Chavismo acusa ex diputada Machado y a embajador de EEUU de tramar magnicidio contra Maduro

La dirigencia chavista acusó el miércoles a  un puñado de opositores venezolanos -incluida la destituida diputada María Corina Machado- y al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, de planear un golpe de estado y magnicidio contra el presidente socialista Nicolás Maduro. 

Acompañado por la plana mayor del oficialista Partido Socialista Unido de  Venezuela (PSUV), el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, exhibió ante la prensa cinco correos electrónicos de Machado y otros dirigentes opositores donde supuestamente discuten formas de acelerar una crisis política para derrocar a Maduro. 

"Es hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar a Maduro y lo demás caerá sólo", leyó Rodríguez  en una comunicación que presuntamente Machado envió al ex precandidato presidencial, Diego Arria.

Rodríguez señaló a Whitaker como coordinador "en un golpe de Estado con complicidad de políticos y civiles venezolanos", en el que estarían implicados  el banquero venezolano Eligio Cedeño, residente en Estados Unidos, y al  expresidenciable Henrique Salas Römer, entre otros. 

"Se difunde ahora infamia en mi contra por 'alto mando político' del régimen", criticó en Twitter Machado, quien fue destituida el 24 de marzo por  el PSUV tras ser acusada de actuar como delegada alterna del gobierno de Panamá  en una audiencia ante la ONU.

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El dirigente chavista afirmó que las protestas estudiantiles contra el  gobierno desde hace más de tres meses "son una fase" del plan golpista y "de la  acción violenta de la ultraderecha venezolana" que habría planificado  "guarimbas (bloqueo de calles), golpe militar y magnicidio" contra Maduro.

"No nos vuelvan a decir que fueron protestas pacíficas y espontáneas", dijo  el alcalde en alusión a las manifestaciones contra la crisis económica con una  inflación cercana a 60% y la escasez productos básicos, que desde febrero dejan  42 muertos, unos 800 heridos y más de 150 personas detenidas.

Rodríguez emplazó al departamento de Estado estadounidense y a la coalición  opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a emitir opinión sobre estas  denuncias, y a que la justicia intervenga en "esta denuncia política que lo  único que persigue es prevenir estas acciones violentas".

La denuncia del chavismo surge cuando se espera una nueva votación en el  Congreso de Estados Unidos sobre un proyecto de Ley para aplicar sanciones a  funcionarios venezolanos incursos en violaciones contra los derechos humanos  durante las protestas en Venezuela.