Consejo anticorrupción afina propuestas y coordina detalles con gobierno

En un refugio, en las cercanías de Santo Domingo, Quinta Región, perteneciente a la congregación de la Compañía de Jesús, se reunieron durante todo el fin de semana los miembros del consejo asesor presidencial sobre probidad, transparencia y anticorrupción, que preside el economista Eduardo Engel.

Sin televisión y sólo provistos de servicios básicos, la idea de los consejeros era concentrarse en la elaboración del documento final contra la corrupción. "Rodeados de la naturaleza, sin interrupciones ni presiones de ninguna índole", dicen.

Está previsto que el próximo miércoles, que Eduardo Engel, se reúna con el director de Políticas Públicas de la Presidencia y hombre clave del grupo de asesores del denominado "segundo piso", el sociólogo Pedro Güell.

El objetivo del encuentro es realizar una revisión de las propuestas que presentará el jueves 23 en la instancia creada por la Presidenta Michelle Bachelet. Esto, en una ceremonia en La Moneda, a la que se espera que sean invitados representantes de todos los sectores políticos.

Durante el fin de semana, la comisión avanzó en la redacción final de las medidas, en base a las audiencias públicas y a las reuniones que sus integrantes tuvieron con organizaciones sociales y partidos, que entregaron distintas propuestas.

Si bien aún no hay claridad sobre qué medidas se propondrán, fuentes del oficialismo dicen que se incluirá la destitución del cargo a parlamentarios que incurran en irregularidades.

Además, en el sitio web del consejo se consigna un balance de las medidas discutidas, junto con la cantidad de grupos que han apoyado esas propuestas.

De acuerdo a esa información, uno de los puntos en los que existe mayor consenso es en los criterios para asignar recursos monetarios a los partidos políticos, precisamente uno de los temas centrales que motivaron la creación de este consejo, surgido a raíz de la crisis política por los casos Penta-SQM y Caval.

Así, entre las propuestas que han estudiado figura establecer fondos públicos "en relación con la cantidad de militantes que donan", crear beneficios tributarios para el aporte de personas naturales, fijar un "financiamiento basal" para las colectividades y "condicionar" la entrega de los recursos públicos a la "democracia interna de los partidos".

Otra materia discutida es la referida a los aportes reservados que permite actualmente la ley, sobre lo que se propone su eliminación, tal como planteó el gobierno en su proyecto de ley sobre financiamiento de la política. En esta iniciativa -que se está tramitando en la Comisión de Constitución de la Cámara- se incluye, además, el fin de todo aporte de empresas y se establece, como compensación, un nuevo financiamiento estatal.

En el consejo asesor presidencial también se ha discutido la creación de nuevas áreas al interior del Servicio Electoral (Servel) para fortalecer su labor fiscalizadora.

A lo anterior, se suma la idea de limitar la reelección de parlamentarios: dos reelecciones máximo para los diputados, y una para el caso de los senadores.

Otra medida que genera consenso es la regulación de la conducta de los funcionarios públicos. En este punto la comisión ha recogido la idea de limitar la contratación de familiares y restringir la participación en actos e inauguraciones durante épocas de campaña.

En otras materias, se ha analizado la posibilidad de renuncia de diputados y senadores; establecer una inhabilidad para ejercer cargos públicos en caso de ser condenados por tráfico de influencias, cohecho o financiamiento ilegal; implementar una oficina de denuncia para ciudadanos y funcionarios públicos; y regular las campañas, ampliando el concepto de propaganda electoral.

Una de las últimas propuestas recibidas fue la que entregaron diputados de la comisión investigadora sobre el caso Penta, quienes sugieren sancionar como "cohecho" cualquier aporte monetario de empresas a políticos.