Fiscales y jueces elevan presión en conflicto por reajuste

Hasta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría llegar la pugna que mantiene una parte de los funcionarios del Poder Judicial, debido a la la negativa del gobierno a reajustar sus sueldos.

Jueces y fiscales ingresaron un requerimiento por inaplicabilidad al Tribunal Constitucional respecto de dos incisos del artículo 1º de la Ley 20.975. Esto, luego que la última Ley de Presupuestos, que aumentó en 3,2% la remuneración de los funcionarios públicos, dejó fuera a magistrados y persecutores, congelando los sueldos sobre $ 4,4 millones por mes.

Sin embargo, el caso tendría consecuencias que van más allá de la jurisdicción chilena. El abogado que representó a la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público y la Asociación Nacional de Magistrados en los alegatos que se efectuaron en el día de ayer en el TC, Hernán Bosselin; dijo que el caso podría llegar a instancia internacional.

"Podemos llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la discriminación arbitraria que se está haciendo sobre la base de que los criterios, que fijaron dejar fuera a magistrados y fiscales del incremento salarial, no fueron objetivos y obedecen a un capricho", anticipó el jurista, añadiendo que la normativa en cuestión vulnera la constitución al consagrar la igualdad ante la ley.

Para seguir el camino internacional, magistrados y fiscales tendrían que agotar la vía judicial interna. De hecho, los dos recursos de protección que interpusieran en la Corte de Apelaciones de Santiago se encuentran con su tramitación suspendida a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional. Una vez reanudado el proceso, será finalmente la Corte Suprema, la que entregue su veredicto final por medio de una sentencia ejecutoriada.

Según el último informe de la Dirección de Presupuestos, el incremento remuneracional a los funcionarios públicos requirió$ 461 mil millones extra de las arcas del Fisco. Y si se hubiera aplicado el reajuste a jueces y fiscales, habría significado 5.000 UF mensuales extras, dijo Bosselin. Esto es, $ 1.200 millones al año.

Por su parte, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Quintana, desestimó los argumentos de jueces y fiscales. El profesional sostuvo que la restricción de incremento salarial se aplica a todos los funcionarios públicos, incluyendo a ministros, subsecretarios, consejeros del consejo de defensa del estado y ministros de otros tribunales. "Si hubiera una restricción y en eso quiero ser muy categórico, aunque no le guste a mi querida contraparte es que esta plenamente justificada de acuerdo a la Constitución hacer reducciones a las remuneraciones de los empleados públicos del Estado", remató el representante de los intereses del Fisco. b