Ejecutivo reactiva proyecto que flexibiliza apertura del secreto bancario

DESPUES de seis años en el Congreso, el proyecto de ley que busca flexibilizar el acceso al secreto bancario en investigaciones de lavado de activos podría convertirse pronto en realidad. La idea surgió de una moción parlamentaria de 2006, pero un año después la administración Bachelet lo patrocinó con una indicación sustitutiva que, además, agregó nuevas facultades para la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente de Hacienda. El texto se analizó hasta 2009 y quedó congelado en el Senado, hasta que a mediados de agosto pasado el actual gobierno reactivó su trámite para intentar aprobarlo este año.

La decisión la tomó el Ministerio del Interior, el que tras consultar en julio pasado a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) resolvió acelerar su discusión asignándole urgencia simple (30 días para su total despacho por la Cámara). Esto permitió ponerlo en tabla en la Comisión de Constitución, Legislación  y Justicia del Senado, donde llevaba tres años.

El miércoles pasado, la citada comisión terminó de revisar el articulado del proyecto que aumenta las facultades de la UAF y el Ministerio Público para prevenir y perseguir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El informe de la comisión -que preside el UDI Hernán Larraín- debiera ser aprobado a inicios de octubre para su votación general en la sala en las próximas semanas, estima la directora transitoria y provisional de la UAF, Tamara Agnic.

Explica que si bien la Ley 19.913 que creó la UAF y la Ley 20.393 (que estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavados de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho) fueron clave para combatir esos crímenes, hoy la legislación chilena está desactualizada respecto del marco internacional y en especial en relación a los parámetros de la Ocde. "Nos han hecho ver la necesidad de eliminar las limitaciones que dificultan tener un mejor sistema de prevención, seguimiento y sanción de esos delitos. Nuestra ley está desactualizada y nos impide fortalecer las barreras para proteger adecuadamente al sistema financiero y la economía de ser usadas por el crimen organizado", plantea Agnic.

La opinión de la Ocde fue reforzada por la visita que hizo al país, en julio pasado, una delegación del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gasifud), que reúne a los gobiernos de América del Sur (más México, Costa Rica y Panamá) para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La misión se reunió con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y con las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja y el Senado, y la de Hacienda.

Tras esas reuniones, Hinzpeter decidió reflotar el proyecto que tiene su origen en una moción que en agosto de 2006 presentaron los diputados DC Jorge Burgos, Gabriel Ascencio y Eduardo Saffirio (ex diputado), y los PS Carlos Montes y el fallecido Juan Bustos.

Legislación actual

El secreto bancario consiste en la protección que bancos e instituciones financieras dan a los datos sobre depósitos y captaciones de sus clientes. No pueden entregar información a terceros; sólo a los titulares, a quienes ellos hayan autorizado expresamente o a sus representantes legales. La ley establece sanciones penales si eso se infringe. En diciembre de 2009 se promulgó la Ley 20.406 que permitió abrir el secreto bancario a petición del Servicio de Impuestos Internos (SII) en caso de sospecha fundada de delitos tributarios.

La Ley 19.913 faculta a la UAF para solicitar el levantamiento del secreto bancario previa autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones. Este requerimiento es hecho cuando la unidad necesita profundizar sus procesos de inteligencia financiera respecto de antecedentes que nacen del reporte original -enviado por un banco, casa de cambio, corredor de propiedades, etc.- y que se refieren a terceras personas relacionadas con el reportado o a cuentas o productos financieros del mismo reportado en otro banco.

Cada vez que la UAF ha pedido levantar el secreto bancario, la Corte lo ha autorizado, aclara Agnic. Lo que cambia con el proyecto, precisa, es que el presidente de la Corte de Apelaciones deberá nombrar por sorteo a dos ministros -por un año- para que vean las solicitudes, pues hasta ahora se les designa cada vez que el servicio ha acudido. "Esto agilizará los tiempos en que se resuelve, lo que es clave en un delito que se caracteriza por la rapidez con que se mueven los fondos provenientes de actividades ilícitas", acota Agnic.

El proyecto también contempla  facultar a la UAF para analizar reportes de operaciones sospechosas vinculados a financiamiento del terrorismo y fija sanciones a sus entidades reguladas por no informarle sobre ese tipo de transacciones (hoy sólo están obligadas a informar las alertas que detecten en casos de lavado de activos) y también en caso de negarse a inscribirse en su registro. Además, agrega nuevos delitos base de lavado de activos (como falsificación y piratería, estafas y defraudaciones, contrabando, producción y comercialización de pornografía infantil, entre otros) e incorpora nuevas entidades públicas y privadas al sistema de la UAF. Entre éstas, las representaciones de bancos extranjeros, el Servicio Nacional de Aduanas y las superintendencias.

El Ministerio Público, en tanto, hoy debe pedir a un juez de garantía abrir el secreto bancario (depósitos y captaciones) para operaciones determinadas y específicas (no tiene acceso a todo el historial), mientras que para levantar la reserva bancaria (identificación del titular, monto de acreencias, productos financieros, etc.) está sujeto a la Ley General de Bancos. El proyecto de ley faculta al Ministerio Público para que en investigaciones por lavado de activos y financiamiento del terrorismo pueda pedir información bancaria "amplia", sin distinción respecto de si está sujeta a secreto o reserva, siempre con autorización previa de un juez de garantía.

Los desafíos

Reactivar el proyecto es clave para implementar la Estrategia Nacional para el Combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, cuyo diseño trabaja la UAF desde agosto. Para eso ha sido asistido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el proceso, destaca Agnic, han sido apoyados por Interior. También por el contralor general, Ramiro Mendoza; la Fiscalía Nacional, y en especial por su Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado.

La estrategia implica coordinar el aporte de las 25 entidades públicas con las que la UAF dialoga para cumplir su rol, entre ellas las superintendencias de Bancos, Valores y Seguros, Pensiones y de Casinos; Aduanas, Investigaciones y Carabineros. La Contraloría, el Poder Judicial, el Banco Central, el SII, la Superintendencia de Seguridad Social y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) se han sumado al trabajo.

La UAF comenzó en 2004 y hasta 2009 fue dirigida por el ingeniero Víctor Ossa. Agnic asumió en agosto de 2009, a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Según la ley, una vez concluido su período -lo que ocurrió el 17 de agosto- podía renovarse automáticamente por otros tres años, pero hace unas semanas el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, le informó que decidieron abrir el cargo a concurso público.

Si bien Agnic resolvió no postular, las autoridades de Hacienda le pidieron seguir como "directora transitoria y provisional" de la UAF hasta el próximo 31 de diciembre, pues preside el Gasifud y el Estado chileno quiere mantener la función. De ahí que plantea que implementar la nueva estrategia y levantar las barreras para aplicar la ley de apertura de secreto bancario y las mayores facultades para la UAF serán parte de los desafíos del próximo período.