Estalla la polémica en Argentina por cifra de desaparecidos

Los vínculos del gobierno de Mauricio Macri con los organismos de derechos humanos no han sido fáciles. Basta recordar la polvareda que se levantó en agosto cuando el Presidente argentino se refirió a la represión de la última dictadura militar como "guerra sucia" y que no tenía "idea si fueron 9.000 o 30.000" los desaparecidos porque esa "es una discusión que no tiene sentido".

Y la semana pasada se volvieron a tensar las relaciones con la publicación de un informe de la Secretaría de Derechos Humanos, donde se sostuvo que el número de desaparecidos en el período que va desde 1973 hasta 1983 fue de 7.010, muy lejos de los 30.000 que siempre han esgrimido entidades como Madres de la Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo.

Ese período es el que comprende el gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela "Isabelita" Martínez de Perón (1973-1976, cuando operó la temida Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, que liderada por el influyente ministro José López Rega masacró a los militantes izquierdistas) y la dictadura militar (1976-1983). Según el informe en esos años se constataron 8.571 víctimas, "de las cuales 7.010 son víctimas de desaparición forzada y 1.561 se consideran víctimas de asesinatos".

La investigación fue llevada a cabo por el equipo de trabajo del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (Tutve), que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, la cual a su vez forma parte del Ministerio de Justicia. Y fue realizada por un pedido de información pública que hizo la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional.

Adelantándose a la controversia que generaría esa cifra de 7.010 desaparecidos, el titular de la Secretaria de Derechos Humanos, Claudio Avruj, declaró en un comunicado que "se debe destacar que bajo ningún concepto debe considerarse este registro como definitivo en la medida que permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales. En razón de lo expuesto, el número de personas desaparecidas continúa siendo a la fecha indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y provisoria".

Pese a esa aclaración, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que era "una provocación, una persecución, es muy desagradable" que el informe del gobierno busque "darle respuesta a un grupo desconocido de abogados (…) sin una justa demanda".

"Fue una muy mala noticia, muy desagradable. En vez de investigar cuántos son, que nos ayuden a encontrarlos, no a sacar una estadística, tanto por los que están enterrados, diseminados por el país, como por los nietos", sostuvo Carlotto. Así, explicó que el número de 30.000 desaparecidos, durante décadas convertida en una cifra no cuestionada, "es una cifra estimativa y se hace a base de lo que se ha recogido en cada lugar".

La controversia sobre las cifras de las víctimas mortales del terrorismo de Estado y sobre la dictadura militar ya había estallado en enero pasado, cuando el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, sostuvo que "en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos" durante el último régimen militar y que esa cifra "se arregló en una mesa cerrada" para "conseguir subsidios". Luego sostuvo que hizo esa afirmación sobre la base de varios y destacados informes de derechos humanos.

Entonces la propia Estela de Carlotto desafió a Loperfido a entregar "la lista de los que piensa que son los desaparecidos". Entonces la dirigenta advirtió que "manejamos la cifra de 30 mil porque los propios depredadores (represores) registraron cerca de 45 mil". También el premio Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel cuestionó al ministro porteño. "Le pediría a Lopérfido que se informe. Soy un sobreviviente de la época de la dictadura", sostuvo. La polémica se mantuvo latente hasta que Lopérfido presentó su renuncia como ministro de Buenos Aires en junio.