Cristián Paredes Valenzuela, fiscal regional de La Araucanía: "La Ley Antiterrorista debiera incorporar el uso de agentes encubiertos e informantes"

"La aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido excepcional. En mi gestión como fiscal regional, solo en tres ocasiones hemos utilizado esta normativa: en el ataque de los camiones, ocurrido hace una semana en la Ruta 5 Sur; en la quema de una iglesia evangélica, en el sector Niágara de Padre Las Casas, y en el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay", subraya Cristián Paredes, fiscal regional de La Araucanía.

En las últimas dos semanas, esta zona ha sido agitada en lo judicial. No solo por aquel doble atentado, al cual hace referencia el persecutor regional, sino que también por la discusión pública, de políticos y gremios de la zona, que se generó en torno a esta normativa. Ante ese escenario, Paredes puntualiza ideas y conceptos.

¿Por qué se invocó la Ley Antiterrorista en este atentado de la Ruta 5 y no en el incidente que afectó a 17 camiones en Lautaro, ocurrido en febrero pasado?

La fiscalía la aplicará cuando tenga la convicción de que se cumplen los requisitos que se exigen. En el delito reciente se estimó que la forma de comisión, con un grupo que actuó coordinado y casi simultáneo, en dos puntos de la ruta, con una planificación previa, atacando a los choferes con disparos y con el lanzamiento de molotov, se enmarcaba en dicha normativa. Tal como ocurrió en los otros dos casos que mencioné, los autores no trepidaron en utilizar la violencia para infundir temor en la población, con total desprecio a la vida de las personas. Quemar 17 camiones es un hecho grave, que afecta significativamente el patrimonio de las víctimas, pero la Ley 18.314 (de conductas terroristas) exige actualmente otros requisitos adicionales, que en opinión de la fiscalía en ese caso no se cumplen.

¿Cuál es su evaluación de la Ley Antiterrorista en lo concreto?

Tiene penas altas, pero en la práctica ha sido muy difícil conseguir condenas en tribunales, por la exigencia subjetiva de la normativa. No contiene una definición sobre delitos terroristas y está basada fundamentalmente en la finalidad de producir temor. Esto significa que los jueces, además de exigir la acreditación del tipo penal base, piden probar la finalidad de infundir miedo en la población, lo que resulta difícil en la práctica. Aun así, en el primer juicio del caso Luchsinger Mackay uno de los jueces dio por acreditada la conducta terrorista de sus autores. Y en el ataque a la familia Seco Fourcade, los jueces determinaron que se trataba de un delito terrorista, pero no dieron por establecida la autoría del acusado.

¿Qué debería tener esta legislación?

Debiera incorporar elementos más objetivos en la descripción de conducta terrorista y dotar a la fiscalía y a las policías de mejores herramientas investigativas. Actualmente, no presenta ninguna ventaja comparativa respecto de otros cuerpos legales.

Para el trabajo de la fiscalía, ¿serviría contar con agentes encubiertos e informantes?

Por supuesto, lo hemos planteado en distintas instancias. La Ley 18.314 debiera incorporar técnicas investigativas consideradas en delitos de drogas, de lavado de dinero y de trata de personas, sexuales e incluso en algunos delitos patrimoniales, como el uso de agentes encubiertos e informantes. Estas permitirían a las policías obtener información de mejor calidad sobre quienes están desarrollando esas acciones. También hemos pedido mejorar y actualizar la legislación antiterrorista y la común, para proteger la identidad y, de esa forma, la seguridad de las personas que declaran en un juicio, sean víctimas o testigos. Hemos constatado que algunos tribunales no permiten ni siquiera el uso de biombos para garantizar la integridad de quienes declaran. También debería haber modificaciones al funcionamiento de nuestro sistema de inteligencia de la Ley 19.974, con el fin de establecer un mecanismo de levantamiento del secreto y remisión de antecedentes a la fiscalía, que además permita expresamente ser utilizados como medios de prueba en los respectivos procesos judiciales.

Este año no hay detenidos por ataques a vehículos y predios. ¿A qué lo atribuye?

Quienes cometen estos delitos actúan en condiciones que favorecen la impunidad. Normalmente con ausencia de testigos, en horarios e incluso condiciones climáticas adversas, que dificultan la investigación. Cuando no hay detenidos en flagrancia, debemos desarrollar investigaciones que por su complejidad requieren de mayores diligencias y tiempos de respuesta. Actualmente, tanto Carabineros como la PDI tienen investigaciones a su cargo y esperamos que en un pronto tiempo obtengan resultados, para individualizar a los autores de estos hechos y obtener una sanción penal. Tal como ha ocurrido con ocho personas que en los últimos años han sido condenadas por incendios de camiones.

Tras la agresión a un fiscal, en el Tribunal de Collipulli, ¿hay más detenidos del grupo que entró al juzgado?

El día de la agresión fue detenida una persona, que fue formalizada y sometida a medidas cautelares. Y hay una segunda persona con orden de detención. Además, la PDI logró identificar a otras 11 personas a través del análisis de las cámaras de video y actualmente trabajan para confirmar esas identidades. Lo ocurrido en el Tribunal de Collipulli es repudiable, socava las bases del Estado de derecho y ha generado un rechazo unánime. El presidente de Corte de Apelaciones de Temuco convocó a una mesa sobre seguridad en la que participamos junto a Carabineros, Gendarmería y la Defensoría Penal para abordar estas materias, y se tomaron medidas inmediatas.

En relación a la indagatoria de la PDI a un ex lautarista (Carlos Gutiérrez) por ese mismo hecho, ¿se investiga la posibilidad de que haya otros ex subversivos operando en comunidades?

En investigaciones en curso no tenemos antecedentes de aquello, sin perjuicio de que pudieran existir eventualmente a nivel de inteligencia, labor que compete a otros órganos.

¿Espera llegar prontamente a juicio oral en el Caso Luchsinger? Pareciera seguir dilatándose.

Presentamos acusación en agosto de 2016 y ha sido nuestra preocupación que esto se desarrolle en los plazos más acotados. Entendemos que el tiempo transcurrido desgasta a las víctimas, crea incertidumbre en la sociedad y, finalmente, favorece a los delincuentes.

Algunos parlamentarios han acusado que la defensa de los 11 imputados usa recursos judiciales como técnicas dilatorias.

Es un punto que ha sido planteado por la fiscalía. Lo hemos visto en este juicio y en otros. Hemos tenido hasta 30 suspensiones de audiencias, motivadas por subterfugios legales. Es tan evidente que algunas de nuestras aprensiones fueron recogidas en una ley especial, que evita las dilaciones injustificadas.