Diputados PS y PPD restan apoyo a acusación constitucional contra supremo por caso Sename

El líbelo indica que el juez Héctor Carreño no habría cumplido con sus deberes, tras informe que dio cuenta de irregularidades en centros de menores.<br>




"Estoy tranquilo, pienso haber hecho las cosas bien, en todo momento he actuado dentro de la legalidad". Esas fueron las palabras del ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño, tras enterarse que se presentó ayer una acusación constitucional en su contra, por posible abandono de deberes. 

Este requerimiento se materializó luego de que el 17 de mayo, la Cámara de Diputados aprobara las conclusiones de la comisión investigadora sobre el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (Sename), donde se le atribuyó a Carreño la responsabilidad  por la eventual falta de denuncia de presuntas irregularidades ocurridas dentro de los centros. Esto, luego de que liderara una comisión de jueces de familia que hicieron un catastro sobre el estado de los menores en esos establecimientos, la que concluyó que habrían ocurrido vulneraciones.

El líbelo fue presentado por los diputados democratacristianos René Saffirio, Iván Flores, Ricardo Rincón y Yasna Provoste; los socialistas Luis Rocafull, Maya Fernández y Fidel Espinoza; los PPD Cristina Girardi y Tucapel Jiménez, y  la independiente Alejandra Sepúlveda.

Sin embargo, tras la presentación del documento, dos jefes de las bancadas de la Nueva Mayoría restaron apoyo a la acusación constitucional contra el juez.

Según Pepe Auth, jefe de la bancada del PPD, "los parlamentarios que firmaron la acusación lo hicieron en uso de sus derechos y atribuciones, sin consulta previa". Así, señaló que "cuando se levantó este tema preferimos no participar y ahora que fructifica, si me hubiesen preguntado, la habría desalentado". Dijo, además, que la presentación de esta acusación "distrae el proceso político que tiene ya suficiente intensidad".

En la misma línea, el jefe de  los diputados socialistas, Marcelo Schilling, indicó que "hay miembros de la bancada que firmaron la solicitud, pero no tenemos una posición como bancada". Consultado si su voto sería de abstención, el parlamentario respondió que "sí, salvo que me convencieran con razones muy sólidas de la pertinencia de la acusación".

 En tanto, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, sostuvo que espera que el proceso se haga con responsabilidad. Agregó que su "expe- riencia con la Corte Suprema es positiva", en relación con "servicios que tienen que ver con niños". Consultado si le parece grave que a un juez se le vincule con estas irregularidades, dijo que "no tengo una percepción de que esa situación se haya producido".

Nueva comisión


Tras la presentación del líbelo, Saffirio, quien presidió la comisión investigadora,  manifestó que "está la convicción de que aquí hay ilícito constitucional y no puedo perder de vista los 15 mil niños que todavía siguen siendo abusados". Además, pidió a la actual Comisión de Familia citar al magistrado, para dar cuenta de las medidas que se han tomado. Luego, se realizó el sorteo para la conformación de la comisión que analizará la acusación, la que quedó constituida sólo por diputados de oposición. José Manuel Edwards (RN), René Manuel García (RN), Javier Macaya (UDI), Arturo Squella (UDI) y Patricio Melero (UDI). Ellos deberán elaborar en 10 días un informe que resuelva la admisibilidad de la acusación. El diputado Melero dio garantía de "acuciosidad y seriedad" en el proceso. Según el protocolo, si la comisión considera válidos los cargos en contra del ministro, podrá presentar argumentos en sala un parlamentario integrante de la actual comisión como acusador, mientras que si se decreta la inadmisibilidad, serán dos diputados acusadores. De ser aprobada la acusación por la mayoría de los diputados, el juez quedará suspendido de su cargo, por cuanto el Senado resuelva de manera definitiva si se decreta la destitución del juez.

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