Bachelet dice que uso de información privilegiada es inaceptable y promulga Ley

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la Ley N°20.382, que introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los Gobiernos Corporativos de las Empresas, oportunidad en la que afirmó que "se trata de un gran paso en la perspectiva de fortalecer la transparencia y la buena marcha de la economía".

Esta iniciativa constituye además uno de los proyectos de ley con los que Chile debe cumplir para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. "La ley que estamos promulgando busca incrementar los estándares y la eficacia de los gobiernos corporativos de las empresas que dan escala global a nuestra economía y en las cuales depositan su confianza los accionistas. Con ellos buscamos fortalecer a las empresas, mejorar su eficiencia, garantizar la confianza del mercado en ellas, por lo que hemos seguido el estándar internacional de aquellos países con quienes deseamos compararnos en crecimiento, innovación y desarrollo, porque sólo de esta manera vamos a efectivamente competir a nivel global", destacó la Mandataria.

Agregó que a lo largo de los años "Chile ha ganado un buen nombre en el mundo de los negocios, pero no puede descuidarse. Cuesta mucho ganar la credibilidad y perderla la verdad es que no cuesta nada y ello exige seguir fortaleciendo nuestras instituciones, elevar la solvencia de las empresas, afianzar las certezas jurídicas y la confianza en el modo en que así tenemos las cosas".

Entre los elementos que destacan de esta nueva normativa –promulgada por la Mandataria junto al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco-, es que establece la prohibición de vender valores cuando se está en posesión de información privilegiada. "El uso de información privilegiada es una práctica inaceptable", dijo.

Además, dispone la existencia de directores independientes, estableciendo la obligatoriedad de su participación en la integración del comité de directores.  Esta ley establece que las empresas que tengan sobre el 12,5% de sus títulos en posesión de accionistas minoritarios y cuenten con una capitalización bursátil de al menos 1,5 millón de UF –unos US$55 millones-, deberán elegir a lo menos un director independiente, el que deberá cumplir con una serie de requisitos y podrá ser elegido con los votos de todos los accionistas, sin excluir los votos del contralor de la empresa, como ocurre hoy.

Por otra parte, regula las operaciones con partes relacionadas y conflictos de intereses. También la iniciativa incrementa la divulgación de información al mercado, ya que obliga a los accionistas que controlen el 10% o más de las acciones de una sociedad abierta, así como a sus ejecutivos principales, a informar a la Superintendencia de Valores y a cada una de las bolsas, de toda adquisición o enajenamiento de valores de esa sociedad a más tardar al día siguiente en que se ha materializado la operación.

Asimismo, entrega al directorio de la empresa la responsabilidad de adoptar las medidas apropiadas para evitar que la información de la sociedad sea divulgada a uno o más potenciales inversionistas, antes de ser puesta a disposición de todos los accionistas y del público.

La Mandataria aseguró que "la convicción del gobierno es que así como hemos dicho que queremos mejor Estado, también hemos señalado que queremos mejor mercado, que opere con reglas muy claras y garantías para todos y estamos convencidos que si hay algo que la crisis mundial se encargó en demostrar es a donde conducen los mercados opacos, sin las regulaciones adecuadas ni controles eficientes en los que pueda crearse un terreno abonado por los abusos".