Fiscalía reactiva investigación a Lan por supuesto soborno en Argentina

Hace poco más de un mes, la Fiscalía Centro Norte, a través de su Unidad de Delitos de Alta Complejidad, a cargo del fiscal José Morales, decidió reactivar una investigación a la aerolínea Lan por el caso de un supuesto soborno al ex ministro de Transportes de Argentina Ricardo Jaime, en 2006 y 2007. Según investigó la justicia transandina en su momento, Jaime habría recibido de parte de Lan cerca de US$ 1.150.000. El dinero habría llegado a sus manos a través de pagos por asesorías en transporte, supuestamente hechas por su jefe de gabinete, Manuel Vásquez.

El ex ministro Jaime fue partidario de autorizar en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner y tras varios intentos fallidos, el inicio de las operaciones de Lan en Argentina.

Fuentes judiciales confirmaron la reapertura de la indagación y dijeron que la fiscalía ya pidió antecedentes del caso a la línea aérea.

José Morales también está cursando citaciones a declarar  a miembros del directorio de la compañía en 2006 y 2007, pero se aclaró que lo harán en calidad de testigos y no como imputados.

En esos años, la mesa de la aerolínea estuvo compuesta por Jorge Awad, como presidente, y por los directores Darío Calderón, José Cox, Juan José Cueto, Ramón Eblen, Bernardo Fontaine, Andrés Navarro y el ex Presidente Sebastián Piñera, quien, en todo caso, dejó su asiento en julio de 2007.

En 2011, el Ministerio Público, alertado de las diligencias en Argentina del juez Norberto Oyarbide y que habían sido difundidas en gran parte por el diario Clarín, decidió iniciar su propia investigación. De hecho, el fiscal Morales viajó a Buenos Aires a entrevistarse con el magistrado.

Poco después, en febrero de 2012, el juez Oyarbide cerró sin culpables el caso, luego de determinar la invalidez de algunas pruebas.

En paralelo, el fiscal Morales también decidió archivar la causa, tras concluir que no tenía competencia.

Para esta decisión fue relevante una norma promulgada por nuestro país en 2009, a sugerencia de la Ocde. La ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, determina que en los delitos de cohecho a un funcionario público nacional o extranjero cometidos por un persona natural y que vayan en beneficio de una compañía, la sanción no sólo será al infractor, sino que también para la empresa beneficiada.  Morales determinó su incompetencia, porque esta ley entró en vigencia después de que se habrían cometido los ilícitos que involucran a Lan en Argentina.

También influyó en el cierre el que los eventuales delitos se habrían cometido fuera de Chile, dado que los millonarios depósitos se habrían hecho en EE.UU., por lo que se estimó que no se tenía jurisdicción.

El informe de la Ocde

La reactivación de la causa se realizó, confirmaron cercanos a la fiscalía, tras un informe de la Ocde de marzo de este año. El reporte se denomina "La implementación de la convención de la Ocde antisoborno en Chile".

En los puntos 16, 17, 18 y 19 del documento "caso aerolínea (Argentina)", se detalla, sin nombrar a Lan y hablando de la "empresa X", lo ocurrido en 2006 y 2007 y las reacciones de las justicias chilena y transandina.

"La empresa X es una importante aerolínea chilena. En agosto de 2006, el gobierno argentino decidió que las aerolíneas X podrían operar vuelos en Argentina a través de una subsidiaria (…). Los medios de comunicación a partir de 2010 difundieron que la aerolínea X pudo haber conseguido este acuerdo mediante el soborno de S, entonces secretario de Transportes de Argentina", dice el informe.

Luego, ya en las conclusiones del caso, se añade: "Las autoridades chilenas no entrevistaron a los testigos en Chile ni recopilaron documentos más allá de los descritos anteriormente. No comprobaron si las instrucciones de pago o la fuente de los fondos se originaron en Chile. No se hicieron esfuerzos para investigar si los US$ 1.150.000 del contrato entre aerolínea X y otra compañía para optimizar sus rutas de vuelo fue producto de un trabajo genuino, o si se trataba de un contrato simulado para ocultar los supuestos sobornos. Cuando se les preguntó (a las autoridades chilenas) en la visita in situ si se había elaborado un plan de investigación, la respuesta chilena fue que no".

La Tercera contactó a algunos miembros del directorio de Lan, quienes dijeron estar al tanto de la reapertura del caso, pero precisaron que aún no han recibido citaciones a declarar.