Abogados discuten rango constitucional de nuevo Consejo de Ahorro Colectivo

La primera semana de debate en la Comisión de Constitución de la Cámara, sobre el proyecto que crea Consejo de Ahorro Colectivo tuvo un inesperado resultado que puso al gobierno en búsqueda de alternativas.

Ello, porque los abogados citados a entregar sus perspectivas ante los parlamentarios coincidieron en que la autonomía constitucional que contempla el proyecto para el nuevo órgano estatal, que estará a cargo de la gestión del 5% adicional de cotizaciones obligatorios en el marco de la Reforma de Pensiones, no solo no es necesaria, ya que se puede resolver vía ley, sino que además presenta riesgos de control.

Cercanos a La Moneda señalan que este inesperado resultado puso al Ejecutivo a analizar la opción de emitir una ley orgánica que permita "salir del paso" y evitar una tramitación lenta en una de las partes fundamentales de la reforma que promete mejorar las pensiones actuales y futuras.

Según los expertos, los objetivos planteados por el Ejecutivo para justificar la autonomía constitucional del nuevo organismo (independencia del gobierno de turno, autonomía de regulación interna y garantía de eficiencia e idoneidad técnica) se pueden alcanzar vía ley orgánica. En su exposición, el abogado Sebastián Soto, explicó que tal categoría impide el control por parte de otros órganos del Estado, como la Cámara de Diputados, por lo que concederla a un órgano "cuyo funcionamiento no conocemos, desde el inicio, puede hacer daño", dijo. En su opinión, el proyecto "pretende zanjar" por vía constitucional otras discusiones sustantivas en torno a la reforma, como la creación de un fondo colectivo financiado con cotizaciones previsionales, pero "sin abordarlos directamente", puntualizó.

En la misma línea, el abogado Edgardo Palacios, señaló que el órgano debiera ser materia de ley de quórum calificado. Ello, porque la baja densidad normativa con que se propone crear este organismo autónomo es "insuficiente para justificar su incorporación a la carta", indicó. "No conozco en las constituciones más importantes un órgano análogo a este. Seríamos bastante innovadores en la creación de un órgano con rango constitucional semejante", precisó.

Fernando Atria, en tanto, recordó que el mensaje presidencial del proyecto hace explícito que la constitucionalidad del órgano aunque conveniente, innecesaria. Atria cree que la razón real detrás de la fórmula propuesta, es que el Ejecutivo prevé que surjan cuestiones de constitucionalidad durante la tramitación del proyecto, y esta es su forma de evitarlas. "Es un poco absurdo, anticipando la posibilidad de la derrota, actuar como derrotado" sostuvo ante los parlamentarios.

"Hay una falta de necesidad clara en cuanto a la constitucionalidad del proyecto. Lo único que hace es hacerlo políticamente más improbable. Mi sugerencia es que este proyecto no tiene porque ser constitucional. Pero hay un riesgo de que la cuestión después de todo el esfuerzo legislativo, llegue al Tribunal Constitucional y se caiga… Es una situación bien desafortunada en términos legislativos".

Durante las presentaciones el presidente de la Comisión de Constitución, diputado Fuad Chahín (DC), cuestionó los argumentos indicando que "si este proyecto hubiese ingresado como un órgano que no tuviera autonomía constitucional, la discusión habría sido por qué no darle esa categoría".

El diputado Osvaldo Andrade (PS), en tanto, quien planteó la pregunta acerca de la necesidad de carácter constitucional el nuevo órgano al propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, espera que las dudas se disipen en la discusión. "El criterio jurídico hay que combinarlo con un criterio político y de ahí el énfasis de éste carácter autónomo", indicó.