Consejo de Defensa de la Patagonia analiza llegar a instancias internacionales por HidroAysén

Macarena Soler, coordinadora legal del Consejo de Defensa de la Patagonia, no descarta llegar a instancias internacionales si es que la justicia chilena no da satisfacción a los derechos de los ciudadanos de Aysén frente a la "inminente" aprobación del proyecto hidroeléctrico en la Undécima Región.

Hoy se confirmó que el próximo lunes a las 15.30 horas se realizará la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coyhaique donde se votará la realización del proyecto.

"Tenemos fe en los tribunales de Justicia y por eso vamos a llevar todo a los tribunales y tenemos fe en las instancias internas. Si estas instancias no dan satisfacción a los derechos de las personas en Aysén, las instancias internacionales no se descartan", aseguró Soler a La Tercera.

VOTACION DEL PROYECTO
La abogada explicó que primero el proyecto HidroAysén se votará por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coyhaique y después se dicta una resolución de calificación ambiental. "En este minuto estamos en el proceso de visación de los servicios públicos de los informes", consignó.

Según la profesional, "hay algunos servicios que no están para nada conformes con el informe consolidado de evaluación y hay algunos servicios que incluso visan con observaciones" bastante importante.

"Vamos a ir a votación con un informe consolidado de evaluación que el día viernes a las 5 de la tarde no ha recibido todos los pronunciamientos y varios de ellos dicen 'con observación'", reclama. Es más, duda de que los miembros de esta comisión hayan revisado exhaustivamente las más de mil hojas "de este informe consolidado de evaluación" al momento de votar.

"INMINENTE" APROBACION
Según la profesional, "se ve que la aprobación del proyecto es inminente" tomando en cuenta las declaraciones de Gobierno que dicen que  el Presidente Sebastián Piñera "va a hacer lo que sea necesario para bien o para mal".

Presume que el próximo lunes 9 de mayo se va a aprobar el proyecto con condiciones, las que cree serán muy restrictivas para las empresas socias, Endesa y Colbún.

"Nosotros hemos hecho un seguimiento sumamente exhaustivo desde que ingresó el proyecto en el año 2008 que ha significado que hemos presentado en muchas oportunidades nuestra posición con respecto a que el procedimiento está viciado", explicó. "Reclamamos la falta de legalidad y la inconstitucionalidad del proceso llevado a cabo", agregó.

Explica que una de las vías de reclamación son los recursos de protección. "A nuestro juicio es tan evidente y no resiste análisis lo viciado que está este procedimiento que van a ser muchos recursos de protección", considera.