A tres meses de Newtown, cae en 10 puntos apoyo a leyes más estrictas contra armas

En su última alocución semanal por radio difundida el sábado, el Presidente Barack Obama dijo que EE.UU. ha cambiado en los tres meses transcurridos desde el tiroteo en una escuela de Newtown, Connecticut, donde fallecieron 20 niños y seis adultos. Según el mandatario, hoy los norteamericanos apoyan la prohibición a las armas de asalto, además de la restricción de los cargadores de proyectiles de alta capacidad, el financiamiento de la seguridad en las escuelas y una ofensiva contra el tráfico ilegal de armas. "El pueblo estadounidense se ha pronunciado", dijo. Sin embargo, una encuesta publicada ayer por CBS News parece mostrar un panorama distinto. Desde la masacre del 14 de diciembre pasado, el apoyo a leyes más estrictas de control de armas ha caído 10 puntos porcentuales, según la cadena norteamericana.

Sólo un 47% de los estadounidenses consultados estimó que el país necesita hoy de normativas más estrictas de armas. En diciembre, después de ocurrida la matanza en la escuela primaria de Sandy Hook, el respaldo era del 57%. De acuerdo con el sondeo, en la actualidad un 39% estima que las actuales leyes deben mantenerse, mientras que un 11% considera que tienen que ser menos estrictas.

A nivel de filiación política, los estadounidenses mantienen distintos puntos de vista sobre las leyes de control de armas. Un 52% de los republicanos prefiere que las normas vigentes se mantengan, mientras que el 66% de los demócratas quiere leyes más estrictas (una caída respecto del 78% de febrero). En tanto, por géneros, las mujeres (55%) son más partidarias que los hombres (39%) de endurecer la normativa actual.

La Casa Blanca instó esta semana al Senado a que demuestre "coraje político" para prohibir las armas de asalto, en el marco del inminente debate en el Congreso sobre el controvertido tema. "No voy a descansar y el presidente tampoco lo hará hasta que tengamos todas esas cosas", afirmó el vicepresidente Joe Biden, en respuesta a un anuncio del líder de la mayoría demócrata del Senado de EE.UU., Harry Reid, quien decidió que la propuesta para prohibir las armas de asalto no será parte de una iniciativa demócrata sobre control de armas, que el Senado tiene previsto debatir en abril.

El Senado votará a su regreso de Semana Santa una medida "básica" para un programa nacional de verificación de antecedentes de los compradores de armas. Asimismo, indicó Reid, el debate general incluirá un aumento en las condenas para el tráfico de armas ilegales y una modesta ampliación de un programa para seguridad escolar, agregó el senador de Nevada. En cambio, medidas como la prohibición de armas de asalto y cargadores largos serán sometidas a voto como enmiendas para no torpedear el proyecto de ley básico, explicó Reid.

La propuesta contra las armas de asalto, impulsada por la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, tenía como objetivo prohibir en todo el país la fabricación, importación y venta de fusiles de asalto similares al AR-15 utilizado por Adam Lanza, el joven que perpetró la matanza de Newtown y luego se quitó la vida. Feinstein necesitaría 60 votos de los 100 miembros del Senado para lograr pasar su propuesta, pero se enfrenta a la oposición republicana y a la deserción de algunos demócratas moderados. "Es muy lamentable", dijo la senadora sobre la decisión de Reid. Sin embargo, según el líder de la mayoría demócrata en el Senado, incluso "usando los números más optimistas", había menos de 40 votos a favor de la prohibición de Feinstein. En ese sentido, los senadores republicanos Rand Paul (Kentucky), Ted Cruz (Texas) y Mike Lee (Utah) hicieron pública una carta donde señalan que van a oponerse a "cualquier ley que infrinja el derecho constitucional del pueblo norteamericano a portar armas".

Ante este escenario, Obama prepara una gira nacional para continuar impulsando sus propuestas para el control de las armas. Asimismo, una coalición bipartidista de más de 900 alcaldes -encabezada por el edil de Nueva York, Michael Bloomberg- lanzó una campaña nacional de US$ 12 millones para exigir que el Congreso, entre otras medidas, restablezca una ley federal que prohíbe las armas de asalto.