Datos de presos por violación enfrentan a Gendarmería y al Consejo para la Transparencia

La Corte Suprema deberá definir la discrepancia que enfrenta a Gendarmería de Chile y al Consejo para la Transparencia, por la entrega de información sobre reos que cumplen condena por violación de menores de edad con homicidio.

El 10 de diciembre de 2012, la Fundación Amparo y Justicia -que entrega apoyo a familias de víctimas de estos delitos- solicitó a Gendarmería, vía Transparencia, conocer los lugares de detención de 26 condenados y la fecha en que podrían acceder a beneficios carcelarios.

Gendarmería consultó a los reos y sólo 14 accedieron a que se entregaran esos datos. Por lo tanto, no accedió a la solicitud. "(La institución) estima que se vulnera el respeto y protección a la vida privada y a la honra de los reclusos; y que dicha información se debe considerar como datos personales y sensibles", explicó el abogado de Amparo y Justicia, Maurizio Sovino.

Ante la negativa, la fundación apeló al Consejo para la Transparencia, cuyos integrantes resolvieron -de manera unánime- que la información solicitada es pública.

Tras esto, Gendarmería presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que le dio la razón al consejo. Días después insistieron con un recurso de queja, por lo que el caso deberá ser resuelto por la Corte Suprema próximamente.

Según Sovino, la fundación solicitó la información porque "facilita sobremanera el proceso reparatorio de las víctimas, principalmente por la sensación de justicia y control que se les entrega". El abogado detalló que la fundación, además de representar a las víctimas indirectas en los respectivos procesos legales, entrega asistencia sicológica y social posterior. "Es para que puedan superar de alguna manera el daño causado por el grave delito cometido", agregó Sovino.

En ese contexto, argumentó el abogado, "es importante estar al tanto del cumplimiento de las condenas, para así poder desarrollar un plan de intervención con las víctimas, por ejemplo, en el caso de cambio de recintos penales o por la obtención de beneficios carcelarios".

Según Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia, la divulgación de la información solicitada se encuentra amparada por la legislación. "Esta establece que los encargados de prisiones deben llevar un registro público de quienes allí se encuentran cumpliendo arresto o condena, por lo tanto, debe concluirse que estos datos han de ser accesibles al público", comentó.

La ley sobre protección de la vida privada contempla que organismos públicos tengan reserva en el manejo de datos que se refieran a condenas ya cumplidas o prescritas, "pero en este caso, lo que se solicita es información respecto de personas que están cumpliendo penas, por lo cual tal reserva no aplica", sostuvo Jaraquemada.

Gendarmería declinó referirse a este tema, argumentando que esperarán la resolución de la justicia.