Ex autoridades refutan demanda de bonistas de Alsacia

Con sorpresa. Así reaccionaron las ex autoridades del Ministerio de Transportes y del Transantiago a la demanda que interpusieron los acreedores de la empresa Alsacia-Express contra el Estado en la que piden, entre otras cosas, la nulidad del contrato, vigente desde 2011, y una reparación por perjuicios por US$ 364 millones.

En el texto de la acción judicial, los bonistas de Estados Unidos que compraron la deuda de Alsacia argumentan que el gobierno de la época, a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), "no sólo traicionó la confianza de las empresas que se adjudicaron en su tiempo, sino la confianza depositada por los inversionistas extranjeros interesados en participar en el financiamiento de la implementación del nuevo sistema de transporte público". Esto basándose en las modificaciones que se hicieron en los contratos de las empresas operadoras del Transantiago para mejorar el servicio, tales como que se pague por pasajero transportado o que las firmas se hagan cargo de aplicar medidas para frenar la evasión.

El ex ministro de Transportes que negoció dichos cambios con las empresas, Pedro Pablo Errázuriz, señaló que si bien no conoce en detalle la demanda ingresada, "en términos generales, creo que hay tres comentarios importantes. Primero, cuando se hizo la colocación de bonos, este proceso ya había partido, es decir, la compañía tenía toda la información respecto al proceso de cambio de contratos. Lo segundo es que los contratos se pactan libremente. Y lo tercero, que creo que es lo más relevante, hay que ver si las dificultades de la compañía se deben efectivamente a eso (cambios en los contratos) o a causas internas, por ejemplo, a los precios que se valorizaron al momento del financiamiento".

Errázuriz añadió que "el cambio a los contratos tenía un objetivo muy específico en favor de mejorar el sistema. Y así se ha demostrado con el resto de los operadores".

El ex coordinador del Transantiago (2010-2011) y académico de la UC, Raimundo Cruzat, asegura que "hasta donde yo tengo entendido, a nadie se le puso una pistola en el pecho. A nadie lo obligaron a firmar un contrato; además, por firmar esa modificación, la empresa recibió una compensación (...) Es raro que el reclamo (de los bonistas) sea contra el Estado y no contra la administración de la empresa (Alsacia)".

Según Cruzat, "esto no debiera tener ningún impacto en su operación o en el servicio que prestan, otra cosa sería si dejaran de funcionar. Pero dado que esto no viene de la empresa, sino de los acreedores, y la empresa ha mostrado voluntad de operar permanentemente, no veo que se produzca un cambio en la operación".

El presidente del Sindicato de Empresa Inversiones Alsacia S.A., Luis Bascuñán, señaló que la acción "me parece que es una cortina de humo, lo mismo que sucedió con Subus, están esperando más recursos por parte del Estado".