Fasa corrige a presidente y dice que ejecutiva vinculada a caso colusión sigue en la firma

En una declaración oficial, Farmacias Ahumada rectificó las palabras del nuevo presidente de la compañía respecto de la salida acordada con la ejecutiva Paula Mazzachiodi, señalando que, a diferencia de lo manifestado por Enrique Cibié, ella continuaba en la firma cumpliendo funciones, descartando que haya  renunciado a Fasa.

Más temprano, el presidente de la compañía se había referido al tema ante periodistas, indicando que la ejecutiva había decidido abandonar Fasa de manera voluntaria, aunque aún no había fecha determinada para ello.

"Por lo que yo tengo conocimiento de la situación, ya han salido todos. Hubo el caso de tres personas que se trataron en el directorio y que quedaron fuera (...) Paula (Mazzachiodi) todavía no sale de la compañía, es una de las personas que están ahí. Se ha llegado a un acuerdo con ella, verbal, pero eso todavía no se ha ejecutado. Básicamente ahí la idea es que salga de la compañía", dijo, agregando que "ella se siente muy mal dentro de Fasa, estas cosas son complicadas para las dos partes, entonces ella se siente mal", dijo Cibié.

Desde Fasa precisaron de manera oficial que "la ejecutiva Paula Mazzachiodi continuará en la compañía y que las referencias que hizo el Sr. Cibie se debieron a un error involuntario".

Paula Mazzachiodi, subgerente de Farma RX, es una de las principales testigos que declararon haber participado en el mecanismo de colusión con las canenas Cruz Verde y Salcobrand.

A fines de octubre, también abandonaron Farmacias Ahumada las category manager Alejandra Araya y Lisete Carrasco, ambas subalternas de Mazzachiodi. Las declaraciones de estas ejecutivas fueron las que en gran parte sustentaron el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Fasa -que obligó a la firma a pagar US$1 millón para quedar fuera del juicio- y que hoy sustentan el juicio que lleva adelante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Salcobrand y Cruz Verde.

A las tres ejecutivas mencionadas, además, les fueron incautados sus computadores en junio, a petición de la Fiscalía Centro Norte, y declararon en calidad de imputadas en la investigación llevada a cabo por el fiscal Luis Inostroza, que persigue la eventual vulneración de los artículos 285 y 286 del Código Penal, por presunta adulteración de precios y asociación ilícita, cuyas penas van entre 61 días y cinco años de cárcel.