Fiscalía formalizará a tres universidades privadas por soborno en caso CNA

Un nuevo escenario se abrió en la investigación por posible cohecho, soborno y lavado de activos relacionados con la posible acreditación irregular de las universidades Internacional SEK, Del Mar y Pedro de Valdivia (UPV).

Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena pidieron ante el Octavo Juzgado de Garantía ayer la formalización en contra de sus personalidades jurídicas en base a la ley sobre responsabilidad penal de las instituciones en casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho y soborno.

La Fiscalía Oriente comenzó a indagar las irregularidades desde principios del año pasado, luego de que quedó al descubierto que el ex presidente subrogante de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Luis Eugenio Díaz habría recibido pagos por medio de asesorías de parte de las tres universidades mientras se llevaban a cabo sus procesos de acreditación. Por estos hechos fueron formalizados por sobornos los ex rectores de la U. SEK José Schroeder; de la U. del Mar, Héctor Zúñiga, y de la U. Pedro de Valdivia, Angel Maulén. En el caso de Díaz, enfrentó cargos por cohecho y lavado de activos, delito que también se le imputó a Maulén y Zúñiga. El ex director de la CNA habría recibido en total cerca de $ 300 millones por estas asesorías, según el Ministerio Público.

La petición de los fiscales se basa en que a raíz de estos posibles ilícitos, las universidades se habrían beneficiado con una acreditación irregular que derivó en la entrega del Crédito con Aval del Estado (CAE). En este caso, se solicitó la formalización por el delito de soborno, dado que los ex rectores lo habrían cometido para obtener la acreditación. El escrito de la fiscalía, al que accedió La Tercera, señala que los ilícitos se habrían cometido "el segundo semestre de 2010, hasta fines del año 2011".

Según la definición en la página del Registro Civil, la personalidad jurídica es "una persona ficticia, que es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles". De acuerdo al documento, la fiscalía solicitó que el día de la audiencia estén los rectores de la U. del Mar, Patricio Galleguillos; de la U. Internacional SEK, Alejandro Ormeño, y de la U. Pedro de Valdivia, Aldo Biagini.

La Ley 20.393 establece una serie de requisitos para perseguir penalmente a las instituciones. Uno de estos es que cada entidad deberá tener un sistema de prevención para evitar que se cometan ilícitos. El inicio de esta arista partió a fines del año pasado, cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió a Gajardo que indagara la responsabilidad de las universidades involucradas. Las penas que arriesgan son la cancelación de esta personalidad jurídica, una multa máxima de $ 800 millones (20 mil UTM), prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, pérdida de los beneficios fiscales y el decomiso de los bienes obtenidos del ilícito, entre otras sanciones. Fuentes del caso indicaron que la cancelación de la personalidad jurídica se podría dar si existiera reiteración de delitos. Esto, hasta ahora, no estaría configurado. También se debe determinar si en caso de que se le prohíba celebrar contratos con el Estado dejarán de percibir el CAE. La U. del Mar es la única de las tres cuya personalidad jurídica está cancelada.

Consultadas la Universidad SEK y del Mar, señalaron que no han sido notificados, por lo cual no pueden pronunciarse. El rector de la UPV, Aldo Biagini, señaló que "han cumplido con la ley y que para que el tribunal dicte una sentencia condenatoria se deberán probar una serie de hechos que no han ocurrido". Agregaron que "no podrá verse expuesta a la cancelación de su personalidad jurídica, porque no existe el supuesto base para dictar una sentencia condenatoria como ésta".