Congreso busca acuerdo para frenar los escándalos

El miércoles, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, llegó hasta el Congreso en Valparaíso. Ese día ambas Cámaras debían despachar el proyecto que reajustó el salario mínimo en 3,7%. En medio de la jornada, el personero DC fue invitado a una reunión privada. Pérez Yoma subió al cuarto piso del Senado, hasta la oficina del presidente de la Cámara Alta, Jovino Novoa, donde lo esperaba también el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Alvarez.

Ambos personeros de la UDI le plantearon, en su calidad de timoneles del Congreso, que el prestigio de los parlamentarios -sacudido por las malas prácticas denunciadas en Informe Especial, la investigación contra la gremialista Claudia Nogueira por actos ilícitos en el pago a asesores y el escándalo del arriendo de sedes del RN Maximiano Errázuriz- puede verse más afectado si no se aplican cambios drásticos al sistema de pago de asignaciones para asesores, sedes y combustible con que cuentan los legisladores.

Los diputados, por ejemplo, reciben un sueldo líquido mensual cercano a los $ 5 millones, a los que se suman casi $ 7 millones en asignaciones cuya discrecionalidad y escasa fiscalización está en entredicho: basta con presentar un contrato de arrendamiento para que la Cámara libere fondos (hasta $ 690 mil); no están obligados a rendir los más de $ 840 mil mensuales que les dan para comprar combustible, y la corporación no fiscaliza el trabajo de los asesores contratados (hasta $ 3.181.158).

A esto se suma que los diputados (a diferencia de los senadores) se han negado a entregar información detallada sobre los pagos por asesorías, pese a la ley de transparencia, pues considera que al ser contratados por los parlamentarios aquellos quedan en la categoría de "terceros", cuyos derechos deben ser "resguardados".

Son estos históricos vacíos normativos, dicen fuentes parlamentarias, los que han permitido que se registren casos como los de Nogueira y Errázuriz. Pero, agregan, más grave aún es que, si no se pone coto al tema, la lista de investigados podría crecer.

CONTACTO EN EUROPA
La idea de los timoneles del Congreso, que ha sido discutida con los jefes de las bancadas y que contaría con apoyo transversal, ya había sido manifestada a representantes del Ejecutivo. Quienes conocen las gestiones en este sentido aseguran que durante la gira presidencial de fines de mayo a Holanda y Francia, el senador UDI Juan Antonio Coloma transmitió esta inquietud a altos personeros de la administración Bachelet.

Las fuentes sostienen que, si bien hasta el momento lo que ha existido son "sondeos preliminares" y que el tema no ha sido discutido de manera formal en el equipo político de La Moneda, el gobierno no se cerraría a apoyar un acuerdo similar al de Modernización del Estado de 2003 (cuando en pleno caso MOP-Gate se regularizó el pago de sobresueldos).

La idea de contar con el apoyo del Ejecutivo apunta a que se prevén focos de resistencia importantes por parte de algunos diputados a la introducción de fuertes restricciones a un sistema que les otorga bastante libertad en el uso de esos recursos.

Y es que si prospera la iniciativa que se viene trabajando hace semanas -crear un comité externo que audite, determine y se haga cargo de la entrega de los dineros de las asignaciones para asesores, bencina, sedes y telefonía con total independencia-, a fin de mes el único cheque que verían los legisladores sería el de su sueldo y algunos verían cortada una fuente de ingresos extra para el trabajo en sus zonas. Esto último, dicen en la Cámara, se explica porque no todos gastarían necesariamente los $800 mil para combustible que les dan cada mes, y como no hay obligación de rendir cuentas, podrían registrarse casos en que se usa el saldo para actividades distritales.

En este contexto, dicen quienes conocen las tratativas encabezadas por Novoa y Alvarez, La Moneda ayudaría a ordenar al oficialismo y a dar viabilidad a la implementación de esta "contraloría parlamentaria".

EL FACTOR NOGUEIRA
Si bien hoy los "rostros" de las irregularidades en las asignaciones son de miembros de la Alianza (Errázuriz renunció a RN el viernes, antes de ser expulsado, tras reconocer que falseó los contratos de arriendo que tenía en la Cámara), fuentes parlamentarias sostienen que el apoyo que ha ido logrando la iniciativa se explica en que existe un temor bastante extendido en Valparaíso.

Esto, a partir del caso de la diputada Nogueira, a quien en marzo la Corte Suprema accedió a levantar el secreto bancario de la cuenta bipersonal que mantiene con su marido, el ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo, en el marco del caso GMA (ver recuadro). En medio de esta investigación, la justicia encontró que dos profesionales vinculados a GMA que ella presentó como asesores para que la Cámara les pagara, le depositaron esos montos en su propia cuenta.

La inquietud radica en la posibilidad de que los fiscales pidan atribuciones similares cada vez que exista una denuncia. Y ejemplos por investigar lo que pasa en la Cámara hay: luego de que TVN acusara a Dittborn de presentar casas de particulares como sedes distritales, el fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott (el mismo que indaga a Nogueira) pidió antecedentes al respecto. Lo mismo hizo en el caso de Errázuriz, luego de un reportaje del diario La Nación.

"Aun cuando no habría ilícitos, pues el actual reglamento da espacios a la discrecionalidad, podríamos tener un desfile de parlamentarios dando explicaciones en tribunales", resume una alta fuente del Congreso, la que agrega que la imagen de la Cámara "no resiste más golpes".

Si bien las fuentes consultadas descartan de manera tajante que en el acuerdo con el gobierno se esté buscando de paso un "perdonazo" para Nogueira, su caso ha cruzado toda la discusión. Por tres razones:

1) A juicio de la UDI el fiscal Jorge Abbott ha "filtrado" diligencias sobre la parlamentaria (quien sería formalizada). Por lo mismo es que parlamentarios de este partido han enviado quejas formales y se han reunido con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, e incluso la propia Nogueira presentó el 29 de abril -junto a Errázuriz y Amelia Herrera- un proyecto de ley que sanciona a los fiscales que hagan trascender a la prensa diligencias en una causa.

2) El caso de la diputada UDI apunta específicamente al sistema de asesorías. Abbott ya pidió información a la Cámara, que tras acordar una respuesta a nivel de jefes de bancada le respondió que no se exige que se acredite el contenido, la existencia ni la utilidad de los trabajos contratados, y que, en definitiva, son los diputados los responsables de avalar dichos pagos por parte de Tesorería.

3) El gran factor de preocupación apunta a que -según fuentes UDI- la defensa de Nogueira ha evaluado presentar un listado de parlamentarios que habrían incurrido en prácticas similares. La idea, agregan, es demostrar que la abogada "no ha hecho nada distinto a lo que han hecho varios de sus pares".