Expertos dicen que cambios a desmunicipalización prolongarán la segregación

La nueva indicación que el gobierno consensuó con la Comisión de Educación del Senado y que modifica el proyecto de ley sobre Nueva Educación Pública (NEP) generó críticas entre los especialistas.

El proyecto, que se encuentra en su primer trámite legislativo, fija la transición de 5.220 establecimientos municipales a 68 servicios locales de educación que estarán bajo la administración del Estado. La iniciativa establece la obligatoriedad del traspaso, sin embargo, tras el acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, la desmunicipalización se ejecutará en dos etapas que se extenderán por ocho años.

En el primer período, que se desarrollará entre 2018 y 2021, sólo 11 servicios locales comenzarán a funcionar, monitoreados por un comité de expertos que nombrará el Presidente y que tras este período deberá proponer cambios o sugerencias para aplicar en la segunda fase. Otra modificación que se incorpora es que aquellas comunas con buenos resultados podrán postergar su ingreso al nuevo sistema, punto sobre el que han surgido las principales críticas.

Según la decana de la Facultad de Educación de la U. Central, Pilar Calderón, "de esta manera los núcleos de éxito seguirán sin abrir acceso a quienes no tienen buenos resultados. Se enfocan en la gestión, sin implementar una política pública de mejoramiento de la calidad educacional".

En ese sentido, el académico de la U. Diego Portales, Gonzalo Muñoz, señala que "es completamente inaceptable la indicación que crea una excepción para algunas comunas, pues desvirtúa el sentido de crear un sistema público coherente".

Por otro lado, Leonardo Jaña, de la Unidad Jurídica de la U. Santo Tomás, apoya la medida. "Es una muestra de sensatez política. La vivencia internacional dice que los países exitosos confían en sus comunidades educativas y no centralizan la toma de decisiones. Desde ese punto de vista, el proyecto tiende a centralizar las decisiones y no va a contribuir a la mejora de la calidad".