CDE: el juego al límite de los consejeros que resguardan el patrimonio fiscal

La decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de demandar a la Fundación CEMA Chile, que era presidida por Lucía Hiriart, viuda de Augusto Pinochet, se adoptó en octubre de 2016 sin considerar el voto de Juan Ignacio Piña, máxima autoridad del organismo que, por ley, defiende los intereses y patrimonios fiscales.

Su vínculo con Marco Antonio Pinochet Hiriart, a quien representó hace algunos años como abogado en el caso Riggs, fue el argumento para inhabilitarse de esta causa.

Los conflictos de interés son un tema habitual al interior del CDE. Aunque el presidente del consejo tiene prohibido por ley "ejercer la profesión de abogado en la defensa de particulares en juicios", la norma no se aplica a los otros 10 abogados que componen el consejo. Los profesionales están autorizados para ejercer privadamente la profesión, pueden formar sus propios estudios jurídicos, integrar directorios de empresas y realizar otras actividades laborales.

Las inhabilidades, en caso que se crucen los intereses públicos y privados, quedan a discreción de cada consejero según las normas que establece el Código de Etica del Colegio de Abogados para enfrentar los conflictos de interés. Acceder a las actas del consejo que contienen los registros de inhabilidades no es posible, ya que son declaradas secretas.

Un proyecto de ley que descansa en el Congreso desde 2015 busca regularizar esta situación, al exigir la exclusividad en el trabajo de los consejeros del CDE, bajo el argumento de que tienen una tarea de alta responsabilidad, manejan información sensible para el Estado y gozan de altas remuneraciones (entre $7,6 millones y $7,9 millones), equiparables a las de los ministros de Estado. La medida es resistida al interior del consejo, donde no quieren perder sus privilegios, en un cargo nombrado directamente por el Presidente de la República, según trayectoria y consideraciones políticas, y que es prácticamente inamovible (se retiran a los 75 años y sólo pueden ser removidos con el acuerdo del Senado).

La Tercera analizó las actividades profesionales, sociedades, patrimonios y empresas en que participan todos los miembros del CDE. ¿El resultado? Millonarios contratos entre sus estudios de abogados y organismos del Estado; la designación en el directorio de empresas de lobby; participación en renombrados estudios jurídicos que mantienen litigios contra el Fisco y asesorías a proveedores del Estado, fueron parte de los hallazgos en varios casos.

Contratos, lobby y bufetes

"Las inhabilidades están sujetas a la corrección y honorabilidad de cada consejero. Es el Presidente de la República el encargado de nombrar a la gente más idónea", señala Sergio Urrejola, ex presidente del CDE, quien defiende que los consejeros sean abogados con activa presencia en el foro y que puedan litigar también de manera privada. Dice que no pueden pedirles exclusividad a abogados que "ni siquiera cuentan con oficina o baño en el consejo".

Pero en el céntrico edificio de Agustinas 1687 son comentados los casos de consejeros que, a decir de los propios funcionarios, trabajan al límite. Uno de ellos es el abogado Rodrigo Quintana (PS), quien desde 2011 es socio del bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ).

El estudio cuenta con decenas de clientes y varios litigios vinculados al Estado. Por ejemplo, BMAJ asesoró a la empresa Mitsui & Co en la disputa entre Anglo American y Codelco, y por la cual el Senado pidió la intervención del CDE. En este caso, Quintana representó a Mitsui en 2012. Los casos SQM, Inverlink y La Polar formaron parte de las causas que tramitaron, así como representan a Exeter, minera que amenaza con una millonaria demanda al Fisco.

Además, Quintana es director de comunicación estratégica en el holding Imaginacción, una de las principales agencias de lobby del país, liderada por Enrique Correa. Imaginacción, por ejemplo, asesoró a Hendaya S.A., que es investigada por la Fiscalía Oriente por obtener licitaciones con un sobreprecio cercano a los $ 5.000 millones para el Programa de Alimentación

Escolar de la Junaeb, caso en el cual el CDE es querellante. Hendaya también está vinculada a BMAJ. Según el portal del lobby, los abogados Octavio Bofill e Ignacio Ried, de ese estudio, actúan como sus representantes en las reuniones con la Junaeb.

Al respecto, Quintana respondió que "Bofill Mir & Alvarez Jana está dividido en grupos según la materia. Yo formo parte del equipo de litigios, en el que prácticamente no existen asuntos en los que intervenga el CDE, salvo dos casos pro bono en materia de responsabilidad sanitaria. En esos casos, naturalmente, me inhabilito".

Agregó que "respecto de Imaginacción, soy miembro del directorio de la empresa de comunicación estratégica. No puede haber ningún tipo de conflicto de interés con el CDE, y si llegara a producirse me inhabilitaría y me abstendría de participar".

Y aunque dice que "en relación con Imaginacción Comunicación Estratégica, según me ha informado la gerencia general, Hendaya no es uno de sus clientes, por lo que no puede haber conflicto de interés", el dato se contradice con la declaración del gerente general de Hendaya, Alberto Carvajal, y del abogado de la empresa, Ignacio Ried, en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del 15 de junio de 2016. Ambos señalan que contrataron la asesoría de Imaginacción en materia de comunicación estratégica.

Clientes privados

Otro caso que también fue discutido, y en su momento generó tensión al interior del organismo, es la situación de la consejera Clara Szczaranski. La abogada representó, en una instancia administrativa ante la Contraloría y otra en el área penal por un caso de injurias, al ex oficial del Ejército Virgilio Cartoni, uno de los principales y cuestionados proveedores de armas y pertrechos militares.

El pasado martes, la Corte Suprema ordenó el cierre de las cuentas bancarias del ex uniformado luego de que el Banco Itaú estimara que "podría estar vinculado a ciertos hechos ilícitos que se imputan actualmente al ex comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba", en el marco del caso Milicogate, en que se habría producido un cuantioso fraude al Fisco a través de la Ley Reservada del Cobre, caso por el que el CDE es querellante.

Szczaranski, quien comparte su tiempo en el consejo con su rol de decana de la Facultad de Humanidades de la U. Mayor, además creó la empresa MPS Compliance S.A., que mantenía oficina en Rosario Norte, Las Condes, junto al abogado Darío Calderón, amigo y asesor directo del empresario y controlador de SQM Julio Ponce, investigado por presunto financiamiento irregular de la política. "Me retiré de la oficina del abogado Darío Calderón en diciembre de 2015, precisamente por la cercanía de ésta con algunos clientes que se hicieron contraparte del consejo. De cualquier forma, en dicha oficina sólo compartía techo y no clientes con mi ex compañero de universidad", detalló Szczaranski.

En cuanto al caso de Cartoni, dijo que "lo he asesorado en la presentación de un par de informes en derecho a la Contraloría General de la República, defendiendo la corrección y legalidad de dos procesos licitatorios efectuados por el Ejército (...) hace ya más de un año concluí formalmente todo vínculo respecto del señor Cartoni".

El caso de la consejera Paulina Veloso (PS) también es conocido en el CDE. La abogada creó el estudio jurídico Veloso, Flores y Reyes, el cual, según Mercado Público, se adjudicó entre 2012 y 2014, por la vía del trato directo, tres contratos con Corfo para prestar "asesorías jurídicas" por un total de $ 81,8 millones.

Según Veloso, "en estos tres asuntos no existe incompatibilidad alguna con la actividad en el consejo, dado que la Corfo es una institución descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estos organismos descentralizados, normalmente, de acuerdo a la ley orgánica del consejo, no son defendidos en juicio por el CDE". Esta versión no coincide con la del presidente del organismo, Juan Ignacio Piña, quien dice que si un consejero presta asesoría privada a un organismo del Estado, puede ser un conflicto de funciones (ver entrevista página 4).

Aunque Piña ya no litiga y se desvinculó del estudio jurídico que mantenía con los abogados Matías Balmaceda y Francisco Cox, -quienes representaron a Jovino Novoa en el caso Penta-, mantiene participación en sociedades como la que declara en la empresa Inmobiliaria e Inversiones Alto S.A., en la cual es socio de Jorge Nazer. Esto también le puede abrir eventuales conflictos de interés: a través de esta firma arrendó el décimo piso de la Torre Los Andes, ubicada en Miraflores 130, Santiago, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios desde el 30 de julio de 2012, y por el cual el ente público paga $ 4,5 millones mensuales. Sobre esta repartición, el CDE debe definir si inicia o no acciones legales, luego de que una comisión investigadora de la Cámara le enviara hace un año antecedentes con presuntos delitos funcionarios por no ejercer sus "facultades fiscalizadoras".

Por su parte, el consejero Daniel Martorell es socio del estudio Waissbluth, Martorell & Arrieta. A través de esta firma representó a Servipag y llegó a tribunales, en julio de 2012, para pedir que se dejara sin efecto una amonestación que le aplicó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tras detectar un incumplimiento en la circular n° 18, "referido a realizar actividades de capacitación relativas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo sólo a quienes ejercen cargo de jefatura".

Martorell dijo que "el procedimiento administrativo en que presté asesoría a la empresa no tenía relación alguna, ni directa ni indirecta, con investigaciones penales ni con la comisión de algún delito. Siempre se mantuvo dentro del ámbito administrativo".