus distintas condiciones regionales.

Gracias a esto, durante este gobierno hemos logrado que se construyan o compren 177 mil viviendas con subsidios habitacionales. A ellas se agregarán 67 mil más este año. Y hemos construido más de 40 mil viviendas para el Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

No se trata sólo de más metros cuadrados construidos, porque calidad de vida significa también mejores viviendas. Por eso, en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, hemos considerado la entrega de viviendas de 55 metros cuadrados y con tres dormitorios para cada familia con más de 4 integrantes.

Eso es una medida real para terminar con el hacinamiento en que muchas veces se traducía la vivienda social.

Además, ahora es obligatorio para quien construye viviendas sociales tomar en cuenta la eficiencia energética y los espacios comunes, como jardines y áreas de recreación. Porque ninguna casa o departamento puede ser el pilar que quieren las familias para sus vidas, si lo que hay alrededor no se encuentra también en buenas condiciones.

Por eso, la recuperación y fortalecimiento de los barrios ha sido un eje central de nuestra política de vivienda. A través del programa Quiero Mi Barrio, junto con el trabajo organizado de los vecinos, ya iniciamos el proceso de intervención en los 203 barrios que nos comprometimos a recuperar.

Como resultado, tenemos mejores barrios, más bellos y con organizaciones vecinales fortalecidas, como el Barrio Rahue, en Osorno, o los Condominios sociales del barrio Lan C, en Hualpén.

Asignamos subsidios en 78 nuevas comunas donde no había proyectos habitacionales para familias vulnerables, impulsamos el inicio de 212 proyectos que tenían subsidios entregados de antes pero que no registraban avances, como el comité Gracias a la Vida, de la comuna de Valdivia, donde las familias obtuvieron un subsidio habitacional el año 2012, y cuyas obras por fin iniciamos en febrero del año 2015.

También hemos conservado y realizado mejoras estructurales y de habitabilidad en 144 mil viviendas en condominios y 711 cités, es decir, una de cada tres viviendas existentes en condominios sociales en todo el país.

Hoy, 5 mil 100 familias han dejado la precariedad de los campamentos en que vivían porque ahora tienen una vivienda digna. Son 162 los campamentos que ya no existen, y en los terrenos de algunos de ellos trabajamos en 20 proyectos de nuevos espacios públicos.

En los terrenos del campamento Vista Hermosa, por ejemplo, en la comuna de Calbuco, en la Región de Los Lagos, se construyó el Paseo Mirador Tenten y Caicai, con accesibilidad universal, dos plazas con máquinas de ejercicios y juegos infantiles, mobiliario urbano y un anfiteatro para actividades culturales.

Y en Antofagasta, las 120 familias de los campamentos La Chimba, Catalina Cruz, 18 de septiembre, Juanita Cruchaga y Alto Mendoza podrán trasladarse en octubre de este año a sus nuevas viviendas en el condominio Caparrosa, en plena ciudad de Antofagasta.

Pero sabemos que hay que avanzar mucho más, y seguiremos trabajando en ello.

Pero además de mejores viviendas y barrios, se necesitan más y mejores áreas de recreación y espacios para la comunidad. Y aquí también hemos logrado cambios muy positivos.

Son 185 mil las niñas, niños y adolescentes que hicieron actividad física, deporte o simplemente jugar en las Escuelas Deportivas Integrales en 2016. Con nuevos centros Deportivos Integrales que se están construyendo para los vecinos de Caldera, Punta Arenas, San Ramón y Lo Espejo.

O con una Copa América que aseguró sus sedes de Concepción y La Serena gracias al acondicionamiento, y a tiempo, de los estadios Ester Roa y La Portada.

Porque de lo que se trata es que todos, tengan la edad que tengan o sean cuales sean sus condiciones físicas, sean parte de la cultura de la vida sana. Un ejemplo es que por primera vez organizamos los Juegos Deportivos Paranacionales.

Y promulgamos la ley que Reconoce al Deporte Adaptado y Paralímpico, que le entrega formalmente un tratamiento igualitario en relación al deporte convencional.

Hablo también de los Centros Culturales municipales inaugurados en Tomé, Villarrica y Lo Barnechea, o el Centro Nacional de Arte Contemporáneo que abrió sus puertas en Cerrillos.

Hablo de inversiones culturales como la Biblioteca regional de Coquimbo y la Segunda etapa del GAM, para que empiecen a funcionar a principios del próximo año.

El pasado domingo 28 de mayo, un millón ochocientas mil personas fueron parte del Día del Patrimonio Cultural, casi un millón más que en 2016. Los festivales de arte y música impulsados a lo largo y ancho de Chile, en tanto, convocaron a 165 mil personas, especialmente jóvenes, como ocurrió en fiestas locales como el Festival Pablo de Rokha en Talca, o el Alicanto, en Antofagasta.

Hablo de una institucionalidad a la altura de los tiempos en estas áreas, como el Ministerio de la Cultura y de las Artes, que se tramita en este Congreso, y que sé que veremos concretarse durante este Gobierno.

Hablo de 34 parques urbanos que estamos construyendo en las distintas regiones del país. Siete de estos parques, como el parque del Carbón en Lebu, el parque Costanera en Pelluhue, el Parque El Roble en la Pintana o el Parque Punta Norte en Arica, ya están terminados, mientras otros 22 están en construcción y los 5 restantes avanzan en su proceso de ejecución.

Hemos construido 46 kilómetros de ciclovías de alto estándar, para que miles de ciclistas puedan transitar de manera segura en 13 comunas de 10 regiones.

La calidad de vida es también aire limpio y un medio ambiente sin contaminación.

Y en ese objetivo de avanzar a ciudades más limpias, uno de los principales hitos ambientales de los últimos años es la promulgación de la Ley de Fomento al Reciclaje, que nos permitirá disminuir la generación de residuos y aumentar las tasas de reciclaje de un 10% a un 30% en los próximos cinco años.

La contaminación afecta al menos a 10 millones de chilenos y chilenas. Este es un problema para el que no hay soluciones simples, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados.

Lo que hemos hecho ha sido recuperar tiempo perdido con medidas más precisas y eficaces para la prevención y reducción de emisiones, gracias a una cifra inédita de Planes de Descontaminación Atmosférica. Con los más recientes, en Talca, Chillán o Los Ángeles, ya contamos 11 de los 14 planes comprometidos.

También buscamos impulsar un cambio en los hogares con fuentes de energía más limpias: al final del periodo de Gobierno, se habrán recambiado 20 mil calefactores en comunas del centro y sur del país, más del doble de beneficiarios que en el periodo anterior.

El crecimiento de las ciudades también nos pone desafíos importantes, como la congestión y las dificultades para trasladarnos de un punto a otro de las ciudades. Y uno de los mecanismos básicos para afrontarlos es, desde luego, nuestro transporte público.

Hemos mejorado el Transantiago con nueva infraestructura, como las pistas segregadas, que han aumentado en un 40 por ciento respecto del 2014, con obras como el corredor en el eje Vicuña Mackenna, que comenzará a funcionar el segundo semestre de este año.

Para apoyar el transporte público en los centros urbanos regionales, hemos impulsado la renovación de flotas a través del programa Renueva Tu Taxi y Renueva Tu Micro, que ha permitido renovar 2 mil 48 taxis colectivos y 960 micros.

De hecho, estamos construyendo la red de corredores de transporte público más grande del país en la región del Biobío: pasaremos de 20 km en 2014 a 33 km en 2018.

El Metro de Santiago, por su parte, lleva adelante el mayor crecimiento de su historia con la construcción de las nuevas Líneas 6 y 3, que sumarán 37 nuevos kilómetros de recorrido para esta empresa pública de transporte.

Estas obras beneficiarán a 11 comunas y permitirán incorporar a la red de metro a Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Conchalí e Independencia. La Línea 6 comenzará a funcionar en pocos meses más y el próximo año será el turno de la Línea 3.

No podemos detenernos en este esfuerzo. Por eso quiero hoy anunciar que vamos a dar la partida al proceso de construcción de la línea 7 del metro, y para ello hemos comprometido el financiamiento. Ella irá desde la Estación Brasil en la comuna de Renca hasta la estación Estoril en Vitacura y permitirá descongestionar la saturada Línea 1.

Y por cierto, hace unos meses inauguramos el servicio de Metrotrén a Nos, que beneficia con tarifa integrada y ahorro en los tiempos de viaje a los habitantes de San Bernardo, El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y Estación Central.

Y ya que estoy aquí, quiero contarles que, conociendo las necesidades específicas de la V región, he dispuesto la realización de los estudios que permitan extender el Metro de Valparaíso hasta La Calera.

Nuestra empresa de ferrocarriles, tiene presupuestado renovar 7 trenes del biotrén, además de 3 en el tramo Victoria-Temuco y 3 en el tramo Corto-Laja, que se suman a los 3 trenes Talca-Constitución.

Mantener conectados los lugares que habitamos o unir por primera vez localidades aisladas sigue siendo un salto en calidad de vida. Nuestros compatriotas, sin importar dónde vivan, deben contar con caminos seguros en todas las épocas del año, con transporte público a su alcance y con mayor frecuencia.

Pasando de las palabras a los hechos, hemos triplicado la cantidad de kilómetros de caminos básicos que se construían cada año, alcanzando 3 mil kilómetros anualmente.

Hoy son más de 500 mil los compatriotas que, en zonas aisladas o rurales, en los archipiélagos del sur de Chile, en las proximidades de la cordillera o en el altiplano del Norte Grande, utilizan servicios de transporte subvencionados por el Estado.

Viajan a sus lugares de trabajo, van hasta los centros urbanos, se acercan a los servicios públicos de salud, de educación, gracias a alguno de los 645 servicios de transporte con tarifas rebajadas disponibles, un 25% más en relación a los que teníamos al inicio del gobierno.

A eso se suman 782 servicios escolares gratuitos, para que nuestras niñas, niños y jóvenes no tengan que caminar, a veces por horas, para llegar a sus escuelas.

Y ahora, por fin, nuestro país puede ser recorrido íntegramente a través de territorio nacional, gracias al servicio marítimo entre Puerto Yungay y Puerto Natales, que une las regiones de Aysén y Magallanes, completando la conectividad longitudinal de Chile.

Hace sólo unos años el aeródromo de Melinka era considerado uno de los más difíciles del país para operar y con razón: la pista debía ser iluminada por los autos de los vecinos para que los aviones pudieran aterrizar. Hoy ya cuenta con sus luminarias necesarias. Lo mismo Puerto Natales, que hoy tiene un aeródromo más moderno y seguro.

Y lo mismo puede apreciar quien tome un vuelo nacional, porque verá obras en muchos aeropuertos de regiones, donde estamos duplicando los metros cuadrados de terminales.

También hemos puesto al día nuestra conectividad digital, que requiere sistemas de transporte público de datos. Eso significan las 1.158 Zonas Wifi ChileGob, que entregan acceso gratuito a Internet en 304 localidades de 289 comunas del país.

Hoy, cientos de plazas públicas, junto con ser un lugar de encuentro de los vecinos, se han convertido en punto de conexión con el resto de Chile y el mundo.

Pienso en la plaza y sector comercial de Camarones, en la plaza de Huara o en la feria artesanal de Puqueldón, por ejemplo.

Pero la inclusión territorial no pasa únicamente por mejorar la conectividad; también pasa por dar a los habitantes la posibilidad de llevar adelante sus actividades productivas, con agua potable, con riego seguro y agua para el ganado.

Anteriormente les hablaba de la construcción histórica de embalses grandes y pequeños en todo el país. Pero también hemos aumentado en 50% la construcción de sistemas de Agua Potable Rural. En estos tres años, con 195 sistemas gestionados directamente por las comunidades, hemos dado alivio a más de 41 mil familias en el campo.

Al finalizar el gobierno habremos abastecido de agua potable a casi 250 mil personas, es decir, al equivalente de una ciudad como Rancagua.

Hablemos de otra actividad esencial en Chile: la pesca. Con sus más de 4 mil kilómetros de costa, nuestro país tiene innumerables caletas y comunidades dedicadas a la pesca artesanal.

Entre 2014 y 2017 hemos construido infraestructura para fortalecer los espacios de trabajo de 11 mil pescadores artesanales, y hemos efectuado trabajos de conservación que benefician a otros 25 mil pescadores. Es decir, uno de cada tres pescadores artesanales de Chile ha visto mejorías en sus condiciones de trabajo.

Por cierto, sé que necesitamos una legislación pesquera moderna, que resguarde los intereses de todos los chilenos. Por eso, durante el tercer trimestre enviaré a este Congreso una propuesta de modificaciones sustantivas a la ley de pesca.

Además, se tramitan en este Congreso los proyectos de ley de mejoramiento de caletas pesqueras y de modernización y fortalecimiento de Sernapesca, para los que pido su apoyo.

También hemos desarrollado 158 proyectos de borde costero, en Arica, Chiloé o Río Bueno, que sumarán nada menos que 75 kilómetros de vías y paseos, lo que equivale a 42 veces el largo de la Playa Grande de Cartagena.

¡Esto es poner la infraestructura y los servicios a disposición de todos nuestros compatriotas, a lo largo del territorio!

Un territorio con un enorme patrimonio natural, con miles y miles de hectáreas riquísimas en biodiversidad, que estamos cuidando y preservando como nunca antes.

A la creación del parque marino Nazca-Desventuradas el año 2016, que cubre una superficie de 300 mil km2, quiero anunciar que sumaremos dos nuevos parques marinos: uno en el Archipiélago de Juan Fernández de 13 mil 190 km2 y otro en la zona de Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez de 100 mil km2.

Con su creación, Chile llegará a la histórica cifra de 1 millón de kilómetros cuadrados de su mar completamente protegido y se constituye en un líder mundial en la conservación marina.

También hemos iniciado el proceso de consulta con la comunidad Rapa Nui para establecer un área marina costera protegida de múltiples usos, tal cual comprometí el año pasado.

A esto se sumó recientemente la Red de Parques de la Patagonia, un ejemplo de colaboración público-privada que nace de la obra de Douglas Tompkins, y gracias a lo cual serán 4,5 millones de hectáreas de nuevos Parques Nacionales entre las regiones de Los Lagos y Magallanes, abiertos para todos.

Tanto con los parques marinos como los parques terrestres estamos cimentando las posibilidades de éxito en reducir nuestras emisiones de CO2, tal como comprometimos ante el mundo con la firma en Paris del Acuerdo de Cambio Climático.

Con su ratificación por el Congreso a principios de este año, Chile asume una serie de compromisos climáticos, entre ellos la reducción de sus emisiones contaminantes en un 30% al año 2030 y una importante reforestación. Enfrentados al mayor desafío ambiental que tiene hoy la humanidad, nuestro país decidió ser parte de la solución.

Pero nuestro compromiso en materia ambiental debe ser total, porque el Cambio Climático es una realidad cuyos efectos ya experimentamos. Hemos visto cómo se intensifica la escasez de agua, aumenta el riesgo de incendios forestales, aluviones y deterioro de los océanos.

Todos debemos enfrentarlo, porque todos somos responsables y a todos nos afecta. Hemos trabajado, tanto en mi primer gobierno como en este, en el ámbito nacional e internacional, abogando por la toma de conciencia y por la acción conjunta.

Hemos construido planes nacionales de cambio climático que mejoren nuestra capacidad de adaptación. Pero debemos ir más allá y hacerlo ahora.

Por eso, Convocaré a un Grupo Permanente de Cambio Climático, con expertos y representantes de todos los sectores del país, que miren el presente y el futuro para hacer propuestas concretas. Tanto para reducir nuestras emisiones de carbono, como para definir las medidas preventivas frente a los impactos locales cada vez más frecuentes y graves.

Por lo pronto, y porque el ejemplo empieza por casa, todas las inversiones del sector público incorporarán en sus cálculos sus efectos sobre la contaminación. Cada tonelada de carbono que emitan tendrá un precio social de 40 dólares por tonelada.

Y por cierto, trabajaremos para que el cambio climático y la sustentabilidad se incorporen en las mallas curriculares de la educación básica y media.

Y para contar con una mejor institucionalidad ambiental, he enviado a este Congreso, con suma urgencia, un proyecto de ley que crea un Servicio Nacional Forestal. Ello implicará normativas para disminuir riesgos de incendios y enfrentar de mejor manera emergencias de este tipo. También hemos propuesto la creación de un Servicio Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es clave para nuestro desarrollo sustentable. Este Congreso tiene en sus manos ambas decisiones y les pido su apoyo para aprobarlos cuanto antes.

Compatriotas,

Chile está construyendo un país más próspero y justo. Pero sabemos que parte de la realidad son las malas pasadas que cada cierto tiempo nos juega la naturaleza.

Hemos visto con dolor cómo una y otra vez hemos debido enfrentar catástrofes de diversa índole. Pero no nos paralizamos, nos levantamos, actuamos de inmediato, acompañamos a las familias y nos preparamos para reaccionar cada vez con más velocidad y eficacia.

En cada caso, respondimos inmediatamente con medidas de emergencia, priorizando siempre la vida de las personas.

Lo que vemos es que cada vez las ciudades se recuperan de manera más rápida y ganamos en capacidad de reacción. La Ficha Básica de Emergencia, FIBE, vino a reemplazar después de 14 años, a la Encuesta Familiar Única, y permite rescatar la información de forma más rápida y específica mejorando la entrega de beneficios sociales a los afectados.

Hemos gestionado 10 planes de reconstrucción, a partir de las 15 catástrofes – ¡sí, 15! – que han involucrado a 12 regiones y han afectado 264 mil 547 unidades habitacionales.

En todos los procesos hemos buscado armonizar la velocidad con la calidad y la realidad concreta de cada zona. Llevamos adelante planes integrales, que han contemplado reposición y reparación de las viviendas, recuperación de infraestructura urbana; adecuación de los instrumentos de planificación territorial y ejecución de obras que buscan disminuir riesgos y mejorar las condiciones de habitabilidad que había antes.

Así en este período, hemos concluido la intervención en 246 mil 816 viviendas (91,9% del total afectado) y terminado el 69,5 % de las obras urbanas comprometidas. Este 2017, concluiremos el 98% de las soluciones habitacionales y el 80% de las obras urbanas comprometidas en los 8 procesos de reconstrucción que siguen en desarrollo.

Y concluiremos totalmente el proceso de reconstrucción urbano habitacional en las regiones de Arica y Parinacota; Antofagasta; Tocopilla y Calbuco.

Aquí, por ejemplo, en este Valparaíso que ha sido azotado por dos grandes incendios en el último tiempo, está en marcha un plan que contempla la reparación o construcción de viviendas y el apoyo cuando hay que adquirir nuevas. También contempla medidas de seguridad a través de muros de contención, infraestructura sanitaria y conectividad barrial, entre otras medidas que estamos trabajando, también en conjunto con el municipio.

Esto implica una inversión de 510 millones de dólares entre 2014 y 2021.

No podemos predecir las catástrofes naturales, pero sí podemos estar preparados para enfrentarlas. Y esta es una tarea del Estado, pero en la que las personas pueden ayudar, evitando reinstalarse en zonas de riesgo o botar basura en quebradas, por ejemplo.

Desde el Estado, estamos garantizando una mejor institucionalidad. Pusimos suma urgencia tanto a la ley que crea un Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia, en reemplazo de la actual ONEMI, y un Servicio Nacional Forestal. Esperamos que ambas iniciativas sean despachadas por este Congreso cuanto antes.

Hemos impulsado la modernización y el fortalecimiento de la ONEMI, con más recursos, con tecnología satelital y un plan estratégico para gestionar rápidamente estos desastres.

Este verano, sin ir más lejos, frente a los incendios forestales sin precedentes que sufrimos, la protección de las vidas humanas, las viviendas y la infraestructura crítica fue prioritaria. Gracias a la acción de más de 20 mil personas que trabajaron día y noche, pudimos controlar esta emergencia en 18 días, aunque con un efecto importante en muchísimos compatriotas.

Vivimos momentos de enorme dolor, con la destrucción de grandes extensiones de nuestro territorio y la terrible desaparición de Santa Olga a manos de las llamas. Quiero decir, en este caso específico, que tomamos la decisión de construir una nueva Santa Olga, y hemos acordado con la comunidad y el municipio un Plan Director que se encuentra en plena ejecución, con el inicio de la construcción de más de 70 viviendas.

Con una alianza público privada, se levantará el Liceo, el Jardín Infantil, el Cesfam, se repondrá el alumbrado público, las plazas y las sedes sociales.

Quiero reconocer el rol que en esta emergencia han jugado nuestros Bomberos, la Conaf, Carabineros, organizaciones de la sociedad civil y los funcionarios locales, así como los importantes aportes de privados y de países amigos. Pido un aplauso para ellos.

Y por supuesto, en todas estas emergencias, la Fuerzas Armadas también han jugado un rol preponderante. Sólo en los últimos incendios forestales se desplegaron más de 8.800 efectivos; 18 aviones, 14 helicópteros, cerca de 200 camiones, maquinaria pesada, entre otras capacidades del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Porque nuestro acento ha sido fortalecer la integración de la FF.AA. con la ciudadanía, garantizando que sus tareas de protección civil, promoción científica y labores de paz sean un servicio permanente a la comunidad.

Pero se requiere reforzar aún más la mirada regional y local para asegurar que sean las comunidades las que definan los caminos para su progreso y puedan beneficiarse de él.

Hemos dado pasos decisivos para lograr este objetivo. Desde 2014 a 2017, aumentamos en más de 175 mil millones de pesos el presupuesto de inversión administrado directamente por los Gobiernos Regionales.

Comenzamos a saldar la deuda que tenía Chile con las regiones de Arica y Parinacota, Los Lagos, Aysén, y Magallanes y pusimos en marcha el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. Nada menos que 642 proyectos de inversión por un total de 2 billones 162 mil 257 millones 174 pesos.  Entre 2014 y 2016 los gobiernos de estas regiones han invertido, en conjunto, 655 mil 905 millones de pesos.

Con el Programa para Territorios Rezagados enfrentamos con voluntad la postergación en que están algunas zonas, asumiendo la necesidad de apoyo extra para seis territorios en las regiones de Coquimbo, Maule, Biobío, Los Ríos y, desde este año, también en la región de La Araucanía.

Ello ha permitido viabilizar proyectos de infraestructura por 78 mil 664 millones de pesos, y se espera que esa cifra supere los 145 mil millones al 2018. Proyectos largamente anhelados, como la pavimentación que une las localidades de Soruco y Manquehua, en la Provincia del Limarí, que hoy se comienza a materializar con una inversión de 11.955 millones de pesos y que esperamos sea finalizado durante el año 2018.

Y en una medida con el acento puesto en las comunas y regiones, en junio del 2016 hicimos más justo el pago de la luz, para terminar con el castigo que significaba estar fuera de los centros de distribución. Hoy no puede haber una diferencia superior al 10% entre las cuentas de luz que se pagan en todas las comunas de Chile.

Se acabó lo que pasaba antes, cuando había compatriotas que terminaban pagando hasta 80% más que una familia en Santiago por igual consumo.

Además, nos comprometimos a electrificar 10.000 de los 20.000 hogares de zonas aisladas que al año 2014 no tenían energía eléctrica: a la fecha llevamos 9.021 viviendas conectadas y proyectamos llegar a 11 mil al finalizar este gobierno.

Eso es también un sello de mi gobierno: promover la equidad territorial en cada una de las políticas y de los programas que hemos impulsado.

Sabemos que uno de los más importantes desafíos pendientes de nuestra cohesión social y territorial es el rezago de la Región de la Araucanía y las desigualdades sociales, productivas y culturales que tensionan la relación entre comunidades mapuches, el Estado y la sociedad.

Hemos seguido avanzando con medidas impostergables, y quiero destacar que este gobierno es el que más tierras ha adquirido para restitución territorial de los pueblos indígenas, con una superficie adquirida que alcanza las 33.464 hectáreas, proyectando alcanzar una superficie cercana a las 45 mil hectáreas.

Pero debemos reconocer que la relación entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena, así como el retraso de la Región de la Araucanía, tiene una complejidad y alberga una tensión histórica que no se solucionan con medidas parciales ni en el corto plazo.

Debemos asumir que las medidas de reconocimiento y desarrollo aplicadas hasta ahora, han sido insuficientes, y eso significa una sola cosa: debemos actuar distinto.

Es hora de abordar de manera integral los desafíos de esa relación: porque pobreza, rezago territorial, discriminación, violencia, baja productividad y poca diversificación, un Estado poco eficiente, no reconocimiento, son parte de un mismo fenómeno y se refuerzan.

Es tiempo de actuar a través del diálogo sereno y permanente, porque hay una legítima diversidad de intereses en juego.

Es hora de terminar con un conflicto que ha durado casi 500 años.

Engaña quién propone soluciones fáciles e inmediatas. Una división y un rezago incubados por siglos requieren tiempo para ser superados, pero es urgente partir hoy.

Por eso, presentaré en los próximos días mi respuesta a las propuestas de la Comisión Araucanía mediante un plan integral. Quiero ser detallada y concreta y eso excede las posibilidades de esta cuenta. Pero quiero adelantar que actuaremos desde ya en tres dimensiones:

Primero, la Participación, el reconocimiento y nuevas formas de reparación de los pueblos indígenas. Quiero anunciarles que incluiremos el Reconocimiento Constitucional y la Participación Política Indígena en el proyecto de nueva Constitución que enviaremos el segundo semestre, previa Consulta indígena.

Segundo, el Desarrollo Productivo Regional y Territorial, y para que sea un esfuerzo permanente del Estado presentaremos este ámbito como proyecto de ley. Tercero, ampliaremos el programa de reparación de todas las víctimas de la violencia en la región.

Confío que el espíritu de diálogo mostrado hasta ahora por los actores de la región será una fuerza que permita llevar a buen puerto el Plan que anunciaremos.

Y queremos ir más allá y terminar con el excesivo centralismo. Por eso, hemos hecho la reforma descentralizadora más importante de nuestra historia.

Hemos fortalecido los Gobiernos Locales, que están cara a cara con los ciudadanos en cada territorio. Promulgamos la postergada ley de Plantas Municipales, reconociendo que, a la base de las mejoras de Chile, está la modernización y profesionalización de los municipios.

Junto a los avances en traspaso de recursos y atribuciones, hemos consagrado en la Constitución la elección directa de los gobernadores regionales. Porque no hay descentralización real si las comunidades no toman en sus manos elegir a sus autoridades.

Actualmente se discute en el Congreso la oportunidad y la forma en que tendrá lugar la primera elección democrática de estas autoridades. Esperamos que este congreso pueda lograr un acuerdo que permita aprobar esta importante ley a la brevedad.

*****

Compatriotas,

La más importante de todas las bases de nuestra convivencia y desarrollo es la democracia.

Porque en la sana política democrática está la base del bienestar y del avanzar juntos. Sólo en democracia podemos poner la educación, la economía, los derechos y el desarrollo de los territorios al servicio de las personas, y hacerlo con diálogo, respeto y acuerdos.

La política chilena vive un momento difícil. Se ha debilitado la confianza entre los ciudadanos, sus representantes y las instituciones, sean ellas del Estado o privadas.  Esto tiene fundamento: el abusivo entramado entre política y negocios permitió la corrupción, lesionó la fe pública, el buen nombre del servicio público y de la actividad empresarial.

Esta grave situación no acepta postergaciones ni arreglos a medias. Exige respuestas contundentes, que vayan a la raíz de los problemas, que nos permitan reconquistar la confianza de la ciudadanía. Y así hemos actuado: con la profundidad y decisión que requería la situación. No hemos aceptado que se esconda la basura debajo de la alfombra.

Convocamos a inicios del 2015 una comisión asesora presidencial imparcial y transversal, la llamada Comisión Engel, que propusiera nuevas reglas para una mejor democracia, y que, derechamente, pusieran freno a la corrupción en el ámbito público y privado.

A partir del trabajo de la comisión elaboramos la Agenda de Probidad y Transparencia en la Política y los Negocios. Hemos implementado casi todas sus medidas. Y ya vemos resultados que permitirán frenar la corrupción, y castigar severamente las faltas a la fe pública.

Ya hemos promulgado 9 leyes y hay 7 más en trámite, además de múltiples medidas administrativas que ya están operando.

Aumentamos las normas y requerimientos de probidad en la función pública. Ahora más de 60 mil funcionarios y autoridades están obligados a hacer una declaración anual de Patrimonio e Intereses, informando bienes, inversiones y redes familiares.

Hemos fortalecido el sistema de Alta Dirección Pública, reduciendo los cargos de exclusiva confianza y contribuyendo a la profesionalización de nuestro Estado.

Establecimos nuevas reglas para los partidos políticos, en especial nuevas exigencias de democracia interna y normas de financiamiento para su funcionamiento y para las campañas, con lo cual dejamos fuera a las empresas. Porque llegó el tiempo de separar definitivamente la política de los negocios; la opinión de los ciudadanos debe medirse en votos y no en plata.

Sancionamos el cohecho y el soborno, la corrupción, la colusión y las prácticas contra la libre competencia. Los infractores pueden perder el cargo y hasta cumplir penas de presidio.

En las campañas municipales del 2016 los ciudadanos pudieron ver un cambio importante: sus comunas más limpias, porque ahora la propaganda deberá respetar estrictamente los espacios públicos. Y el 2018 veremos la aplicación de otros cambios relevantes.

Y hemos hecho cambios largamente anhelados y postergados en nuestro sistema político y electoral.

Elegiremos un Congreso con un sistema electoral que por fin termina con el Binominal. Chile tendrá unas elecciones más transparentes y justas, que respetarán el poder del voto, que no impondrán el empate forzoso y que permitirán la entrada de nuevos actores al Congreso.

Por lo pronto, de las mujeres, que hoy representan únicamente el 15 por ciento de este Congreso, considerando ambas Cámaras. A partir de ahora, gracias a la ley de cuotas, un 40 por ciento de las candidaturas, como mínimo, deben ser femeninas. Es un cambio central. Las niñas sabrán que lo natural es que en Parlamento trabajen hombres y mujeres a la par y que, gracias a ello, decisiones de gran importancia para las mujeres avancen más rápido.

Además, nuestros compatriotas residentes en el extranjero podrán votar por primera vez en las elecciones presidenciales.

En síntesis, hemos roto varios cerrojos que asfixiaban nuestra democracia y hemos puesto en el centro de las decisiones a las ciudadanas y ciudadanos de Chile.

Hemos avanzado también en la ampliación de las libertades personales y el derecho a que se respeten nuestras decisiones afectivas y familiares. Promulgamos el Acuerdo de Unión Civil el 2015 y es hora de dar un paso más.

Y durante el segundo semestre ingresaremos a este Honorable Congreso un proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, porque no puede ser que los prejuicios añejos sean más fuertes que el amor.

Haremos también todos los esfuerzos para promulgar en este Gobierno la iniciativa que este congreso tramita y que por fin despenaliza la interrupción del embarazo en las causales de inviabilidad fetal, riesgo vital de la madre y violación. Las mujeres de Chile merecen este mínimo reconocimiento a su capacidad de decidir.

Y hemos abierto las puertas a la ciudadanía en la más importante tarea ciudadana: la definición de las bases para una Nueva Constitución. Porque la inmensa mayoría quiere una Constitución moderna, democrática en serio, que refleje mejor lo que somos, que nos oriente para las tareas del mañana y no que nos amarre a los temores de ayer.

Pusimos en marcha de manera democrática, participativa e institucional el Proceso Constituyente. Hemos cumplido nuestro compromiso y lo seguiremos cumpliendo.

Por primera vez, tenemos un Proceso Constituyente que ha convocado a miles de personas, que ha buscado en la voz y la voluntad de sus habitantes las bases de la patria común que queremos. Más de 204 mil personas se involucraron en este debate, que tuvo más de 9 mil instancias de discusión cara a cara, entre Encuentros Locales Autoconvocados y Cabildos.

Es una participación sin precedentes para un proceso de esta magnitud, que sigue ahora su ruta con la reforma que se tramita en el Congreso para establecer una Convención Constituyente que ponga en marcha la redacción de la nueva constitución.

El nuevo texto constitucional, que enviaré a este Congreso antes de fin de año, incorporará las bases ciudadanas y también los resultados del Proceso Constituyente Indígena, con lo cual podremos recoger toda la diversidad de voces que habitan nuestra tierra.

En otras palabras, hemos hecho reformas importantes en la vida política que nos permitirán reducir la distancia y aumentar la confianza entre ella y la ciudadanía. Pero más allá de superar las malas prácticas actuales, debemos prepararnos para enfrentar los cambios que sin duda vendrán en las formas de representación y en los actores.

Porque no se trata de volver a una supuesta forma clásica y eterna de hacer política, se trata de tener la política que permita conducir los grandes cambios que nos depara el futuro. Y, como decía, Norbert Lechner: "Más fructífera que los diagnósticos catastrofistas, me parece que es la exploración de los cambios en curso para buscar en la redefinición de lo público y lo privado la posible constitución de la comunidad de ciudadanos"

*****

Conciudadanos y conciudadanas,

Hoy Chile es mejor que ayer. Porque estamos construyendo bases nuevas y sólidas para que el mañana supere al presente.

No se trata sólo de un conjunto de medidas y beneficios, que ya en sí mismos son un avance enorme. Se trata de cambios que le dan un sentido más profundo a la convivencia democrática, al poder de la ciudadanía y a los caminos del desarrollo económico, poniendo a las personas en primer lugar.

Esa y no otra ha sido la demanda de Chile. Ese es el mandato que he asumido. Ese el significado de lo que hemos hecho y seguiremos haciendo hasta el último día de gobierno.

Permítanme una reflexión más personal.

Esta es mi última cuenta en este gobierno y es la octava cuenta pública como Presidenta de la República, parte de toda una vida de servicio público. Ha sido una historia de compromisos y esfuerzos, con aprendizajes, con dolores, con muchas alegrías.

Es, para mí, la historia de mi amor por Chile.

Esta historia es también la de muchos, de millones, de todos los que amamos nuestro país y su gente. De quienes trabajamos por hacer de esta tierra un lugar de prosperidad compartida, donde podamos plasmar el propósito común de vivir con dignidad.

Y podemos sentirnos satisfechos y orgullosos de lo que hemos hecho. Yo lo estoy.

Porque identificamos a tiempo los desafíos y los enfrentamos. Porque hemos hablado sin tabúes y hemos sido capaces de abordar el malestar que debilita nuestra convivencia y frena nuestro desarrollo.

Chile es fuerte. Es la Patria de millones de héroes cotidianos.

He visto y acompañado familias levantando sus viviendas luego de los embates de la naturaleza. He visto emprendedores comenzar de nuevo después de un fracaso.

He visto y acompañado a jóvenes que han superado la adversidad para sacar adelante sus estudios. He visto la dignidad de quienes defienden sus derechos frente a quienes los pretenden desconocer. He visto vidas rehacerse después del abuso y la violencia.

Esa fortaleza de Chile es nuestra identidad. Debemos valorarla y potenciarla.

Es la que nos dice que nuestra dignidad no tiene precio, que sabemos hacia donde queremos caminar, que no nos vamos a detener, porque podemos y merecemos más.

Esa fortaleza es la que empuja el cambio histórico de Chile.

Esa fortaleza es la que me mueve, a mí y a mi gobierno, junto a ustedes, para impulsar las transformaciones que nos permitirán dejar atrás los obstáculos para una buena vida.

Es desde ahí que tomamos en nuestras manos estos desafíos gigantescos, con conciencia del momento histórico que nos toca vivir y, al mismo tiempo, con la responsabilidad de poner a Chile en perspectiva.

No actuamos en la superficie de los problemas ni creando oportunidades que no duran. Estamos yendo a la raíz, estamos creando futuro cierto.

Hemos combatido la desigualdad, la mayor amenaza a nuestra convivencia y nuestro progreso. Y hemos establecido derechos que nos igualan, para que el esfuerzo sea lo que realmente vale.

Hemos enfrentado la desprotección, el temor a perder lo ganado por una enfermedad, la vejez o el desempleo.

Hemos combatido la discriminación y la intolerancia, permitiendo que la libertad sea real al momento de elegir el modo de vida, la manera de pensar o a quien amar.

Hemos fortalecido los derechos de la mujer, incentivando su presencia igualitaria allí donde se toman decisiones y protegiéndola frente la violencia, porque no queremos más tragedias como las que han vivido Nabila Riffo, Maria Elena Droguett, Maribel Gormaz, Giannina Rioseco y demasiadas otras. No queremos ni una menos. No queremos nadie menos.

Hemos puesto los cimientos para un desarrollo económico que no se base en la bonanza impredecible de una materia prima, sino en el piso estable de la inteligencia chilena, de la innovación y de la diversificación de nuestras fuentes de riqueza.

Hemos enfrentado las consecuencias de la ideología de mercado, que le pone precio a todo y que enfrenta a las personas entre sí. Hemos enfrentado el individualismo, y promovido un modo de convivencia y de desarrollo que le da su lugar a la solidaridad, porque para vivir bien nadie se basta a sí mismo.

Hemos renovado la política, haciéndola más representativa y más transparente.

No ha sido fácil, ustedes lo saben. Hemos debido enfrentar los bloqueos y a veces las limitaciones propias. Pero hemos enfrentado el fatalismo instalado entre nosotros.

Ha habido quienes durante demasiado tiempo dijeron que no se podían cambiar las cosas, porque podíamos desatar tempestades, o porque es mejor hacer más de lo mismo que enfrentar creativamente las incertidumbres del mañana.

Pero hemos aprendido que cada periodo histórico tiene sus exigencias nuevas. A veces lo que fue bueno para urgencias del pasado, puede ser un obstáculo para el futuro.

Hemos aprendido que Chile es una sociedad madura, capaz de expresar y procesar sus diferencias, y cuidar el progreso ganado. Hemos aprendido que podemos y debemos soñar y exigir un país mejor, que podemos construir, paso a paso, el país que anhelamos.

Sobre todo: hemos abierto las opciones del futuro y las hemos devuelto a quienes le pertenecen: a los ciudadanos.

Pero nada de lo que hemos logrado está asegurado para siempre.

Porque hemos aprendido, dolorosamente, que los avances históricos pueden sufrir retrocesos y afectar las vidas y anhelos de las personas. Todos hemos conocido en este tiempo las resistencias de algunos a los cambios porque afectan sus intereses particulares.

Y si aceptáramos volver atrás, la desconfianza y el malestar seguirían siendo una pesada carga para todos.

Tenemos el poder de seguir avanzando. No sólo porque estamos convencidos que es bueno, sino porque los hombres y mujeres de Chile lo demandan. Debemos persistir en nuestra marcha, atentos a las exigencias de cada época y mejorando lo que hay que mejorar.

Podrán cambiar los gobiernos, pero no puede detenerse una historia impulsada por la fuerza de un país entero. Por eso hoy quiero llamarlos a todos, a hacerse parte en la construcción de Chile.

A los hombres y mujeres de mi patria, a los jóvenes, a los trabajadores, a los empresarios, a los artistas y deportistas.

Quiero llamar a los que tienen responsabilidades sociales o políticas a escuchar las voces de Chile, a crear diálogo, a abrir los espíritus ante las nuevas demandas ciudadanas y las nuevas formas de expresión social.

Quiero pedirles especialmente a los demócratas progresistas de Chile, a quienes me acompañan en el Gobierno, unidad en la acción y lealtad a los principios que nos convocan. Lo que ha dado gobernabilidad al progreso es nuestra unidad y es lo que debe asegurar la consolidación de nuestras reformas y los avances en el futuro. Hemos puesto en marcha una historia y somos responsables ante el país de llevarla a cabo.

Les pido a todos, sin distinción, unidad; esa unidad sin la cual la fuerza de Chile se diluye. No una unidad de la boca para fuera, sino la que nace del diálogo de las diferencias, la que nace de las identidades de cada uno, la que nace de escuchar al otro.

La que nace del amor por la patria común.

Hace poco más de tres años abrimos las puertas a nuevas esperanzas. Tomamos la bandera que, de mano en mano, llegó hasta las nuestras. La bandera de O'Higgins. La bandera de Aguirre Cerda, Frei Montalva y Allende. La bandera de Chile.

No ha sido el empeño de una persona, ni siquiera el de algunas personas, sino el de todo un país que decidió mirar de frente el rostro de la desigualdad y decir: sí, podemos cambiar.

Y estamos cambiando.

Los invito a continuar la historia que juntos hemos puesto en movimiento. Los invito a seguir empujando nuestro progreso, porque vamos por buen camino.

Cada uno de nosotros es el protagonista. Tomemos juntos esta bandera.

Muchas gracias.

¡Viva Chile!

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