Garzón declara en España por caso de supuestos cobros en Nueva York

Poco antes de que el próximo mes arranquen los juicios contra él por su investigación de los crímenes del franquismo y las escuchas ordenadas en su investigación de la trama de corrupción "Gürtel", el juez Baltasar Garzón declaró hoy ante el Tribunal Supremo, en Madrid, por unos presuntos cobros en Nueva York.

El magistrado, suspendido cautelarmente de sus funciones desde mayo de 2010 como juez de instrucción de la Audiencia Nacional, está siendo investigado por los cobros de unas conferencias que impartió en la Universidad de Nueva York los años 2005 y 2006.

Los cursos estaban patrocinados por el Banco Santander. De regreso en España, el juez rechazó la admisión de una demanda contra varios directivos de la entidad, entre ellos su presidente, Emilio Botín.

Dos letrados se querellaron contra Garzón y aseguran que el juez favoreció a los directivos bancarios como favor por el patrocinio de los cursos, por lo que lo acusan de prevaricación y cohecho. El magistrado ya declaró por este asunto en abril de 2010 y aseguró que jamás recibió dinero del Banco Santander por organizarlos.

Esta causa se encuentra en fase de investigación. La fiscalía no ve indicios de delito en Garzón y no lo acusa. El magistrado acudió esta tarde al tribunal acompañado por su abogado defensor, el ex fiscal Enrique Molina.

El próximo 17 de enero arrancará en el Tribunal Supremo el primer juicio contra Garzón. En él está acusado de prevaricación por haber ordenado en 2009 intervenir las conversaciones en la cárcel de varios de los procesados en la "trama Gürtel" con sus abogados.

Garzón niega haber prevaricado o vulnerado la intimidad de los imputados con esas escuchas que, no obstante, fueron consideradas ilícitas y anuladas en marzo de 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por lo tanto no pueden ser utilizadas como prueba en el proceso sobre "Gürtel".

Pocos días después, el 24 de enero, arrancará también en el Tribunal Supremo el juicio contra él por presunta prevaricación en su investigación de los crímenes franquistas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975).

Dos organizaciones de ultraderecha sostienen que Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, en virtud de la Ley de Amnistía de 1977. Garzón, por su parte, defiende que el derecho internacional está por encima y sí podía hacerlo.

Tras haber acusado al dictador Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España, tuvo que abandonar la investigación por un recurso de la fiscalía.

Tras su suspensión cautelar como juez de la Audiencia Nacional en mayo de 2010, Garzón se fue a La Haya a trabajar como asesor del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo.

Trabaja asimismo como consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia. En julio, fue elegido además miembro del Comité de Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa.