Aborto: prestaciones serán exigibles por bono y regirían a fin de año

Tras la aprobación del proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales por parte del Tribunal Constitucional, se estipula un margen de tiempo para que entre en régimen. De hecho, un artículo transitorio señala que las prestaciones reguladas por la norma serán exigibles a contar de la dictación del decreto respectivo, "la que deberá tener lugar en el plazo de noventa días contado desde la publicación".

Por esta razón, en el Ministerio de Salud (Minsal) trabajan a toda máquina, junto a sociedades científicas, en la elaboración de las normas y reglamentos que permitirán establecer los detalles de su implementación en la red pública de salud.

Según explicaron desde la secretaría de Estado, ya se ha arancelado un 90% de las nuevas prestaciones que requerirá la normativa. Al contar con código Fonasa, es decir con un arancel estatal, podrán ser exigidas como una prestación médica tanto en el sistema público, como así también en las isapres, ya que una vez que un procedimiento se incorpora al seguro estatal debe replicarse en el privado.

Paz Robledo, asesora de gabinete del Minsal en esta materia, explicó que existen prestaciones como tomas de muestra, ecografías resonancias nucleares que se pueden necesitar de manera extra a lo que se realiza hoy y que están siendo financiadas por el Estado para su cobertura y aranceladas en Fonasa para que puedan ser exigibles por pacientes del sector privado. El proyecto de ley dispuso de $ 5 mil millones para el primer año de implementación y $ 3 mil millones para cuando la normativa esté en régimen.

Agregó que para la segunda causal, inviabilidad fetal, "hoy existen algunos exámenes, pero para que se transforme en un informe o cardiograma, por ejemplo, tenemos que financiarlo ya que hoy no existe como tal", dijo Robledo.

Desde la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, manifestó que "las isapres cumplen estrictamente con lo que señala el arancel de Fonasa".

Según agregó la ministra de Salud, Carmen Castillo, la implementación se está realizando mediante las seis macrozonas en las cuales está dividida la actual red de salud pública, donde se encuentran 69 policlínicos de riesgo obstétrico, los que serán reforzados con especialistas e instrumentos.

Uno de los problemas que podría afectar la implementación de la nueva norma es la carencia de especialistas en el área materno fetal, que hoy suman 20 a nivel nacional en la red pública. Cómo distribuir a estos profesionales geográficamente, será una materia a resolver tras conocer la resolución del TC respecto de la objeción de conciencia.

Castillo agregó que "generalmente se habla de 90 días (de plazo para la implementación), esperemos que podamos tener el reglamento antes, para partir antes. Los plazos se irán dando, pero si es antes mejor", aseguró.

Eso indicaría que a fin de año podría estar operativa la normativa, lo que dependerá de la fecha de publicación de la ley y de los tiempos que se tome la Contraloría en la toma de razón del reglamento.

Robledo sostuvo que los avances que muestra dicho documento, permitirán tener un primer borrador el 1 de septiembre, para afinar el texto definitivo que debe ingresar a Contraloría para su toma de razón.