Gendarmería: un tercio de los reos en Chile está en prisión preventiva

Hacinamiento, falta de rehabilitación y poca reinserción son conceptos que se repiten a la hora de hablar de la realidad carcelaria chilena. Pese a ello, pocas veces se aborda el tema con cifras que grafiquen en detalle cuál es la verdadera situación que vive la población penal. Sin embargo, durante la discusión del Presupuesto 2017, el senador Alberto Espina (RN) solicitó a Gendarmería una serie de datos sobre el número total de internos en el país, los tipos de delitos por el que están detenidos y el porcentaje de reclusos que participan en programas educativos, entre otros temas.

Y el organismo respondió, y lo hizo a través de un oficio que dio cuenta de que al 31 de octubre de 2016 había 43.866 personas privadas de libertad, de las cuales 40.208 eran hombres y 3.658 mujeres. Un dato llamativo es que del total de internos, un tercio de ellos (14.371) está en prisión preventiva mientras la fiscalía realiza investigaciones para definir su futuro procesal.

En cuanto a los tipos de delitos, el texto firmado por el director de Gendarmería, Jaime Rojas, detalla que 22.081 hombres y mujeres están tras las rejas por haber cometido un robo. El segundo ilícito de la lista es la infracción a la ley de drogas, por la cual 9.971 personas están en prisión. Más atrás le siguen los homicidios, con 3.370 internos; los delitos sexuales, con 3.129 presos, y la infracción a la ley de control de armas, con 3.095 individuos privados de libertad. En tanto, por delitos económicos se registran 324.

El oficio también aborda la situación de los recintos penales y la cantidad de reclusos que tienen, en comparación con la que deberían tener. En ese sentido, en el Centro de Detención Femenino de Talca hay 98 mujeres, cuando la capacidad del lugar es de 36. En la cárcel de Limache, en tanto, hay 230 internos, pese a que el recinto fue diseñado para 84. Y en Taltal, la prisión fue hecha para recibir a 32 personas, pero hoy allí conviven 70. No obstante, la situación más dramática se vive en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, donde hay 5.057 privados de libertad, siendo que en ese lugar debería haber, como máximo, 2.384 individuos.

Sistema en crisis

Para el ministro de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, la situación en las cárceles de Chile, y particularmente el hacinamiento, es responsabilidad de la autoridad administrativa y no de los jueces por decretar prisión preventiva.

"Es una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y seguida por el juez de acuerdo con los antecedentes. Entonces, puede ocurrir que en ciertos momentos haya un alto número de personas en la cárcel y otras veces no, pero es una cuestión transitoria mientras avanza la investigación", explicó.

Respecto de si es un exceso que un tercio del total de los reos esté con esta medida cautelar, Cisternas dijo que no. "La realidad indica que en las primeras etapas, las investigaciones de ciertos delitos obligan a mantener la prisión preventiva para asegurarle al delincuente los resultados de la indagatoria. En segundo lugar, si comparamos estas cifras con el sistema anterior, son sustancialmente inferiores. Y tercero, porque en el ámbito internacional está claro que no tenemos los primeros lugares, sino los últimos", explicó.

Desde la Asociación Nacional de Fiscales, su presidente, Claudio Uribe, coincidió con Cisternas. "Cuando pedimos la prisión preventiva es porque así corresponde", aseguró, antes de agregar que "el hecho de que los internos en prisión preventiva sean un tercio de la población penal es una cifra súper razonable y que se compara favorablemente con el sistema antiguo, donde más de los privados de libertad estaban en prisión preventiva".

Agregó que "el sistema funciona bastante bien, los imputados tienen todos los derechos correspondientes, disponen de una defensa y la resolución la toma un juez con conocimiento de antecedentes", afirmó.

Pero desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tienen una visión más crítica. El jefe de la unidad jurídica, Rodrigo Bustos, recalcó que les preocupa que haya tanta gente bajo este tipo de prisión, "porque se supone que esa medida cautelar tiene que ser excepcional, de acuerdo a tratados de derechos humanos, porque se trata de personas que no están condenadas. Y eso resulta problemático", apuntó.

El profesional agregó que el oficio de Gendarmería sigue evidenciando que el sistema vive una crisis estructural. "En varios informes hemos hecho ver que las cárceles han estado con un hacinamiento dramático y eso sigue pasando", subrayó.

Según Bustos, el texto enviado al Senado demuestra que la situación se viene manteniendo en el tiempo.

"Tenemos informes de 2012 y muestran datos muy similares. Había y hay recintos con un 300% de población respecto de su capacidad real", dijo el jurista, quien añadió que esta "es una crisis estructural del sistema penitenciario, y el INDH y el Poder Judicial lo hemos señalado".

Agregó que siguen "sin adoptarse medidas que modifiquen esta situación y que se puedan proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad, pero leyes como la agenda corta van en sentido contrario".

Consultado por las vías de solución, dijo que "se requiere que el Estado adopte medidas para cambiar la situación de las cárceles. Porque hay hacinamiento y se violan los derechos de las personas".

En ese contexto, el ministro del máximo tribunal Lamberto Cisternas aseguró que han colaborado para mejorar las condiciones. "Hay varios sistemas establecidos en el código orgánico (de tribunales). El primero tiene que ver con las visitas que se hacen desde la Corte de Apelaciones o los juzgados. Allí se reciben reclamos y se constata el estado de las cárceles. En segundo lugar está la vigilancia a través del recurso de amparo, en que cada vez que la persona sienta afectada su seguridad puede recurrir a él. Entonces, nosotros no somos directos custodios del procedimiento de Gendarmería, pero indirectamente tenemos algo que ver y cada vez que se nos requiere ejercemos nuestras facultades", explicó Cisternas.

Gendarmería declinó referirse al tema.