Fiscalía investiga a doctores por presunta estafa de $1.200 millones

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizará a dos médicos por su presunta participación en el delito de estafa que bordea los $1.200 millones.

Se trata del endocrinólogo Eduardo Bobadilla López y el hematólogo y director de cine Alberto Daiber Vuillemin, a quienes el Ministerio Público les comunicará el próximo 5 de septiembre –junto a la coimputada, la síndico de quiebra Rosita Acuña Valenzuela - los hechos por los cuales son perseguidos penalmente desde enero de este año.

El caso comenzó tras la querella presentada por la víctima, el empresario Francisco González Castro, a través de sus abogados Alejandro Peña, Vinko Fodich y José Antonio Villalobos, tras fallidos intentos por recuperar los montos defraudados en el área civil.

Según se establece en el libelo, en agosto de 2007 los imputados celebraron un contrato de promesa de compraventa con el afectado a través de la inmobiliaria Proan S.A., que tenía por objeto dos bienes raíces en la edificación ubicada en Camino El Yunque, comuna de Lo Barnechea, que serían entregados a Inversiones Río Abril Limitada, de propiedad de González.

El pago de la compraventa, de acuerdo al documento, se hizo a través de otro contrato similar en el cual la víctima cedió el terreno donde se realizó la construcción. Sin embargo, agrega la querella, en 2012 "la voluntad de Inmobiliaria Proan S.A. sufrió un cambio radical, época en la cual se realizaron diversas maniobras engañosas y fraudulenta por parte de la misma (…) las cuales tenían por objetivo imposibilitar el cumplimiento de los contratos de promesa celebrados, y de esta manera, defraudar a mis representado, adquiriendo por parte de los querellados, dos bienes inmuebles de manera gratuita".

La acción penal también detalla que "luego de celebrarse el contrato de promesa de compraventa, se dio inicio a las construcciones de los departamentos mencionados anteriormente. Sin embargo, por cada consulta que realizaban los querellantes acerca del avance de la obra, recibían respuestas evasivas o excusas sin mayor fundamento por parte de los encargados".

"Asimismo, los querellantes concurrían personalmente al lugar de la construcción, dándose cuenta de que las obras prometidas no avanzaban según lo prometido", se establece en el documento.

Así las cosas, puntualiza el escrito, hasta el día de hoy los afectados no han recibido los departamentos comprometidos ni la devolución del dinero.

Dichos antecedentes, a juicio de la fiscalía, permiten establecer la existencia de actos que pueden ser constitutivos de delitos y que sustentan la solicitud de formalización.

Por último, debido a la gravedad de los hechos y los altos montos comprometidos es que los querellantes solicitarán la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados.