Contraloría detecta "deficiencias" en licitación e implementación de circuito cerrado y radiocomunicaciones en recintos penales

Una serie de deficiencias fueron detectadas por Contraloría, en una auditoría al proceso de licitación e implementación de los circuitos cerrados de televisión y de radiocomunicaciones en recintos penales del país, ejecutado por la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile.

19 proyectos fueron llevados a cabo durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 30 de septiembre de 2013, con un costo total de 3.783.418.915 pesos.

Contraloría reveló que en dichos proyectos hubo, por ejemplo, deficiencias en al plan anual de compras, licitaciones evaluadas y adjudicadas fuera de plazo, y deficiencias en la distribución y control de los equipos.

Respecto de este último punto, dice el informe, se verificó que existen organismos ajenos a Gendarmería que "están haciendo uso de 25 equipos bases, sin que se presentaran a la comisión fiscalizadora de este Organismo de Control los actos administrativos por medio de los cuales se entregaron y señalaron los responsables de su custodia".

Entre los organismos mencionados figuran la Onemi de la Región Metropolitana, Valparaíso y Concepción, Bomberos de Santiago, Tiltil y Colina, la PDI de Concepción, la Central de Comunicaciones de Carabineros y la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Situación que de acuerdo al informe "infringe lo señalado en el artículo 3° de la ley N° 19.880"

El proyecto contempla también la instalación de "Salas Centro de Despacho Radio (C.D.R.)", para administrar a todos los grupos que integran el sistema. Contraloría indica que de las 7 consolas ubicadas en Santiago, se encontraban en operación 5 de ellas por "falta de personal". También hay una en Valparaíso y Concepción.

Lo señalado anteriormente, dice el Organismo de Control, "evidencia una falta de sujeción a la norma general sobre vigilancia de los controles…en el cual se consigna que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia".

RETRASO EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

De acuerdo al informe del Órgano Fiscalizador, el sistema de radiocomunicación troncalizado debió estar en funcionamiento en el mes de octubre de 2011, sin perjuicio que de acuerdo a lo establecido en el contrato, el servicio regía a contar del 2 de enero de 2012.

"Sin embargo, el examen practicado permitió determinar que el sistema fue recibido por profesionales de la Sección Radiocomunicaciones y Subdepartamento de Informática, mediante acta de recepción final, el 5 de marzo de 2012", dice la auditoría.

Con ello, "se advierte una contravención a los principios de eficiencia y celeridad que debe observar la Administración del Estado".

La instalación completa del sistema, las capacitaciones y su puesta en marcha debió efectuarse en un plazo máximo de 87 días corridos, contados a partir del siguiente al de notificación a la empresa", asegura Contraloría.

FALTA DE CAPACITACIÓN Y CAMARAS EN MAL ESTADO

En Ente Fiscalizador visitó dos de los 14 recintos penales donde se implementaría el sistema, Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio y Centro de Detención Preventiva de Quillota.

En ambos casos, dice el informe, los Circuitos Cerrados de Televisión eran manejados por personal que no contaba con la capacitación necesaria, sin embargo, a la fecha de emisión del informe, la situación fue subsanada por la Institución.

En el Centro de Detención Preventiva de Quillota, además, se detectaron cuatro cámaras que no funcionaban correctamente, a lo cual Gendarmería informó que la solicitud para la reparación de las cámaras de seguridad, por parte de la unidad técnica, se llevó a cabo en diciembre de 2013.

Ante las observaciones de Contraloría, ésta ordenó a Gendarmería "adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, cautelando debidamente la utilización de los recursos asignados".

Además, pide, que en un plazo máximo de 60 días hábiles desde la recepción del oficio, se evacue un informe con las medidas adoptadas.