Diputados UDI piden al gobierno aplicar la Ley Antiterroristas tras atentado a matrimonio Luchsinger en la Araucanía

Luego del atentado incendiario que afectó una casa patronal en La Araucanía y terminó con la muerte del empresario Werner Luchsinger y su señora, Vivianne Mckay,  los diputados UDI, Cristián Letelier y Gustavo Hasbún, solicitaron al gobierno que aplique la ley antiterrotista en la zona.

"Por ser tan garantistas, los jueces han terminado siendo protectores de estos terroristas", dijo Hasbún, a lo que Letelier añadió que "es necesario aplicar sanciones con la mayor severidad para condenar la acción de grupos minoritarios que atentan contra la paz social en La Araucanía".

Los diputados pidieron que se conforme "una fuerza de seguridad del más alto nivel, integrada por el director general de Carabineros, el director de la Policía de Investigaciones, el subsecretario para la Prevención del Delito y por todos los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden, con el objeto que se instalen en la zona todo el tiempo que sea necesario y diseñen un plan que permita mermar considerablemente la violencia".

Asimismo, plantearon que "en caso que no se logre mermar la violencia en la zona, pedimos al Presidente de la República que considere la aplicación del estado de emergencia en algunas de las comunas afectadas por estos hechos gravísimos".

Según dijo Hasbún, "aquí no falló el Estado, que ha entregado distintos beneficios a los pueblos originarios, con los que la mayoría del pueblo mapuche está conforme (…) Aquí falló la justicia, los jueces han sido demasiado garantistas".

En tanto que el diputado UDI por la zona, Enrique Estay, tras dirigirse al lugar del atentado, en Vilcún, hizo un llamado "a los jueces y los fiscales para que sean mucho más diligentes en la aplicación de los procedimientos, en cuanto a agotar las investigaciones para dar finalmente con quienes resultan responsables de estos hechos delictuales gravísimos, que están sucediendo con cierta periodicidad y que, además,  revisen su accionar en cuanto al otorgamiento de derechos cautelares o libertades".

"Está claro que estas personas son una clara amenaza para la seguridad y vida de las personas, puesto que están demostrando no tener ningún respeto por la vida de los demás; frente a ello, no pueden estar en libertad ni quedar en la impunidad y, por consiguiente, ha llegado el minuto en que los fiscales y los jueces, se pongan la mano en el corazón y actúen con rigor", agregó.