El debate sobre la fiscalización a jueces y fiscales por errores judiciales

Durante su discurso, en la celebración de los 15 años del Ministerio Público, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, hizo hincapié en la autonomía de su institución e indicó que quienes se preguntan ¿quién fiscaliza a los fiscales?, "ignoran que, de entre los organismos que, según la Carta Fundamental, tienen autonomía constitucional, el Ministerio Público tiene -sin lugar a dudas- la mayor cantidad de controles externos, más que -por ejemplo- el Banco Central, que el Tribunal Constitucional y que la Contraloría".

La iniciativa de crear un ente externo que fiscalice y controle las actuaciones de jueces y persecutores ha sido resistida por ambos actores del sistema judicial, argumentando que esto afectaría su independencia. No obstante, aún no se ha resuelto quién responde a los afectados por los errores que cometan los fiscales y los magistrados. Mientras que algunas autoridades indican que falta profundizar en esta materia, otros dicen que los controles actuales, como el concepto de "error judicial", bastan. Sin embargo, para presentar esa acción judicial, el afectado tiene que pedir a la Corte Suprema que confirme la existencia del error y luego que esto ocurre, está posibilitado para demandar.

Uno de los últimos casos en que generó debate fue la detención de Pablo Mackenna tras ser acusado de supuestos abusos a una menor. Fue formalizado y finalmente la fiscalía desechó los cargos en su contra, siendo sobreseído. Pero hay situaciones en que el error termina en condena. Así le ocurrió a Julio Robles, quien estuvo más de un año en prisión tras ser condenado por el Tribunal Oral de Copiapó por un robo. La Corte Suprema revisó la sentencia y lo absolvió, porque la víctima que lo identificó se dio cuenta que se equivocó al ver en la calle al verdadero autor del hecho.

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, indicó que sobre la revisión de las actuaciones de los fiscales, "es una posibilidad respecto de una investigación en que existan errores cometidos y que administrativamente se pueden revisar, en el sentido de si hay negligencia". Sobre los jueces, la autoridad dijo que "se puede hacer lo que el sistema establece: queja ante el superior jerárquico". Agregó que no se pueden establecer reglas que siguen pautas de conducta, "porque si fuera así, ponemos un computador y establecemos cuáles son las variables para que decida el computador. Por eso los jueces son seres humanos y los fiscales también". Agregó que "queremos establecer criterios de mejor investigación, de mejoramiento del Ministerio Público, de mayores herramientas tecnológicas".

Viviana Castell, defensora nacional (S), relata que para que se conozcan estos casos de errores judiciales desarrollaron el programa "Inocentes". En él, se relatan los testimonios de gente que fue injustamente acusada en ilícitos. Para ella es fundamental un mecanismo indemnizatorio para las víctimas de esos errores, en especial para quienes quedan privados de libertad. "En Chile no tenemos ese mecanismo y quizás por iniciativa legislativa podría implementarse", señala. Parra explica que en Estados Unidos y en otros países hay mecanismos de compensación por lo que "se requiere una normativa que sea efectiva y se concrete quizás en una reparación económica".

Es en este punto donde a juicio del Poder Judicial la figura del error judicial ofrece una garantía constitucional para quienes se vean afectados. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, explica que para aplicar este beneficio se debe acreditar una conducta "manifiestamente arbitraria" del juez y no cualquier error, como también indica el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mauricio Silva: "Tiene que ser inexcusable, o sea, cualquier error no, porque los seres humanos estamos sujetos a éstos". 

AUTONOMÍA

Según el fiscal nacional, Sabas Chahuán, hay una manera de denunciar  los casos en que un fiscal  incurra en un error o negligencia: "Hay varias herramientas (a favor del afectado). Una es un reclamo ante el superior del fiscal regional, si se estima una formalización arbitraria".  También se puede pedir al juez que revise esas actuaciones. "Si las diligencias no se ajustan al mérito, también se puede poner un reclamo y se arriesga una eventual responsabilidad administrativa".

Chahuán es claro al señalar que para el Ministerio Público su autonomía en las decisiones es esencial y que crear un organismo externo que fiscalice sus actuaciones los imposibilitaría indagar de manera imparcial. Desde la fiscalía explican que si una persona quiere presentar una demanda primero se debe acreditar una acción dolosa, porque si es por error en una diligencia, lo correcto es una responsabilidad administrativa.

En la misma línea, el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, plantea que el camino a seguir en estos casos son los reclamos ante los superiores del persecutor y en caso de que esto no funcione está la acusación constitucional. Además, indica que "no hay un sistema automático de revisión de carpetas (de investigación), además sería imposible, porque (las carpetas) son miles".