Comisión propone a gobierno nuevo delito que sancione a organizaciones terroristas

Luego de más de cuatro meses de debate, la comisión de expertos encargada de presentar un proyecto para modificar la Ley Antiterrorista llegó al consenso de crear una nueva figura delictual para sancionar este tipo de ilícitos. Se trata de la "asociación criminal terrorista", que modifica la actual asociación ilícita aplicada a este delito.

Este es uno de los puntos que serán incluidos en el informe que se entregará al gobierno hoy, y que fue realizado por un grupo de ocho abogados, a cargo del jurista Juan Pablo Hermosilla. La comisión comenzó a trabajar en mayo, luego de que el gobierno le encomendara crear una propuesta para cambiar la actual legislación. Esta materia se ha convertido en una de las prioridades de la administración de Michelle Bachelet, tras los atentados explosivos que se registraron en la capital.

El documento, que se alistaba anoche entre los integrantes de la comisión, tiene un ítem dedicado a esta nueva figura que será incluida en el Código Penal. En ese punto, la iniciativa apunta a que "será constitutiva de asociación criminal terrorista toda organización cuando a través de la perpetración de los crímenes por ella proyectados, y siempre que éstos consistan en tortura, homicidios, lesiones, mutilaciones, castraciones, detonación, instalación de artefactos explosivos, se persiguiere socavar el orden institucional democrático o imponer exigencias a la autoridad política o arrancar decisiones de ésta, o someter a la población infundiendo temor generalizado", señala el documento.

Así, la propuesta busca que se rebajen las exigencias que actualmente se establecen para probar ante los tribunales la existencia de la asociación ilícita.

"MEDIOS CATASTRÓFICOS"

Otro de los puntos que habría acordado la comisión apunta a una "cláusula de medios catastróficos", en que un hecho individual se puede considerar terrorismo si esta actuación afecta a un número importante de personas.

Esta normativa se puede aplicar a los sujetos que instalan artefactos explosivos. Fuentes de la comisión indicaron que esta ley también busca "ponerse en la línea" de acuerdos internacionales relacionados al uso de explosivos.

Ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, indicó que se retrasó la fecha de entrega de la propuesta, y que "me lo entregan esta semana. Como viajé una semana a España y Francia, como ustedes saben, y, por otro lado, la misma comisión me pidió una semana adicional de trabajo. Vamos prontamente a ingresar el proyecto de ley, a través de la Comisión de Constitución del Senado. De tal modo que ya en octubre comienza la legislación en el Congreso".

Peñailillo agregó que "nos hemos tomado estos días adicionales a la fecha que nos habíamos autopropuesto, de tal manera de considerar todas las observaciones de los técnicos y ver luego las que nosotros como gobierno vamos a realizar. Vamos a tener una ley mucho más eficaz y, por otro lado, una legislación que respeta el debido proceso y que cumple con los estándares internacionales".

Uno de los motivos por los cuales la comisión pidió más tiempo al Ministerio del Interior es que todavía existen tres puntos en los que aún no hay consenso. De hecho, hasta ayer continuaba el envío de correos electrónicos entre los integrantes para llegar a un acuerdo.

El primer punto en disputa es incorporar reglas a las actuaciones que tengan los agentes encubiertos y reveladores, con el objetivo de evitar que inciten al delito. El segundo ítem apunta a si el uso de las normas especiales -como las escuchas telefónicas y medidas intrusivas- será aplicado a ciertos delitos o por la gravedad de la pena. El último punto se refiere a la vía por la cual se realizarán estas modificaciones.