Francisco Huenchumilla: "No soy partidario de ley de expropiaciones, significaría crear otro problema político"

"Yo soy un ciudadano chileno, de origen mapuche", dice el intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla Jaramillo (70). Y lo hace sin aspavientos. Tranquilo. Sin ánimo, al parecer, de esconderse en eclecticismos políticos. Simplemente, subrayando que "reconozco mi identidad y para eso nunca he levantado banderas del indigenismo. Soy un abogado que se dedicó a la política por vocación".

El pasado 12 de marzo, este académico y militante DC asumió, designado por la Presidenta Michelle Bachelet, como máxima autoridad de gobierno en la IX Región. Entonces, leyó una "carta de navegación" en la cual hizo referencia a sus dos mundos, al Huenchumilla y al Jaramillo. A través de ese documento pidió perdón al pueblo mapuche, por "el despojo que el Estado de Chile le hizo de sus tierras", y a los colonos "venidos desde lejos (…), porque el Estado los trajo al lugar inadecuado, en un momento inoportuno".

Desde ese minuto, con su estilo pausado y de tono casi paternal, Huenchumilla se ha erigido como la voz fuerte de su región. La misma en la cual, durante 12 años, fue diputado (por Temuco y Padre Las Casas, entre 1990 y 2002). "La gente de acá, en Santiago, parece que se altera; allá todo el mundo quiere al intendente, también los alcaldes, diputados y políticos de la UDI y RN, salvo una que otra excepción", asegura.

En este periplo, sin embargo, algunas de sus intervenciones le han valido críticas. Como cuando visitó a Celestino Córdova en la cárcel (el único imputado por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay). O en mayo, cuando ofreció "quemarse a lo bonzo por la paz social".

Como sea, el intendente parece a sus anchas. Tal vez lo único que no le gusta mucho es venir a Santiago cada 10 días. El jueves, por ejemplo, pasó todo el día en reuniones en La Moneda, gestionando un plan de desarrollo para La Araucanía.  A las 24 horas regresó de inmediato a su zona. También asegura que sus interlocutores habituales son el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el subsecretario Aleuy. No la Presidenta Bachelet. "No he conversado con ella ni le he pedido audiencia, porque no me parece bien molestarla por problemas que tenemos que resolver nosotros. Por algo me puso en este cargo".

¿No le ha llegado algún recado de ella, por ejemplo, sobre la interpelación al ministro Peñailillo?

No, con ella no he hablado. Ya debe tener demasiados problemas como para que yo le sume los míos. Y con el ministro me entiendo muy bien.

La discusión de fondo de su gestión ha sido el conflicto mapuche. ¿Qué aspiraciones tiene de resolverlo?

Eso no depende del intendente, sino del Estado. Lo que yo he hecho es prender una luz amarilla muy potente, casi roja, de lo que ocurre en La Araucanía. Decirles a políticos, legisladores y ciudadanía que aquí tenemos una situación muy grave para la paz social. Soy optimista de lo que estamos haciendo, pero no es un problema fácil. Si nos ponemos de acuerdo, si aislamos la violencia, si terminamos con la pobreza dura en la región, que es el caldo de cultivo de muchas cosas, si potenciamos la educación, la vivienda y la calidad de vida, vamos a avanzar.

Uno de los aspectos centrales de este conflicto es la compra de tierras, de Conadi, y la entrega de esos terrenos a comunidades...

La metodología histórica de la Conadi puede tener ripios, pero se puede mejorar. Lo central es que no hay solución del conflicto indígena si no se tiene una política de tierras clara y óptima. Y esto implica muchas cosas. Llegar a acuerdos con los propietarios respecto del precio, y con las comunidades.

¿Usted es partidario de las expropiaciones?

No soy partidario de una ley de expropiaciones. Creo que eso significaría crear otro problema político más. No sería conveniente.

¿Le suena al pasado?

No es un instrumento político adecuado en este minuto.

Pero usted planteó que los dueños de los grandes fundos en esa zona tenían que donar sus tierras. Y hubo señales de otros políticos favorables a discutir el tema de las expropiaciones...

No, nunca he hablado eso. En Chile, las expropiaciones no son posibles para el sector agrícola. Esta normativa se usa más bien en Obras Públicas, por ejemplo, cuando hay que construir una carretera, pero no en La Araucanía (...). Creo que la política de tierras implica un acuerdo de compraventa con los privados, pero si se compran tierras, tiene que haber un plan de habitabilidad y de desarrollo productivo para las comunidades que estarán en esas tierras, cosa que no se ha hecho.

Desde 1994, el Estado ha entregado cerca de 500 mil hectáreas a comunidades. ¿Cuánto se debe donar o restituir para resolver el conflicto?

Es la gran pregunta. Estamos hablando de un proceso político que se enmarca dentro de las ciencias sociales, no en las ciencias exactas. Lo que tenemos claro es que depende de muchas variables, y la pobreza dura, la falta de educación, de oportunidades para los jóvenes mapuches, la falta de recursos para el turismo, son puntos urgentes a mejorar.

En 115 comunidades, denominadas prioritarias, se ha invertido un total de $ 108 mil millones en 49 mil hectáreas. De esa cifra, $ 91 millones y 32 mil hectáreas han sido para La Araucanía. Sin embargo, no ha evitado casos como el atentado Luchsinger Mackay.

La violencia no es una actividad del conjunto de las comunidades. Son grupos muy focalizados. De las 32 comunas que hay en La Araucanía, las cuestiones violentas están  focalizadas en dos o tres. Hay 28 en las cuales eso no pasa. Además, 100 mil millones de pesos no son nada. Son 200 millones de dólares. La paz social en el país cuesta mucho más que eso. En los años 80, el Estado les pasó a los bancos cerca de US$ 4 mil millones para arreglar la deuda subordinada. Se dijo entonces que la situación financiera y fiscal del país así lo requería. Si el Estado gastó ese dinero en arreglar a los bancos, que gaste US$ 200 millones en resolver el tema mapuche es la nada misma.

O sea, ¿hay que gastar más?

Lógicamente. La paz social requiere de mucha inversión. Yo no pienso en soluciones simplistas para pagar esta deuda histórica. Se requiere de muchos factores. No es un problema que haya inventado Huenchumilla.

¿Es un error comprar las tierras de René Urban y entregarles predios a personas de las comunidad de Temucuicui, que ha participado en tomas y hechos violentos?

¿Cuando partió el tema del señor Urban? En 2002. ¿Se puede arrastrar un conflicto durante tres gobiernos  antes de que se solucione? Diez o 12 años con lo mismo afecta a cualquiera. Daña el entorno. La Temucuicui hoy no sería la misma si se hubiese resuelto su problema en el minuto correspondiente. Esto creció hasta que se convirtió en un ícono. Es como los matrimonios: una pelea no puede durar 12 años. Si se alarga, termina contaminando a hijos, primos, hermanos, abuelos. A todos.

¿Se puede acelerar el proceso de compra de tierras?

He conversado con muchos agricultores esta situación y también con las empresas forestales. Y todos están disponibles para buscar una solución. Tienen conciencia de que todos deben hacer su aporte. No es verdad que los involucrados estén negándose a vender.

O sea, ¿ve un cambio de actitud?

Yo tengo diálogo y disposición de colaborar de empresas forestales, de los gremios de agricultores, de todos, porque allá entienden el problema que tenemos. Pero esa tarea la tiene que hacer la Conadi.

Cuando habla del conflicto mapuche, ¿de cuántas personas o comunidades estamos hablando?

La respuesta de distintos  gobiernos ha sido la misma: hay 20 comunidades y miles que son pacíficas. Pero eso es matemáticas, no es política  ni ciencias sociales. No se puede ver y evaluar un proceso y un conflicto por los números.

¿Debiera tener el pueblo mapuche también alguna autocrítica y reconocer algún error?

Yo creo que es al revés. El Estado debe reconocer el aporte del pueblo mapuche. Todos nosotros decimos que son bravos, celebramos la guerra de Arauco y a Caupolicán. Que los mapuches detuvieron grandes imperios. Ellos se han incorporado a la vida del país, pese al racismo cultural que existe. Y el pueblo mapuche reconoce la soberanía del Estado. Ningún mapuche la cuestiona, salvo grupos violentistas. Lo que el mapuche quiere es que se le reconozca su derecho a ser como es.