Dos personas mueren en Bolivia en operativo militar contra el contrabando de autos desde Chile

Dos personas murieron hoy en la región boliviana andina de Oruro durante un operativo militar para confiscar decenas de vehículos de segunda mano que fueron ingresados de contrabando a Bolivia desde Chile, informaron fuentes oficiales.

El fiscal del Distrito de Oruro, Gonzalo Martínez, indicó a Efe que las víctimas son un joven de 17 años y otro varón de 27, del pueblo orureño de Challapata que fue intervenido por 1.400 uniformados, la mayoría militares apoyados por la policía aduanera.

Martínez señaló que la causa de las muertes será investigada por fiscales y forenses para señalar las responsabilidades.

Challapata está situado a 334 kilómetros al sur de La Paz y es considerado por las autoridades como el epicentro del contrabando de los vehículos de segunda mano desde Chile.

Los uniformados precintaron quince garajes del pueblo en los que había decenas de autos indocumentados, lo que provocó una reacción de los pobladores que se enfrentaron a los militares a golpes, con piedras y palos.

Durante la refriega tres militares fueron retenidos por horas por los manifestantes que los intentaron linchar quemándolos vivos, aunque finalmente los liberaron, según el fiscal Martínez.

Los medios reportaron entre cinco y ocho heridos entre los manifestantes, la mayoría involucrados en el contrabando.

Martínez agregó en el operativo se ha detectado además redes vinculadas al narcotráfico y la falsificación de dinero usado para el comercio de los vehículos ilegales.

"El operativo militar y de las fuerzas combinadas va continuar y vamos a estar hasta el último momento en que Challapata vuelva a ser una ciudad digna sin la acción de aquella gente que no solo le hace daño a la misma, sino al país", sostuvo Martínez.

Los contrabandistas han estado internando a Bolivia centenares de vehículos de segunda mano pese a la prohibición del Gobierno y de la advertencia de que los automotores iban a ser decomisados.

El año pasado, el presidente Evo Morales aprobó por decreto legalizar 70.000 vehículos de ese tipo que pagaron al Estado por tributos 176 millones de dólares.

Al menos ocho mil de esos automóviles fueron reportados como robados en países vecinos, aunque la Aduana boliviana solo logró confiscar 1.400 que deben ser devueltos a sus dueños después de procesos judiciales y aduaneros.