Derogación de ley reservada del cobre impactaría metas fiscales del Gobierno

En 40 años de historia, Codelco ha entregado al Fisco más de US$ 24 mil millones por concepto de Ley Reservada del Cobre, que establece que el 10% de las exportaciones anuales del metal y sus subproductos por parte de la estatal, se destinarán al financiamiento de las Fuerzas Armadas.

En el último año, la estrecha situación financiera de Codelco, con pérdidas por US$ 97 millones el primer semestre, ha revitalizado el debate sobre cambios o incluso la derogación de dicha normativa, vigente desde 1958. Sin embargo, hasta ahora esa discusión ha omitido una variable clave a la hora de avanzar en posibles modificaciones: para efectos fiscales, los recursos provenientes de la Ley Reservada se consideran ingresos estructurales, es decir, forman parte del cálculo del balance fiscal.

Como explican fuentes de Gobierno, esto significa que si se derogase la normativa, y los recursos se quedaran en Codelco,  el Gobierno debería ajustar gasto en otras áreas o disminuir  los recursos para las FF.AA. para cumplir la meta del Ministerio de Hacienda de reducir 0,25 punto anual -unos US$ 650 millones- el déficit estructural, estimado en 1,4% del PIB en 2016, para arribar a un saldo negativo en torno a 0,5% del PIB hacia 2019.

El año pasado, Codelco aportó al Fisco US$ 867 millones por este concepto, poco más de 0,3% del PIB,  cifra que ya suma casi US$ 400 millones al primer semestre de este año y se proyecta que volvería a superar los US$ 800 millones.

Contabilizando desde 2001,  cuando se crea la política fiscal de balance estructural, los recursos entregados por Codelco por esta vía superan los US$ 15 mil millones, alcanzando su peak durante el 2011, en línea con los mayores valores del metal.

Presupuesto

El miércoles de esta semana, el ministro de la cartera, Rodrigo Valdés, participó de una sesión en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados  citada para abordar la posible derogación de la normativa. Si bien en esta materia la cita fue declarada secreta,  la semana pasada el jefe de las finanzas públicas explicitó su visión sobre el tema. “El Gobierno está muy abierto por discutir la Ley Reservada, pero eso no significa hacer un proyecto de ley que se mezcle con el presupuesto, no significa hacer un proyecto de ley de buenas a primeras y menos significa aprobar proyectos de ley que se han hecho en el pasado y que no dejan la situación muy distinta desde el punto de vista fiscal”, sostuvo Valdés.

El director alterno de Clapes UC, y ex coordinador macroeconómico de Hacienda, Rodrigo Cerda, coincide con dicho diagnóstico.

“Si se decide utilizar los recursos de la Ley Reservada para algo distinto a lo que se establece actualmente, necesariamente habría que recortar otro tipo de gasto. Por eso, lo prudente es esperar al menos la discusión del Presupuesto 2017 antes de hacer cambios a esa norma, de lo contrario se podría generar un problema mayor en términos fiscales”, destaca.

Impacto en Codelco

Desde la cuprera estatal, el mensaje ha sido claro en favor de cambios a esta normativa. Ello en un escenario donde la firma espera este año una capitalización de recursos por parte del Fisco.

Mientras el presidente ejecutivo Nelson Pizarro admitió hace algunas semanas que “Codelco sería más feliz sin la ley reservada del cobre”, el presidente del directorio, Oscar Landerretche ha enfatizado que “tener asociadas las necesidades militares al precio del cobre, no tiene sentido (…) Hay que derogarla, hay que darle a las FF.AA. un mecanismo de financiamiento adecuado”.

El martes y miércoles de esta semana Landerretche también llegó hasta el Congreso para abordar la compleja situación de la empresa y los posibles cambios a la Ley Reservada.

En la oportunidad, detalló que la derogación de la normativa tendría un impacto inmediato en el mejoramiento de las utilidades de Codelco, antes de impuestos, de entre US$ 700 y 800 millones anuales en 2017 y 2018.

El personero sostuvo que lo anterior “aumentaría la flexibilidad del Gobierno para asignar sus recursos presupuestarios” y añadió que ello “debería venir acompañado con una ley de retención que asegure que parte de estas mayores utilidades queden en la Corporación”. A modo de ejemplo, planteó una retención del 40% de esos recursos.

Para el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, si bien la Ley Reservada “no es el causante de los problemas de Codelco, sin duda es un agravante”. Agrega que “a la hora de discutir, por ejemplo, la retención de utilidades, inmediatamente estamos hablando de un valor inferior al que podría existir si es que Codelco no tuviera que transferir estos recursos obligatoriamente”.